Conocí al Profesor Ricardo Bonilla por una amiga en común hace cerca de una década, en un encuentro casual en la cooperativa de profesores. Realizaba mi investigación doctoral, en la que debía calcular el impacto de la reducción de las tarifas de Transmilenio que se efectuó en la administración de Petro alcalde en 2012.

Precisamente en aquella época, este era un asunto que tenía al Profesor Bonilla y a otra de nuestras colegas en serios problemas con la Contraloría y la Procuraduría. Se trataba de una denuncia por un presunto detrimento patrimonial para la ciudad cercano a los 250 mil millones de pesos. Por ello, frente a tamaño lío, consideré pertinente ofrecer algunos de los resultados de mi investigación como argumentos que pudieran servir en defensa de los profesores.

La afabilidad y sencillez del profesor, siendo la reciente autoridad en temas de hacienda del Distrito, contrastó en su momento con mis consideraciones acerca del momento en que se pasaba de ser un académico respetable a asumir un cargo y tomar decisiones con exiguo sustento técnico, que podían dejar a una persona en situaciones tan difíciles como investigaciones disciplinarias, sueldos embargados, citaciones a rendir declaraciones en procuradurías, contralorías, versiones libres y las palabras más inquietantes: imputaciones de cargos.

Mis reflexiones continúan con respecto a los profesores que fueron secretarios de despacho en su momento de esa alcaldía, y de otros tantos que asumen funciones de gobierno en el nivel local o nacional.

Me motiva, por un lado, la empatía propia de colegas (admiro a quienes tienen el valor de dejar su vida tranquila en la Universidad y corren el riesgo de asumir un cargo público) y, por otro, el tratar de entender los límites hasta los que se debe seguir un proyecto político, corriendo el riesgo de tomar decisiones que terminan por infringirle a uno mismo un perjuicio de gran calado.

Pienso que, a pesar de ser académicos experimentados, y dadas las complejidades de los cargos públicos, no siempre se pueden tomar las precauciones necesarias para evitar ser víctima de las veleidades de un político que quiere materializar un capricho y, como consecuencia, quien termina pagando los platos rotos no es el líder “iluminado” sino quien estampa su firma en las resoluciones y decretos.

Fueron cerca de 8 años para que estos profesores resolvieran sus líos por las tarifas de Transmilenio y debo mencionar que un par de funcionarios de esa misma alcaldía enfermaron y fallecieron sin terminar de resolver los problemas que les dejó su gestión como secretarios en otros temas.

Las recientes noticias de los nuevos líos del profesor Ricardo Bonilla y la situación de otros ministros de despacho, una vez más con el mismo jefe de marras, nuevamente me llevan a pensar acerca de las responsabilidades que tenemos como miembros del Estado cuando ejercemos funciones públicas y las consecuencias que pueden desencadenarse luego de una espiral de malas decisiones.

Para quienes no lo saben y ya con algo de experiencia en estas lides, creo conveniente contarles algunas cosas que van aprendiéndose en el camino profesional de los ingenieros y otras tantas profesiones apetecidas para ser tentados con los cargos del poder público.

Las equivocaciones administrativas por acción o por omisión que deben ser investigadas tienen un tiempo de prescripción de 5 años, luego de haberse cometido. Sin embargo, para las faltas graves esto no prescribe antes de los 12 años.

Estas faltas disciplinarias que involucran a la función pública las investigan las procuradurías y deben contar con un fallo disciplinario o una absolución dentro del tiempo estipulado en el CPACA. De otra manera, prescribe el proceso y el funcionario, si no queda libre de culpa, al menos queda libre de ser de alguna manera “sancionado”, gracias al vencimiento de los términos.

La sanción normalmente incluye un tiempo de inhabilidad para ejercer cargos públicos, que va desde los meses hasta los años. Es decir, queda uno suspendido hasta de su labor como profesor de universidad pública.

Si se presume que el funcionario vulneró el patrimonio público también debe ser investigado por las contralorías, con la particularidad de que debe responder con su propio patrimonio para resarcir la pérdida de dinero público por su acción u omisión.

Además de acumular la indemnización que debe pagar al Estado de su propio pecunio, seguramente tendrá suspensión para ejercer funciones públicas, como resultado del proceso disciplinario. Normalmente, si hay faltas fiscales, las hay también disciplinarias.

Por otra parte, las equivocaciones que llevan a cometer ya no faltas sino delitos, solo se pagan con la cárcel y no prescriben sino hasta pasados los 20 años. Este es el caso del Profesor Bonilla.

