viernes, octubre 15, 2021
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El gran reto de la seguridad ciudadana

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

Por estos días los ciudadanos de Bogotá y las principales capitales del país se han visto afectados por la creciente ola de inseguridad. Hurtos, homicidios y fleteos están desbordados. A plena luz del día en las calles, puentes, estaciones de bus y hasta en los restaurantes. Más allá de las explicaciones que dan constantemente los funcionarios, las cifras demuestran que ya no es exclusivamente un problema de percepción. La inseguridad ciudadana es una realidad.

Sólo en la capital del país, cada hora se cometen 11 hurtos; cada hora se roban una bicicleta; cada día se comete un homicidio y cada 3 minutos se incauta un arma. No se trata de hechos aislados. Detrás de cada crimen hay bandas organizadas que nutren complejas economías ilegales.

Frente a esta creciente problemática todos quieren lavarse las manos y señalar como los únicos culpables a los alcaldes. Bajo la errónea idea de que ellos son las principales autoridades del orden en municipios y distritos, olvidan que en materia de seguridad intervienen por ley tanto las autoridades del orden nacional como la justicia. Es hora de que todos asuman un compromiso serio y articulado para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y recuperar el orden en las ciudades.

No existe una fórmula secreta para combatir la delincuencia urbana. Sin embargo, las fallas en la coordinación interinstitucional, así como la insistencia en aplicar enfoques desactualizados para luchar la criminalidad, han demostrado el peligroso fracaso del Estado en controlar un fenómeno que ya tiene a la ciudadanía completamente desesperada.

Una combinación en la redistribución de la fuerza policial disponible, la utilización de nuevas tecnologías, la depuración de prácticas corruptas al interior de las entidades y el mejoramiento de los procedimientos judiciales, se debe sumar a una visión de la seguridad con un enfoque social.

Lo primero que hay que señalar es que, en ciudades como Bogotá, el pie de fuerza es insuficiente. La capital debería ser reforzada con por lo menos 10 mil uniformados más. El gobierno nacional ha demorado la incorporación de nuevas unidades para reforzar las tareas de patrullaje, investigación y custodia de los puntos más afectados por la criminalidad. Adicionalmente, es hora de que se replantee la existencia de la policía de tránsito en el distrito. Esos 1200 efectivos que actualmente se dedican a poner multas y levantar croquis deberían estar acompañando ciclo rutas y estaciones de Transmilenio. Sus funciones perfectamente podrían ser asumidas por la secretaría de movilidad y por la imposición de multas electrónicas.

Lo segundo es entender que no puede haber una seguridad efectiva si no hay una justicia que opere adecuadamente. Bogotá debe duplicar el número de jueces y fiscales, así como las UCIs y los cupos carcelarios. Es menester agilizar procedimientos y evitar la reincidencia. El 80% de los capturados son dejados en libertad por vencimiento de términos, por falta de denuncias o por errores en el trámite policial. Es totalmente inaceptable que una persona que ha cometido un delito en flagrancia vuelva a las calles a delinquir. Los criminales ya no le tienen respeto a la autoridad y delinquir termina siendo rentable porque nada pasa.

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Lo tercero que no puede faltar es la integración de nuevas tecnologías. Reconocimiento biométrico; estandarización de tecnologías entre cámaras públicas y privadas para multiplicar su número y uso; y la implementación de modelos de inteligencia artificial y policía predictiva -tal y como ocurre en otros países, para prevenir el delito. La tecnología se debe sumar también a la sofisticación de los procesos de investigación judicial que permitan perseguir las finanzas criminales.

El cuarto punto tiene que ver con la depuración institucional en diversos aspectos. Por un lado, combatir la corrupción al interior de la policía. En muchas ocasiones los mismos uniformados participan de las rentas ilegales. En muchas ciudades se sabe dónde operan los puntos de receptación, microtráfico y locales de contrabando. Es inaceptable que teniendo esa información no se actúe para atajar a las estructuras criminales. Por otro lado, es necesario generar confianza de la ciudadanía con las instituciones del orden. La ciudadanía le tiene miedo a la policía. Una mejor preparación y una actitud al servicio del ciudadano y no en contra de él, son necesarias para que los colombianos no sólo confíen, sino que se conviertan en aliados estratégicos para la lucha contra la delincuencia.

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Finalmente, es necesario entender que sin políticas sociales no se resolverá el problema de la inseguridad. Precisamos generar entornos barriales y comunitarios seguros a través de oferta social. A los jóvenes hay que brindarles oportunidades de educación y empleo para que no sean presa fácil de las bandas y estructuras criminales. La seguridad no debe enfocarse únicamente en la represión, sino también en la prevención.

La receta para la seguridad exige esfuerzos mayores por parte de todas las autoridades. Los ciudadanos tenemos el derecho fundamental de sentirnos seguros y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Acá no hay banderas o partidos políticos que valgan. La seguridad es un bien público de todos sin distingo alguno. Su garantía no da más espera. 

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

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