Consulta presidencial del Pacto Histórico: incertidumbre y dudas a días de su realización
A pocos días de la fecha de la consulta presidencial del Pacto Histórico (prevista para el 26 de octubre) se encuentra en el centro de una tormenta jurídica. Las diferencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría sobre la naturaleza del proceso, han llevado al retiro del precandidato Daniel Quintero.
La ambigüedad sobre si se trata de una consulta partidista o interpartidista podría definir el futuro de la izquierda de cara a las elecciones de 2026.
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Consulta presidencial del Pacto Histórico: una cita marcada por la incertidumbre
La consulta presidencial del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025, atraviesa un escenario confuso. Lo que debía ser una consulta partidista interna se ha transformado en un debate nacional sobre su naturaleza y su validez.
A días del evento, la falta de claridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría sobre la naturaleza del proceso (partidista o interpartidista) ha dejado al movimiento dividido y bajo una nube de incertidumbre.
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Retiro de Daniel Quintero: el punto de quiebre en la consulta presidencial
El precandidato, Daniel Quintero, agitó el tablero al anunciar su retiro de la consulta presidencial del Pacto Histórico. Denunció un “cambio de reglas” por parte del CNE y la Registraduría que, según él, convierte el proceso en una consulta interpartidista, lo que le impediría participar en la consulta del Frente Amplio de marzo de 2026. “Mataron la consulta del Pacto Histórico”, declaró, acusando al establecimiento de intentar fracturar la coalición progresista.
El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato, calificando la actuación del CNE como un “golpe antidemocrático” y reiterando que “la consulta del 26 de octubre sigue viva”.
Los candidatos que siguen: Iván Cepeda y Carolina Corcho exigen garantías
A pesar del retiro de Quintero, los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho confirmaron su participación. Cepeda insistió en que el CNE debe certificar por escrito que la consulta es partidista, para evitar que el ganador quede inhabilitado en marzo. “Le pediremos al CNE que nos certifique esa circunstancia, para que no tengamos sorpresas”, dijo el senador, quien además denunció una “voluntad de obstruir” la participación democrática del Pacto.
Por su parte, Carolina Corcho pidió a la Registraduría corregir los tarjetones y garantizar igualdad de condiciones. Solicitó que los testigos electorales puedan inscribirse en igualdad de términos y que el Estado custodie adecuadamente los 39 millones de tarjetones ya impresos.
CNE y Registraduría: el epicentro de la controversia jurídica
El eje de la controversia está en que el Pacto Histórico no tiene personería jurídica. Aunque funciona como coalición, no está reconocido como partido único por el CNE.
Esa condición ha llevado a que el organismo electoral considere la consulta como interpartidista, lo que, según los abogados de los precandidatos, pondría en riesgo o incluso impediría la participación del ganador en la consulta del Frente Amplio. Mientras el CNE enfrenta acusaciones de obstrucción, su postura oficial es que aplica la ley vigente.
Desafíos logísticos y financieros: el dilema de los tarjetones
La Registraduría Nacional enfrenta ahora un dilema operativo de grandes proporciones. Ya imprimió cerca de 39 millones de tarjetones con el logo del Pacto Histórico, cuando aún estaba vigente una medida cautelar que reconocía su existencia como partido. Tras su revocatoria, reimprimirlos resultaría inviable.
El registrador Hernán Penagos advirtió que “no hay ningún elemento ni orden que permita suspender la consulta. Por ahora, la consulta va tal como está definida”. Reimprimir el material costaría miles de millones adicionales y podría constituir un detrimento patrimonial para el Estado, cuyo gasto total del proceso supera los $123 mil millones.
El riesgo de fracaso
El retiro de Quintero, interpretado por algunos como una jugada estratégica, podría también debilitar la movilización del Pacto Histórico. Podría evitar una derrota anticipada y reservarse para marzo. Sin embargo, su salida podría alimentar el voto estratégico de sectores adversos, que participen para influir en el resultado y al mismo tiempo disminuir la participación general con el efecto de que un pequeño número de votantes quitaría legitimidad tanto al gobierno como a las listas a las corporaciones públicas
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Se estima que una participación inferior a un millón de votos sería vista como un fracaso, mientras que superar los tres millones sería un indicador de fuerza política. Más allá del resultado, el objetivo real parece ser medir la capacidad del Pacto para mantener cohesión y movilización en la antesala de las elecciones de 2026.
