El fracaso de la lucha antidrogas
Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.
La operación PERSEO adelantada por el ejército nacional en el corregimiento de El Plateado para recuperar el control de un amplio territorio en el Departamento del Cauca dominado por las guerrillas disidentes de las antiguas FARC y otros grupos ilegales, donde se concentra en el llamado cañón del río Micay, cerca del 75% de las 25.000 hectáreas de cultivos de coca en este Departamento, siendo además un corredor estratégico para transportar la droga hacia el mar pacífico para su exportación ilegal al exterior, vuelve a poner en la agenda nacional la discusión recurrente sobre si ha sido efectiva y es viable la lucha antidrogas en nuestro país.
El tráfico de cocaína en Colombia se inicia a mediados de los años sesenta, como consecuencia de la demanda mundial de esta sustancia psicotrópica especialmente en los Estados Unidos, constituyendo una transición del comercio ilícito de la marihuana a la cocaína, cuya materia prima, la hoja de coca se importaba inicialmente desde Perú y Bolivia, habiéndose establecido posteriormente los cultivos en Colombia, que actualmente representan el 70% de la totalidad de los cultivos de hoja de coca en el mundo, con un total de 246.000 hectáreas cultivadas en Diciembre de 2.023, según datos del Ministerio de Defensa.
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Los carteles del narcotráfico en Colombia rápidamente implementaron y perfeccionaron el proceso químico de transformar la hoja de coca en cocaína, al extraer el alcaloide de la pasta de coca, inclusive se acusa a los voluntarios de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos, creados por el presidente Kennedy en 1.961, con el objetivo de impedir el avance del comunismo en América Latina, de enseñarle a los campesinos colombianos a sembrar marihuana y fabricar cocaína.
La influencia del narcotráfico en Colombia constituye la gran tragedia de nuestro país, ya que permeo todas las instituciones y las actividades políticas, económicas, industriales, comerciales, deportivas, en muchos casos con la tolerancia de la clase política y dirigente, siendo un factor fundamental para la creación y consolidación de los grupos armados ilegales, tanto los paramilitares como la guerrilla se han financiado históricamente con los recursos provenientes del narcotráfico, y la lucha contra los carteles de la droga que el Estado colombiano con el apoyo de los Estados Unidos inició como consecuencia del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1.984, no ha producido los resultados esperados, ha sido una lucha estéril, que ha costado muchas vidas de víctimas inocentes y generado innumerables sufrimientos a la población, como es el caso de los residentes del corregimiento de El Plateado, sometidos durante décadas al control de los grupos armados ilegales, sin ninguna presencia del Estado para proteger sus vidas, honra y bienes, como lo ordena y garantiza la Constitución Política.
Pero habría que analizar cuál ha sido la causa del fracaso de la lucha antidrogas, ya que el negocio ilícito del narcotráfico no escapa a la ley fundamental del capitalismo de la oferta y la demanda, y esta última en el caso del tráfico de cocaína ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años, el informe mundial de drogas de la ONU de 2.023, menciona que hay unos 22 millones de consumidores de cocaína en el mundo, pero hay datos todavía más dicientes, según la National Household Survey on Drug Abuse ( encuesta nacional de los hogares acerca del abuso de drogas), personas de todas las edades consumen cocaína, indicando que unos 27.788.000 residentes de los Estados Unidos de 12 años de edad o más han consumido alguna forma de cocaína al menos una vez en la vida.
Este aumento de la demanda mundial de cocaína ha incrementado la oferta y disparado los precios, en un reciente programa televisivo de “Los Informantes” en el canal caracol, se informaba sobre las nuevas modalidades de transporte de la droga, mediante la utilización de pequeños submarinos o sumergibles que pueden transportar hasta cuatro toneladas de cocaína, y cómo las autoridades colombianas han incautado cerca de doscientos de estos sumergibles, uno de los cuales tenía como destino Australia, donde un kilo de cocaína se vende a U.S. $ 250.000.oo el doble del precio que en Estados Unidos, de tal manera que si uno de estos submarinos alcanza su destino el precio de la droga que transporta tendría el fabuloso valor de mil millones de dólares.
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La pregunta es cuántos de estos sumergibles han logrado llegar a su destino y que han hecho los grandes países consumidores de droga para impedirlo, la respuesta es poco y nada, ya que el consumo de drogas para ellos es solo un problema de salud pública y no un tema represivo ni policivo, salvo cuando se trata de lavado de dinero, por lo tanto toda la tecnología que utilizan para la guerra, con sus armas sofisticadas, poder aéreo y marítimo, radares, escudos antimisiles, etc., debería ser utilizada para interceptar las pequeñas aeronaves y los rudimentarios submarinos que llegan cargados de droga a sus países, mientras que en Colombia las fuerzas armadas con recursos muy limitados hacen grandes esfuerzos para evitar que la cocaína salga hacia esos grandes países consumidores, definitivamente hay que acabar con la hipocresía de estos estados, que por un lado le exigen a los países productores una política represiva frente al tráfico de drogas, mientras al interior de sus países son absolutamente tolerantes con el tráfico y consumo de estas.
Mientras la demanda mundial de cocaína siga creciendo en las grandes regiones del mundo donde se concentran los consumidores, como Estados Unidos, Europa, Asia y ahora Australia, la oferta no va a disminuir y por lo tanto la lucha antidrogas en los países productores seguirá siendo un fracaso, de tal manera que es hora de que la comunidad internacional con el liderazgo de la ONU, adopte una política mundial sobre el consumo de drogas, que no es otra que su legalización, así como en forma unilateral lo han hecho muchos de los Estados en Estados Unidos con el consumo recreativo de la marihuana y el año pasado Alemania fue el segundo país europeo después de Malta de aprobar un proyecto de ley para legalizar la comercialización del cannabis para uso recreativo.
Los defensores de la legalización del comercio y consumo de drogas esgrimen diferentes argumentos de orden constitucional, económico, moral, ético y médico, siendo el principal de ellos el derecho fundamental que tiene toda persona de elegir cómo conducir su vida, es lo que la Corte Constitucional ha denominado el libre desarrollo de la personalidad, pero igualmente su legalización acabaría con el tráfico ilegal que implica extinguir los carteles del narcotráfico con toda su estructura violenta y de corrupción que conllevan y tantos daños han causado al país, liberando al Estado de la lucha estéril de estar persiguiéndoles, utilizando esos recursos para solucionar necesidades básicas de salud, vivienda y educación en aquellas regiones donde se cultiva la hoja de coca, permitiendo que este sea un cultivo legal para los campesinos que hoy son explotados por los narcotraficantes.