Una de las series españolas más conocidas que llegó a mis manos fue El Ministerio del Tiempo. En esta ficción, una entidad adscrita a la presidencia del Gobierno se encarga de administrar, a través de puertas temporales, el impacto del pasado sobre el presente. Más allá de su trama fantástica, la serie plantea una pregunta profundamente política: ¿qué papel tiene el Estado en la administración del tiempo de la ciudadanía?

Algunos informes señalan que una persona en Bogotá puede gastar entre 117 y 244 horas al año atrapada en trancones. A partir de ese dato surgen otras preguntas inevitables: ¿cuánto tiempo pierde la ciudadanía en filas para reclamar medicamentos, obtener documentos oficiales, tramitar pasaportes o cambiar su puesto de votación? ¿Puede el espacio-tiempo volverse más favorable para las personas si el Estado toma decisiones distintas?

Bogotá parece estar superando una barrera histórica que durante décadas hizo del metro un sueño imposible. La primera línea reducirá a cerca de 27 minutos los trayectos entre el suroccidente y el norte de la ciudad, un ahorro nada despreciable. A esto se suman medidas de infraestructura administrativa, como los CADES, que buscan liberar tiempo ciudadano en trámites que podrían resolverse con mayor eficiencia.

Tal vez sería un buen ejercicio cívico asumir el tiempo como una categoría central del debate público y evaluar cómo quienes toman decisiones lo gestionan. No se trata de crear más burocracia, sino de imaginar qué pasaría si midiéramos nuestras políticas en horas ganadas o perdidas para la gente. ¿Cómo sería Bogotá si existiera una Secretaría del Tiempo? ¿Y qué decisiones se tomarían en un país con un ficticio —pero necesario— Ministerio del Tiempo?

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