Como analista, se debe evitar comparar tipos de violencia y violaciones a los derechos humanos (DDHH) en términos de daño sufrido. La principal razón para no hacerlo es precisamente esa: no provocar más daño del que ya se ha vivido. 

Sin embargo, hay algo en la desaparición forzada que genera una desazón especial y es la incertidumbre. Uno no sabe si su familiar está vivo o muerto. Las personas que quedan nunca tienen certeza de lo que encontrarán. La búsqueda se convierte en su vida.

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Por eso, resulta especialmente cruel la forma en que María Fernanda Cabal se refirió a la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y al trabajo que realizan en el marco de la justicia transicional. 

En torno a las personas desaparecidas se han tejido redes y lazos de dolor, y muchas familias conservan la esperanza de al menos saber qué pasó. No es tan sencillo buscar. No se trata solo de preguntar y ya. La verdad de lo que ocurrió con ellos a veces reposa en personas que ya murieron, o en casos tan graves como los del Palacio de Justicia, y ha formado parte de un reprochable pacto de silencio.

Encontrar a una sola persona desaparecida puede llevar más de treinta años. Esto se toma en cuenta suponiendo que los países acuerden repudiar la práctica y detener la violencia asociada. En Colombia, la Unidad de Búsqueda estima alrededor de 103.000 personas, cotejadas y recopiladas de diversas fuentes, tres veces más que los desaparecidos de la dictadura argentina. 

A nivel mundial, encontrar a un solo desaparecido puede llevar treinta años. Nuestras cifras son aberrantes y, además, seguimos produciendo víctimas. 400 mil millones son pocos para la dimensión de esta barbarie. 

De ninguna manera, una sociedad que aspira a la paz puede permitirse dejar de buscar.

Aun así, hay avances. Por ejemplo, hoy en día existe una base de datos donde se encuentran las muestras biológicas de casi el 25% del universo de solicitudes de búsqueda. En otras palabras, a medida que se encuentren restos, se pueden comparar con el ADN para verificar la identidad. 

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Además, se han encontrado 929 cuerpos después de muchas declaraciones, investigaciones, cotejo de información, entrevistas, solicitud de exhumaciones, entre otras actividades que deben llevarse a cabo. Además, estos casi mil cuerpos representan el mejor resultado alcanzado. Antes, la Fiscalía reportaba cifras mucho menores en el mismo período.

Pero no solo se busca para saber qué ocurrió. Eso es una parte fundamental de la verdad, pero no es suficiente. 

Encontrar a las personas desaparecidas también significa brindar la oportunidad de una entrega que repare y cierre las heridas que generan nuevas victimizaciones. Contribuye a cerrar el ciclo de múltiples violencias organizadas, pero, sobre todo, de aquel que duele enormemente: el daño causado por aquellos que se supone deberían cuidarnos.

No es cierto lo que dice la senadora Cabal sobre el sesgo político en la búsqueda, ni siquiera en la construcción de la verdad histórica. La evidencia la desmiente. 

En el caso de la operación Berlín, haber encontrado los cuerpos de los niños y jóvenes asesinados y enterrados como NN en el cementerio de Bucaramanga contó simultáneamente la historia de su desaparición y su reclutamiento. Narró la historia del ejército que los ejecutó y ocultó, y la de las FARC que los reclutó y utilizó como carne de cañón. Pero, sobre todo, permitió que las familias al menos salieran de la incertidumbre.

Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Colombia todavía está lejos de lograr muchas metas, incluida la más básica: detener la violencia. Pero al menos ha comenzado un camino para poner fin al mecanismo de terror que ha sido esta forma de violencia, la cual nunca debe repetirse. 

Por ahora, a pesar de la oposición malintencionada y bastante torpe de la senadora Cabal, es necesario seguir insistiendo en encontrar a todos.

Decir no es hacer