Crece la preocupación por déficit de gas, pero el Gobierno defiende su política energética en Colombia

Los expertos del sector energético advierten que la política energética en Colombia enfrenta un déficit de gas que crecerá en los próximos años, con riesgos para el abastecimiento y la competitividad. Al mismo tiempo, el ministro Edwin Palma defiende que el Gobierno está cumpliendo el mandato ciudadano de transformar la matriz energética y que los problemas actuales obedecen a fallas heredadas. 

En medio de este choque de visiones, un dato clave marca el debate: Colombia deberá importar más gas para atender la demanda esencial, pese a que tiene proyectos offshore detenidos y una producción interna que no logra revertir la tendencia a la baja.

El debate sobre la política energética en Colombia

El contraste entre los análisis técnicos del sector y el discurso del Ministerio de Minas y Energía ha hecho más visible la tensión que rodea la política energética en Colombia. Para académicos como Amylkar D. Acosta, exministro y experto en temas de hidrocarburos, el país atraviesa una coyuntura crítica que exige decisiones rápidas y coordinación institucional. Su postura es clara: el déficit de gas es real, está documentado y requiere medidas urgentes para evitar racionamientos en la segunda mitad de la década.

Acosta señala que el país pasó de un negacionismo inicial sobre la escasez a una aceptación tardía de que será necesario importar gas en mayor volumen. El exministro recuerda que los diagnósticos del Gestor del Mercado llevan años mostrando una tendencia preocupante: mientras la demanda crece, la oferta interna cae y los proyectos que debían entrar en operación enfrentan retrasos técnicos, sociales y ambientales.

Para 2028, las proyecciones oficiales indican un déficit de 260 millones de pies cúbicos diarios, equivalente al 43% de la demanda nacional. Según Acosta, este panorama obliga a acelerar proyectos como la planta de regasificación de TGI en Chuchupa, que podría aportar 260 Mmpcd desde 2027 y convertirse en el principal “salvavidas” del sistema.

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Las cifras que explican la preocupación: déficit de gas, retrasos y mayor dependencia de importaciones

Las cifras más recientes del Gestor del Mercado del Gas confirman que el país atraviesa una fase de estrechez que se profundiza. Los datos muestran que el déficit de gas, que para inicios de 2024 estaba en 17%, aumentó a 18,4% hacia el cierre del año, según el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia. 

La causa principal es que Colombia no está produciendo el volumen necesario para abastecer el mercado interno, lo que ha forzado un uso creciente de gas importado para atender incluso el segmento esencial.

Proyecciones oficiales

• 2025: déficit estimado del 20%
  
• 2028: déficit proyectado de 260 Mmpcd (43% de la demanda)
  
• 2030: déficit podría llegar al 50% si no entran nuevas fuentes de oferta

Estas cifras dan fundamento a la preocupación expresada por expertos y gremios, quienes insisten en que la oferta interna no se está reponiendo y que los proyectos offshore, que debían diversificar la matriz, permanecen detenidos.

Impacto en las tarifas

La creciente dependencia de importaciones también ha tenido efectos en el bolsillo de los hogares. Con el nuevo escenario de compras externas, el precio del gas subió hasta 36% en los estratos residenciales. Esta variación llevó al Gobierno a abrir investigaciones sobre las empresas comercializadoras que adquirieron gas importado, bajo el argumento de que, según el Ministerio de Minas, el país tenía suficiente oferta interna.

Sin embargo, la discusión escaló cuando la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó pesquisas que llegaron incluso hasta Naturgás, el gremio del sector. A la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, le fueron retenidos su teléfono y su computador personal en medio de la investigación. Murgas ha sido una de las voces más consistentes en advertir sobre las causas del déficit y en criticar las señales regulatorias que han afectado la oferta.

Dependencia creciente de importaciones

La planta de regasificación de Cartagena (SPEC) ya se utiliza no solo para respaldar el sistema térmico en periodos de alta demanda, sino también para abastecer consumo esencial desde diciembre de 2024. Para los expertos, este es un síntoma de que la política energética en Colombia atraviesa un momento decisivo: mientras el Gobierno insiste en acelerar la transición, la oferta de gas, un combustible clave para la estabilidad del sistema, sigue comprometida.

Proyectos detenidos o retrasados

A pesar de que el Ministerio de Minas radicó normativas para viabilizar el gas offshore, varias licencias ambientales necesarias no avanzaron. Como resultado, los proyectos costa afuera, llamados a ser la gran apuesta de mediano plazo, no han entrado en fase comercial ni han aportado volumen a la oferta interna.

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Lo que dice el ministro Edwin Palma sobre la política energética en Colombia

Frente a estas advertencias, el ministro de Minas, Edwin Palma, sostiene una visión distinta. En sus intervenciones públicas y recientes mensajes en redes sociales, defiende que la política energética en Colombia del gobierno de Gustavo Petro. responde a un mandato democrático de transformación estructural. Para Palma, la energía es un derecho humano y no debe ser tratada como una mercancía sujeta solo a decisiones tecnocráticas o a intereses privados.

Señala que el Gobierno ha avanzado en democratización energética y energías limpias, elevando la participación de estas últimas del 2% al 14% en tres años. Asegura que el Decreto 1467 de 2024 abrió la puerta a la viabilidad comercial del gas offshore y que el país “sí tiene suficiente gas”, aunque reconoce estrechez en la oferta.

Para Palma, las críticas de expertos y gremios responden a intereses políticos, desinformación y una defensa de modelos anteriores. Sostiene que el Gobierno enfocará sus esfuerzos en acelerar proyectos de gas (domésticos e importados) y en contener la especulación en precios.

El contraste entre el análisis técnico de Acosta y la postura política del ministro Palma deja claro que la política energética en Colombia atraviesa un momento de definiciones. Mientras el Gobierno insiste en su mandato de transición y democratización, las cifras muestran un déficit creciente que ya obliga a depender de importaciones y a pensar en nuevas regasificadoras.

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