Es un diagnóstico de contrastes, pues Colombia dispone de más de 42 millones de hectáreas aptas para actividades agropecuarias, mientras que el país cuenta con un potencial cercano a los 15 millones de hectáreas aptas para la agricultura, efectivamente solo se siembran alrededor de 6 millones de hectáreas, reflejando una clara subutilización de la tierra productiva, el área con vocación exclusivamente ganadera se estima en unos 8 millones de hectáreas. Sin embargo, la actividad ganadera real y las áreas de pastoreo se extienden sobre más de 38 millones de hectáreas, lo que genera un severo conflicto de sobreutilización y degradación del suelo. (UPRA, 2022).

A un lado del espectro, grandes empresas agroindustriales han logrado altos niveles de tecnificación y competitividad en cultivos como palma, café y banano, orientados en buena medida a los mercados internacionales. Al otro lado, unos 2,8 millones de pequeños campesinos trabajan predios de menos de 5 hectáreas, con escaso acceso a crédito, infraestructura y tecnología (DANE, 2023). 

La paradoja es aún más evidente al observar quién produce los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos. Se estima que alrededor del 70% de los alimentos consumidos en el país provienen de la agricultura familiar campesina, pero este segmento recibe apenas el 15% de los recursos públicos destinados al sector (FAO, 2021).

En este contexto, el nuevo ministro deberá actuar sobre tres frentes estratégicos: la seguridad alimentaria en un entorno climático cada vez más incierto; la competitividad exportadora con criterios de sostenibilidad; y el desarrollo rural integral entendido como cierre de brechas estructurales en lo concerniente a bienes y servicios públicos.

El primer gran desafío consiste en garantizar una oferta estable y suficiente de alimentos básicos para una población cercana a los 52 millones de habitantes, en medio del aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos como El Niño y La Niña. Solo en los últimos cuatro años, estos eventos climáticos extremos han provocado pérdidas superiores a los 3 billones de pesos en el sector agropecuario (IDEAM, 2024). 

La vulnerabilidad frente al clima no es un problema abstracto, ya que afecta directamente la disponibilidad de arroz, maíz, fríjol, yuca, hortalizas y otros productos clave de la canasta básica. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2023), Colombia podría perder hasta un 30% de su capacidad productiva agrícola hacia 2050 si no se adoptan medidas de adaptación urgentes. 

En este escenario, el gobierno tendrá que impulsar un giro decidido hacia la gestión integral del riesgo climático. Esto implica fortalecer y ampliar los sistemas de riego tecnificado en las zonas con mayor exposición a sequías o variabilidad de lluvias; consolidar bancos de semillas nativas y mejoradas, adaptadas a condiciones extremas; y masificar esquemas de seguros agropecuarios subsidiados que protejan, a los productores de pérdidas catastróficas.

La seguridad alimentaria también pasa por diversificar las fuentes de producción, generar circuitos de comercialización y acercar al productor con el consumidor en prácticas alimentarias más sostenibles. 

El segundo desafío se relaciona con la inserción de Colombia en los mercados internacionales. Con tratados de libre comercio vigentes con más de 50 países, el potencial para expandir exportaciones agropecuarias es significativo. Sin embargo, las barreras estructurales persisten: deficiente infraestructura vial y logística, altos costos de producción, baja adopción tecnológica y dificultades para cumplir estándares sanitarios y ambientales cada vez más exigentes (DNP, 2025). 

Frente a ello, el ejecutivo en varias de sus carteras deberá asumir un rol articulador entre productores, gremios, entidades territoriales y sector privado. Una apuesta clave será el desarrollo de clústeres regionales especializados, aprovechando las ventajas comparativas de cada territorio: aguacate Hass en Antioquia y Eje Cafetero, cacao fino de aroma en Santander y Arauca, frutas exóticas en el Pacífico y la Orinoquia, entre otros. Estos clústeres pueden mejorar la eficiencia productiva, facilitar la transferencia tecnológica y reducir costos a través de economías de escala. 

