Crisis del arroz en Colombia: arroceros alertan por importaciones, contrabando e inacción del Gobierno
La crisis del arroz en Colombia entró en una fase crítica. Productores de distintas regiones del país, agrupados en organizaciones como Dignidad Agropecuaria, lanzaron una nueva alerta por la caída del precio del arroz paddy, el aumento de las importaciones y el contrabando, y lo que califican como una inacción del Gobierno frente a una situación que amenaza la supervivencia del sector.
En una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, los arroceros advierten que, pese a las movilizaciones de 2025 y a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, no se han aplicado medidas estructurales para ordenar el mercado, controlar la frontera ni garantizar precios que cubran los costos de producción.
El resultado, señalan, es un mercado dominado por la gran molinería, presionado por arroz importado (legal e ilegal) y con miles de productores endeudados, sin certeza de venta de su cosecha y al borde de abandonar la actividad.
crisis del arroz en Colombia: importaciones que presionan los precios
Uno de los ejes centrales de la crisis del arroz en Colombia es el crecimiento de las importaciones, especialmente desde Ecuador y Estados Unidos, que coincide con la salida de las cosechas nacionales. Según los productores, esta simultaneidad hunde los precios internos justo en el momento en que los agricultores necesitan liquidez para cubrir deudas y financiar el siguiente ciclo productivo.
El problema no es menor: Colombia no es un exportador relevante de arroz. En el comercio mundial, el país ocupa posiciones marginales y depende casi por completo del mercado interno para absorber su producción. Esto hace que cualquier aumento de la oferta importada tenga un impacto directo y rápido sobre los precios pagados al productor.
A esto se suma, advierten los arroceros, la falta de una política clara de administración de contingentes y de defensa comercial efectiva, lo que deja al sector expuesto a choques externos que no puede absorber.
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Contrabando sin control y frontera desbordada
Otro factor que agrava la crisis del arroz en Colombia es el contrabando. Dignidad Agropecuaria denuncia que el ingreso de arroz por pasos no habilitados se ha convertido en una práctica recurrente, especialmente en zonas fronterizas, debilitando los controles sanitarios, la trazabilidad y el recaudo tributario.
El arroz que entra de manera irregular, señalan, no solo compite de forma desleal con la producción nacional, sino que distorsiona el mercado al mezclarse con arroz legal, dificultando cualquier intento de regulación de precios o control de inventarios.
Pese a las reiteradas alertas del sector, los productores aseguran que el Estado no ha reforzado de manera suficiente los controles aduaneros ni ha cerrado los corredores por donde fluye el contrabando.
Arroz, fuera del decreto recíproco a Ecuador: el llamado actual del sector
Uno de los reclamos más fuertes del sector arrocero es que el arroz no fue incluido en el decreto de aranceles recíprocos del 30% contra Ecuador, pese a que es uno de los productos más sensibles en el comercio bilateral. El gremio arrocero solicitó expresamente al Gobierno que el cereal hiciera parte de las medidas de retaliación, ante el aumento del ingreso de arroz ecuatoriano y el impacto directo que este tiene sobre los precios internos.
Para los productores, dejar el arroz por fuera del decreto envía una señal contradictoria: mientras el Gobierno reconoce una amenaza a la seguridad nacional y adopta aranceles para proteger otros sectores, mantiene expuesto a uno de los cultivos básicos de la seguridad alimentaria, justo en plena cosecha y en medio de una crisis de precios. La exclusión del arroz, advierten, debilita el efecto de la medida, incentiva el contrabando y refuerza la percepción de que el Estado sigue actuando con tibieza frente a la presión de importaciones.
Altos costos de producción y precios ruinosos
La crisis del arroz en Colombia también está marcada por una brecha creciente entre costos de producción y precios de venta. Cultivar una hectárea de arroz puede costar entre 9 y 10 millones de pesos, debido al encarecimiento de insumos, fertilizantes, energía, riego y crédito.
Sin embargo, los precios que paga la industria molinera (según denuncian los productores) no cubren esos costos. A ello se suman prácticas como plazos de pago prolongados, calificaciones arbitrarias del grano y la negativa a recibir arroz durante la cosecha de mitaca, salvo para cubrir deudas previas.
Los arroceros señalan que estas condiciones han sido impuestas por un duopolio en la molinería, frente al cual el Estado ha optado por una posición pasiva, renunciando a su papel de regulador.
Compromisos incumplidos y desconfianza en el diálogo
En su carta, Dignidad Agropecuaria recuerda que tras las movilizaciones de 2025 el Gobierno adquirió compromisos concretos para enfrentar la crisis. Incluso, en octubre de ese año se expidió un decreto presidencial que, según el sector, contenía herramientas legales para aliviar la situación.
No obstante, los productores denuncian que esos compromisos no se han cumplido y que el Ministerio de Agricultura ha impulsado nuevos espacios de diálogo sin partir del cumplimiento de lo ya acordado. Para el gremio, esto equivale a “negociar de nuevo” sobre la base de precios ruinosos, excluyendo a representantes legítimos del sector, como miembros del Consejo Nacional del Arroz.
Esta situación ha erosionado la confianza de los productores en las mesas de concertación y ha aumentado el riesgo de nuevas movilizaciones.Le puede interesar:
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Deudas, abandono del campo y riesgo para la seguridad alimentaria
Las consecuencias de la crisis del arroz en Colombia ya son visibles. Muchos productores enfrentan deudas que amenazan su patrimonio, dificultades para acceder a crédito y la imposibilidad de vender toda su cosecha. En regiones como Tolima, Huila, Meta y Casanare, el arroz sigue siendo una de las principales fuentes de empleo rural.
Dignidad Agropecuaria advierte que, si no hay cambios de fondo, la reducción del área sembrada será inevitable, comprometiendo la producción nacional de uno de los cereales básicos de la dieta colombiana.
“El Estado no puede seguir viendo este evento desde la tribuna”, señala el documento. Para los arroceros, la defensa del mercado interno, el control efectivo de importaciones y contrabando, y una regulación real de la cadena son condiciones mínimas para evitar que la crisis se convierta en un colapso estructural del sector.
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