En Colombia existe una procrastinación crónica para llevar a cabo las acciones que se establecen en las leyes de la república. Si somos lectores de las normas que se crean e implementan, en ellas podemos encontrar todas las herramientas para vivir en una sociedad utópica. Realmente, nuestro Honorable Congreso ha establecido un sinfín de escritos con muy buenas intenciones frente al bienestar de todos los colombianos.

Cuando de agricultura hablamos, contamos con una extensa lista de leyes, procedimientos, resoluciones y guías que promueven avance, solución de problemas y bienestar para la ruralidad.

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Actualmente, se está realizando un lanzamiento de lo que promete ser un antes y un después en la Reforma Agraria. Esta espera impactar la vida de millones de colombianos, al establecer los mecanismos para crear esa seguridad alimentaria que tanto necesitamos y de la que tanto se ha hablado.

Para los que no conocen este dato, el 3 de agosto de 1994 el presidente, César Gaviria, promulgó la ley que establece el sistema nacional de Reforma Agraria y desarrollo rural. Esta Ley tiene como alcance los siguientes criterios, de los cuales daré mi opinión traída al 2023. 

1. Promover y consolidar la paz: para nadie en este país es desconocido que la guerra por la propiedad, las desigualdades en el campo y la marginación de parte de la población han desatado violencia, muerte y destierro, especialmente en las zonas rurales. Por lo anterior, tiene todo el sentido atender dichas zonas y brindar las condiciones para que exista la paz en las regiones rurales.
   
2. Reforma de la estructura social agraria: este principio centraba su atención en la equidad, la adecuada distribución de las tierras y la participación de la mujer en la propiedad rural. Hoy, más que nunca, soy un convencido de que si le damos al campo la participación de las mujeres, el proceso de transformación logrará un mayor alcance.
   
3. Créditos y subsidios para la adquisición de tierra: con este numeral me dan ganas de llorar. El acceso a capital para los agricultores es cada vez más complejo de alcanzar y, si se trata de compra de tierras, nos quedamos cortos al decir todas las dificultares que existen en la práctica.
   
   Uno de los problemas de estructura en el campo es el acceso a capital, no porque no existan mecanismos para ello por parte del Estado y el sector privado, sino por las dificultades expresadas en los sistemas de riesgo de las entidades de crédito.
   
   En efecto, para un pequeño agricultor es difícil sustentar el requerimiento, uso y retorno de los recursos, debido a la incertidumbre que rodea la inversión agropecuaria (este punto es tan relevante que lo profundizaremos en una próxima publicación).
   
4. Generar empleo productivo: la creación de empleo en el campo es una de las acciones más impactantes para la reducción de la pobreza, ya que el 80% de los pobres del mundo vive en las zonas rurales. Por lo tanto, estimular el empleo formal y equitativo en el campo es una vía clara para reducir las inequidades en nuestro país.
   
5. Aguas y tierras: la educación sobre el buen uso de los recursos ya se discutía hace 29 años en la Ley 160 de 1994, con énfasis en utilizar las tierras incultas (sin proceso productivo), así como gestionar los recursos naturales propios de las regiones de forma racional. Definitivamente, esto no lo estamos haciendo del todo bien; aún falta mucha educación y desarrollo en este capítulo.
   
6. Incrementar la producción: Mi meta personal es ver un país más equitativo, utilizando al campo como vehículo. Definitivamente, tenemos con qué incrementar la producción sostenible y equilibrada de alimentos.
   
   No podemos seguir pensando en qué sería de este país si movilizáramos la agricultura. Debe ser una acción real, que nazca de todas las estructuras de la sociedad, el aumentar la producción para garantizar nuestra soberanía alimentaria en los productos en los que tengamos competitividad y poder vender los excedentes al mundo, para obtener divisas y generar empleo. La tesis es simple, pero la ejecución esta procrastinada.
   
7. Estímulos a los organismos campesinos: la asociatividad funciona si dejamos de lado los egos y protagonismos. Es un tema difícil de discutir, pues ponernos de acuerdo para un objetivo común en un país que vive y goza de la polarización es un reto mayúsculo.
   
   He visto asociaciones campesinas vender muy bien sus cosechas, pero también he visto cómo caen en bancarrota por los problemas internos, las peleas por el poder y la corrupción, lo que vuelve todo un reto ayudar a encontrar un método que funcione.
   
   Para ello, la capacitación en gestión administrativa, financiera y comercial debe ser un pilar que les permita a las organizaciones trascender. Esto es posible mediante alianzas con comercializadores justos, comercios agregadores de valor y productos bien seleccionados y segmentados.
   
8. Equidad de género: al respecto puedo decir que, como sociedad, se está haciendo la tarea de entender que todos tenemos derecho a participar en todos los sectores, indistintamente del género.
   
   Sin embargo, en el campo esa brecha sigue siendo muy amplia y creo, como ya lo he manifestado, que la participación de las mujeres será determinante para nuestro futuro.
   
   Recordemos que las responsables de la domesticación de las especies vegetales son las representantes del género femenino. A ellas les debemos lo que hace siglos inició como agricultura.

9. Regular la ocupación: centraba la discusión en el uso de la tierra, especialmente las baldías en manos de la nación. Desconozco la cifra de cuantas hectáreas de la nación siguen baldías y tienen vocación agrícola actualmente.
   
   De pronto algún lector de esta columna me puede dar el dato, pero creo que una de las incoherencias más grandes de un país es pretender que el desarrollo está en el campo, y a la vez tener tierras de su domino sin explotación de acuerdo con su vocación. Deberíamos promulgar con el ejemplo y tener las mejores grajas demostrativas del potencial agrícola, distribuidas a lo largo y ancho del territorio.

Cuando analizamos los numerales que inspiraron la promulgación, en 1994, de la Ley 160, uno se pregunta qué ha pasado. Lo único cierto, en mi opinión, es que han pasado 29 años y los esfuerzos realizados por implementar acciones no han generado el impacto necesario y seguimos discutiendo qué será mejor para el país con una población dividida por sus corrientes políticas. 

Ahora bien, creo que los pasos que se están realizando en este momento están encaminados a lograr el desarrollo de los principios de la Ley manifiesta.

También creo que, con buena ejecución y claridad, así como participación de todos los actores políticos y sociales, podemos construir como nación una fórmula rural que funcione.

Para ello, el Estado debe organizar la casa. Todos los ministerios deben estar alineados a un plan estratégico, dividiendo las acciones, pero persiguiendo el mismo objetivo. Debemos gestionar el Estado como una empresa, que tenga indicadores, metas y objetivos claros.

Debemos crear los pilares fundamentales que para este servidor son claves en el desarrollo del campo: vías, comunicaciones, infraestructura sanitaria, asistencia técnica privada, financiamiento y estímulos tributarios para los empresarios, emprendedores y agricultores.

Estamos ante una oportunidad única de transformar la realidad del campo colombiano. Al impulsar una verdadera Reforma Agraria que democratice el acceso a la tierra y promueva el desarrollo sostenible en las zonas rurales, estaremos sentando las bases para un país más equitativo, productivo y próspero.

La Reforma Agraria es una tarea colectiva, no de una corriente política, y solo mediante el esfuerzo conjunto de la sociedad, el Estado y el sector privado lograremos construir un país en el que la justicia social y la prosperidad sean una realidad para todos.