En este momento, él está privado de la libertad por presuntamente haber faltado a la moral de funcionario público, no por un problema administrativo o fiscal como el que tuvo en su momento como secretario de Hacienda, sino por haber cometido infracciones penales.

Estas son palabras mayores para uno como persona: significan consecuencias como medidas de aseguramiento, privación de la libertad, gastos enormes de abogados y el correspondiente menoscabo de la honra, pasando directo y sin ningún miramiento al lugar de un delincuente para la opinión pública.

Para quienes hemos tenido la poca fortuna de estar sentados en despachos de procuradurías y contralorías en el rol de testigos, involucrados, investigados o en otras condiciones más amables como expertos técnicos, peritos o cualquier otro papel, sabemos el enorme estrés emocional que significa enfrentarse a un procurador, contralor o fiscal.

No importa en cuál rol se esté en las oficinas de las “ías”; uno se siente intimidado, escrutado y algunas veces muy maltratado, dado que en este país poco se aplica aquello de la presunción de inocencia.

Adicionalmente, los costos de la asesoría legal cuando se es el investigado son otro asunto trascendente. Algunas veces, en altos cargos del Estado existen las pólizas de riesgos disciplinarios y fiscales que cubren los honorarios legales para que los funcionarios puedan ser defendidos por los abogados y son las aseguradoras quienes realizan los desembolsos en el curso del proceso para cubrir estas costas hasta ciertos topes. Si no existe tal póliza, el funcionario debe pagar sus abogados por cuenta propia.

Sin embargo, es importante decir que para el caso de las investigaciones penales, dado que son responsabilidades estrictamente individuales, estas pólizas únicamente desembolsan el pago a los litigantes contra un fallo favorable. Es decir, las aseguradoras de las entidades públicas solamente cubren la tarifa de servicios del abogado si se comprueba que el acusado es inocente y de manera “ex post” cuando finaliza el proceso.

Así las cosas, así usted cuente con la póliza debe pagar el abogado con sus propios recursos durante el proceso y, como se sabe, los penalistas de renombre son de todo menos baratos. Un proceso de defensa penal suele rondar los cientos de millones de pesos.

Haciendo todas estas consideraciones y desde luego nuevamente desde la empatía, no alcanzo a imaginar las angustias y penurias del profesor Bonilla y las dificultades para él y su familia, habida cuenta de esta situación.

Siendo una persona mayor que además tiene quebrantos de salud, me cuesta entender que se considere acertado ocupar cargos, firmar acuerdos, resoluciones y decretos sin suficiente sustento, información, conocimiento o en el peor de los casos a sabiendas que se están infringiendo normas, únicamente con el propósito de acceder a los caprichos de un gobernante.

No puedo evitar reconocer el paralelismo con las acciones de quienes  siguieron las “orientaciones” de un exrector que tenía prisa por empijamarse en el penúltimo Consejo Superior Universitario de la UNAL (transmitido en vivo), siendo invitados a seguir adelante con acciones que podrían traer consigo la comisión de varias faltas.

Los miembros de la comunidad Universitaria observamos cómo, a pesar del nerviosismo y las dudas manifiestas de los integrantes del cuerpo colegiado, se siguió adelante con las decisiones depositando los destinos de quienes firman como responsables, a partir de “dudosas” apreciaciones y “orientaciones” de juristas, otorgando un lugar especial a las opiniones de un “columnista respetable” que a la vez es profesor de la Universidad.

Todo esto pasando por alto que, cuando se concreten las quejas disciplinarias, las denuncias penales y otras acciones judiciales, no serán los “inspiradores” de los posibles yerros los que van a responder en los procesos, ni serán ellos quienes probablemente tarden años visitando despachos en calidad de investigados por cuenta de su actuar.

Está claro que no serán los presidentes con fuero, los exrectores con edades avanzadas, ni los “opinadores” que proveen las ideas, quienes en tal caso visitarán en el calabozo al funcionario público y a los inexpertos ciudadanos, quienes ejerciendo funciones públicas lo arriesgaron todo por la “causa”.

Bastó ver en esa sesión la nula solidaridad con las intervenciones, la calculada medición en las palabras y el salvamento de opiniones de quienes fungen como los garantes de la norma en las sesiones del consejo superior de la Universidad, para percatarse del miedo de quienes sí conocen las posibles consecuencias de lo decidido allí.

Los demoledores daños colaterales los pagan quienes actúan y firman, sus familias y sus hijos.

Si yo estuviera en el lugar de quienes presuntamente se están prestando para burlar la ley en el CSU de la UNAL, viendo el terrible ejemplo de la situación del profesor Ricardo Bonilla, sus condiciones actuales de salud física y emocional, y el panorama que le espera, estaría más que preocupado.

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