Desigualdad económica, rezago productivo y transición energética: ¿puede Colombia ser competitiva?
La desigualdad económica y el rezago productivo ponen en duda la competitividad de Colombia: ¿el modelo actual realmente impulsa el desarrollo o profundiza las brechas sociales?
El Informe Nacional de Competitividad 2024-2025, presentado por el Consejo Privado de Competitividad, busca orientar las políticas públicas y privadas hacia el fortalecimiento de la economía colombiana, pero más allá de los diagnósticos sobre productividad, innovación y sostenibilidad, se debe buscar un modelo económico que reduzca la desigualdad económica como eje estructural del problema
Rezagos en productividad
En el informe se plantea que Colombia enfrenta rezagos históricos en productividad laboral, innovación y educación. Según el documento, el país necesita mejorar su infraestructura digital, promover la transición energética y diversificar su economía. Entre las recomendaciones centrales se destacan:
- Impulsar la inversión privada y extranjera en sectores estratégicos.
- Fortalecer las políticas de innovación y ciencia.
- Mejorar la calidad de la educación superior y técnica.
- Adoptar medidas de sostenibilidad ambiental alineadas con estándares internacionales.
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Estas propuestas buscan que Colombia se inserte de manera más competitiva en el mercado global, pero el informe mantiene un sesgo hacia la lógica del libre comercio y la apertura indiscriminada, sin cuestionar los impactos negativos que este modelo ha tenido en la industria nacional, el agro y el empleo.
El modelo de competitividad
La competitividad no debería reducirse a la capacidad de atraer inversión extranjera o escalar en rankings internacionales. La experiencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) muestra que Colombia ha perdido terreno en sectores clave como la industria manufacturera, mientras crece la dependencia de importaciones en alimentos y bienes de consumo.
El informe propone aumentar la integración de Colombia en cadenas globales de valor, pero no analiza de fondo cómo estas cadenas han reforzado la desindustrialización y la pérdida de soberanía productiva. En lugar de fortalecer el mercado interno y el tejido empresarial local, se sigue priorizando la lógica de insertarse en un mercado global altamente desigual.
La desigualdad económica como obstáculo estructural para la competitividad
Educación y trabajo
Según el documento, el país debe avanzar hacia la flexibilización del sistema educativo, alineando currículos a las demandas del sistema productivo; formación técnica y dual, que articule la educación con el mercado laboral; Integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, realidad virtual y plataformas digitales en los procesos de aprendizaje; y un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, para responder a la rápida obsolescencia de las habilidades laborales.
Desde la visión del Consejo Privado de Competitividad, la educación es esencialmente un insumo para “generar capital humano”, pero este enfoque instrumental reduce la educación a la lógica de la productividad y omite su función como derecho fundamental y herramienta de transformación social.
La preocupación central es que las reformas educativas propuestas refuercen un modelo de “mercado laboral flexible”, donde se promueve la “adaptabilidad” de los trabajadores, pero se debilitan los derechos laborales y la estabilidad en el empleo. El énfasis en la capacitación para las nuevas economías no viene acompañado de políticas para garantizar trabajo digno, pensiones justas o reducción de la informalidad, que sigue afectando a más del 55% de la población ocupada (DANE, 2025).
Sostenibilidad ambiental
El INC 2024-2025 dedica un capítulo a la “transición energética y el crecimiento verde”, destacando que Colombia debe diversificar la matriz energética con mayor inversión en renovables, impulsar la bioeconomía, la agricultura sostenible y la innovación ambiental, atraer inversión extranjera en proyectos verdes y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
- Conflictos socioambientales: Colombia es uno de los países con más conflictos relacionados con megaproyectos minero-energéticos. Sin una política clara de consulta previa y respeto a las comunidades, la transición energética puede reproducir la exclusión histórica de poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
- Dependencia de inversión extranjera: Se promueve la llegada de capital internacional para proyectos verdes, sin asegurar que los beneficios queden en el país, ni que se fortalezcan capacidades locales de innovación.
- Desigualdad en la transición: El informe plantea la sostenibilidad como un objetivo nacional, pero no aborda cómo garantizar una “transición justa” para los trabajadores de sectores tradicionales como el carbón y el petróleo. Sin una política laboral y de reconversión productiva, la transición puede significar más desempleo y precarización.
- Reducción de la sostenibilidad a rentabilidad: La lógica del “crecimiento verde” puede terminar priorizando negocios para unos pocos, en lugar de impulsar cambios estructurales hacia la soberanía energética, alimentaria y ambiental.
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Desigualdad y pobreza
El informe incluye por primera vez un capítulo sobre “protección social”, integrando salud, pensiones, sistema de cuidados y estrategias de superación de pobreza. Allí se señala que Colombia debe avanzar hacia una cobertura universal en salud, pensiones y cuidados, un sistema de protección social financieramente sostenible, el uso de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y flexibilidad para adaptarse a los cambios demográficos y laborales.
Aunque se contemplan los riesgos de la polarización social y la persistencia de altos niveles de desigualdad, su diagnóstico se queda corto en un punto fundamental: la desigualdad no es un efecto secundario, sino una característica estructural del modelo económico colombiano.
Organizaciones como Cedetrabajo han advertido que Colombia sigue entre los países más desiguales de América Latina. Mientras grandes conglomerados empresariales fortalecen su participación en sectores clave, millones de hogares sobreviven en la informalidad y con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El sistema fiscal sigue favoreciendo a las grandes empresas y altos patrimonios, mientras el peso de la tributación recae sobre la clase media y los consumidores.
Aunque el INC 2024-2025 reconoce la desigualdad como un obstáculo para la competitividad, su enfoque prioriza la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del sistema sobre la justicia social y redistribución de la riqueza.
¿Competitividad para quién?
El Informe Nacional de Competitividad 2024-2025 insiste en que Colombia debe cerrar brechas para mejorar su posición internacional. La pregunta central es ¿competitividad para quién y con qué fines?
Si la estrategia se limita a atraer inversión extranjera, reducir regulaciones y flexibilizar el mercado laboral, se corre el riesgo de profundizar los mismos problemas que han limitado el desarrollo nacional durante décadas. Una verdadera política de competitividad debería integrar:
- Fortalecimiento de la producción nacional y la industria local.
- Reforma agraria y soberanía alimentaria.
- Políticas de innovación vinculadas a necesidades sociales y no solo al mercado.
- Un enfoque de justicia social que priorice empleo digno y protección ambiental.
Más allá de los rankings internacionales
El Informe Nacional de Competitividad 2024-2025 aporta datos valiosos sobre los retos para Colombia, pero mantiene una visión limitada, centrada en la inserción al mercado global. El desafío no es solo mejorar indicadores internacionales, sino construir un modelo de desarrollo que garantice soberanía económica, justicia social y sostenibilidad ambiental.
La competitividad no puede seguir siendo entendida como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un país más equitativo, productivo y democrático capaz de superar la desigualdad económica.
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