Al mismo tiempo, el acceso a mercados de alto valor dependerá de la capacidad del país para cumplir con certificaciones orgánicas, de comercio justo y de sostenibilidad ambiental. La institucionalidad agropecuaria tendrá que simplificar y abaratar los procesos de certificación, acompañando a los agricultores, en particular a los de pequeña y mediana escala, en el tránsito hacia prácticas más sostenibles. 

La infraestructura sigue siendo un cuello de botella crítico y aquí el mejoramiento de vías terciarias mediante alianzas público-privadas y esquemas de obras por impuestos puede reducir de manera sensible los costos de transporte. De acuerdo con el Banco Mundial (2024), Colombia podría triplicar sus exportaciones agrícolas no tradicionales si lograra disminuir los costos logísticos en un 25 %. La creación de zonas francas agropecuarias en puertos estratégicos, con servicios integrados de almacenamiento, procesamiento y certificación, sería un paso adicional para hacer más competitivo al sector. 

El tercer gran desafío se ubica en el corazón de la deuda histórica del país con el campo y lograr vencer a la inequidad. La desigualdad rural no se reduce solo a la distribución de la tierra o a los ingresos; incluye el acceso a educación, salud, tecnología, infraestructura y participación política. 

Hay que organizar debidamente el funcionamiento del SNIA (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria), para que cumpla su función en cada uno de sus subsistemas: de investigación y desarrollo tecnológico, de formación y capacitación para la innovación y de la Extensión Agropecuaria.  Esto a través del fortalecimiento de instituciones como Agrosavia y los Centros de investigación gremiales, el SENA con sus centros de formación urbanos y rurales y la conformación de las EPSEA ( Entidades Prestadoras del Servicio de  Extensión Agropecuaria) ya que apenas uno de cada diez (10%) de los productores recibe asistencia técnica regular; la mayoría vende su producción a intermediarios que capturan entre el 40 % y el 60 % del precio final, y la conectividad digital en muchas veredas sigue siendo deficiente, lo que limita el acceso a información de mercados y a innovación (Oxfam, 2023). 

Cerrar estas brechas exige políticas diferenciadas y sostenidas en el tiempo. Una de las tareas prioritarias del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural será universalizar la asistencia técnica rural, no como un servicio eventual, sino como un derecho. Para ello, se requiere estructurar redes de extensionismo rural público y comunitario, articuladas con universidades, gremios, centros de investigación y organizaciones rurales. 

Asimismo, la transformación digital del campo puede ser una herramienta poderosa de inclusión. El desarrollo de plataformas de comercialización directa entre productores y consumidores, fortalecidas por sistemas de información de precios en tiempo real, puede reducir la dependencia de los intermediarios y mejorar los ingresos de los agricultores. Sin embargo, estas soluciones tecnológicas deberán estar acompañadas de inversiones en conectividad y alfabetización digital rural. 

El acceso al crédito y a la maquinaria también será decisivo. Es necesario avanzar en esquemas de financiamiento adecuados a la realidad rural de los productores, con tasas preferenciales, períodos de gracia y menores requisitos de garantía. La promoción de cooperativas y asociaciones para la compra y uso compartido de maquinaria e insumos puede reducir costos y aumentar la capacidad de negociación frente a proveedores y compradores, así como la conformación y fortalecimiento de alianzas regionales de los pequeños agricultores asociados con las agroindustrias que garanticen el acceso a los mercados.

De cara al periodo 2026-2030, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no podrá limitarse a gestionar programas sectoriales aislados. Su papel será conducir una verdadera transición rural que integre lo productivo, lo social y lo ambiental.  Ello implica, por un lado, fortalecer la agricultura familiar y campesina como pilar de la seguridad alimentaria y de la cohesión territorial; por otro, potenciar los segmentos agroempresariales con vocación exportadora bajo parámetros claros de sostenibilidad económica, social y ambiental; y de manera transversal, avanzar en la reducción de las brechas históricas que han condenado al campo a la marginalidad. 

El éxito de esta agenda dependerá de la capacidad de articular políticas de Estado más allá de los ciclos de gobierno, de coordinar con otros ministerios claves, como Ambiente, Transporte, Comercio y Educación y de construir con las comunidades rurales, no para ellas. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad de convertir al campo colombiano en motor de desarrollo, garante de seguridad alimentaria y referente de sostenibilidad en América Latina.

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