Gobierno expidió los decretos de conmoción interior

El Gobierno emitió los decretos que sustentan las medidas para atender el estado de conmoción interior con el fin de conjurar la grave perturbación del orden público derivada de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, y que hasta el momento deja cerca de 52.000 desplazados.
La región se caracteriza por su atraso económico y social, el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado, pues en 2024 se registraron 5.422 desplazados forzadamente.
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Medidas de los decretos por conmoción interior para proteger el agro
Bajo el Decreto 106, se implementan destinadas a asegurar la producción de alimentos y los medios de subsistencia acciones en el sector agropecuario, con apoyo financiero, créditos y alivios de deudas. Este decreto establece estrategias que buscan reducir el impacto del desplazamiento y la desconexión de los medios de vida ocasionados por el conflicto armado. También facilita el retorno, la estabilidad y la generación de ingresos para campesinos, pequeños y medianos productores, así como sus organizaciones.
Por su parte, el Decreto 107 define medidas orientadas a proteger zonas agrícolas, cadenas de suministro y sistemas agroalimentarios, al tiempo que busca garantizar el derecho a la alimentación. Estas acciones incluyen la recuperación de actividades agropecuarias, la estabilización de áreas agrícolas y ganaderas, y la restauración de sistemas de riego y cadenas productivas afectadas por la situación de orden público.
El Decreto 108 se centra en abordar los impactos relacionados con la propiedad, tenencia y uso de tierras, con el objetivo de proteger los bienes y derechos de los campesinos, pequeños y medianos productores, así como de personas desplazadas y víctimas de violencia.
Este Decreto en el marco de la conmoción interior causó polémica por su posible impacto en los propietarios de tierras, pues se habilita la expropiación administrativa bajo criterios establecidos en la Ley de Riesgo (1523 de 2012).
Para la congresista Katherine Miranda “Quieren volver a meter la expropiación express, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada”. Sin embargo, la Ministra Carvajalino el decreto no tiene nada de nuevo, más que garantizar la entrega de tierras para población desplazada por la violencia y reincorporados.

Otras medidas
En el ámbito ambiental, el Decreto 116 introduce medidas para promover el desarrollo sostenible en medio de la declaratoria de conmoción interior. Estas incluyen la suspensión de trámites de licencias, permisos o autorizaciones para nuevos proyectos en los municipios afectados, como una medida preventiva frente a posibles impactos negativos en el territorio.
En el sector turístico, el Decreto 117 plantea transitorias para mitigar los efectos de la crisis en el Catatumbo. Esto contempla subsidios y apoyos a prestadores de servicios turísticos, la recuperación de áreas afectadas y la reparación de infraestructura vinculada a esta actividad.
El Decreto 118 regula el control operacional de la Fuerza Pública durante el estado de conmoción interior. Se designa un comandante militar para coordinar, bajo las instrucciones del Presidente, las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la región.
Con respecto a la protección laboral, el Decreto 119 dispone que las empresas privadas habiliten el trabajo remoto para aquellos empleados cuyas funciones lo permitan, excepto a quienes desempeñen actividades esenciales como seguridad, abastecimiento y servicios básicos.
En cuanto al transporte, el Decreto 120 establece medidas para garantizar la prestación de servicios públicos terrestres en los municipios del Catatumbo, autorizando a las empresas habilitadas a operar en la zona para asegurar la conectividad.
Finalmente, el Decreto 121 introduce medidas urgentes para garantizar el acceso al agua potable, el saneamiento básico y la vivienda, con el fin de atender a las personas afectadas por la crisis en la región y mejorar sus condiciones de vida de manera inmediata.

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Producción del Catatumbo en riesgo
En términos productivos, en 2023 aportó significativamente a la producción agrícola nacional: 33,6% del pepino, 23,4% de la cebolla de bulbo, 10,7% del pimentón, 6,4% del tomate y frijol, y 5,6% de la palma de aceite. Además, cuenta con un inventario ganadero de 139.721 cabezas y una producción mensual de cerca de 4,9 millones de litros de leche.
En cuanto a la concentración de tierras, el índice de Gini en la región es de 0,61, ligeramente menor al promedio departamental de 0,75, pero con municipios como Cúcuta (0,79) y El Zulia (0,76) que tienen mayor inequidad. A esto se suma una informalidad promedio en la tenencia de tierras del 60%, superior al 52,7% nacional, con municipios como San Calixto (86,85%) y Teorama (78,61%) destacándose negativamente.
En términos financieros, el índice de cartera vencida para pequeños productores agropecuarios en la región es del 10,47%, con un saldo de 18.883 millones de pesos, mientras que los medianos productores registran un 8,86%. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, se otorgaron 252.911 millones de pesos en créditos agropecuarios, beneficiando a más de 5.000 personas, principalmente víctimas del conflicto armado.

El sector agrícola del Catatumbo muestra una alta dependencia de cultivos como café (25%), cacao (11%) y plátano (9,3%). No obstante, el arroz destaca con un alto nivel de morosidad en la cartera (39,52% del total). En general, los pequeños productores concentran el 78% de la cartera vencida, con un índice de 19,8%, lo que refleja la fragilidad financiera del sector.
Finalmente, a diciembre de 2024, la cartera de fomento agropecuario en la región asciende a 238.675 millones de pesos, distribuidos en 21.995 obligaciones, mayoritariamente relacionadas con pequeños productores (17.273) y microfinanzas (3.292). Esto subraya la importancia de reforzar la sostenibilidad económica en el Catatumbo para mitigar riesgos y garantizar la estabilidad productiva.