Existen cuatro ejes que sustentan a los sistemas de provisión de energía: la confiabilidad, la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad. El de la sostenibilidad, de reciente introducción en las políticas públicas, se viene construyendo desde la perspectiva de los impactos y beneficios puntuales de cada proyecto energético y la visión generalizada del sistema, es decir, de cómo mueve al desarrollo.

La energía en nuestro país se trata como un servicio público donde actores estatales y privados concurren al mercado, y con una regulación que busca «asegurar la compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado Social de Derecho» y permitir que «para un inversionista sea ‘igualmente’ atractivo [y riesgoso] invertir en una empresa prestadora de servicios públicos sujeta a la regulación estatal o en una de similares características pero en condiciones eficientes de libre competencia» (Corte Constitucional, Sentencia 150 de 2003).

Lo descrito por la Corte ha irradiado a la política macroeconómica y al sistema energético nacional en las tres últimas décadas, con lo cual, la política pública ha aplicado criterios de mercados en libre competencia, donde el riesgo y la rentabilidad son altos, a mercados predominantemente oligopólicos desde la perspectiva nacional y monopólicos en algunos eslabones y territorialmente. También existen segmentos con mixtura de competencia monopolística con libre competencia, como sucede en la distribución minorista de combustibles donde el 88% del empresariado es mipyme.

Una política pública que genera incentivos de libre competencia donde hay control de pocos actores trae transferencias de rentas en razón a que los parámetros regulatorios de remuneración al capital invertido incluyen un riesgo mayor al real. En producción de electricidad, por ejemplo, tres empresas controlan cerca de la tercera parte de la oferta; en refinación de combustibles fósiles un actor concentra la oferta; en distribución mayorista de combustibles (eslabón que sirve de bisagra entre el refinador y el distribuidor al consumidor final) cuatro empresas intermedian cerca del 90% de la oferta, etc.

A estas estructuras, por la vía de la política productiva, las ha influenciado un elemento macroeconómico: los déficits gemelos (cuenta corriente y fiscal). Para cubrirlos se recurre en parte a la inversión extranjera que cierra la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión de la economía, ecuación donde los recursos del ahorro foráneo tienen entre sus principales lugares de aterrizaje a la energía (30% del stock de la inversión extranjera.)

Al comparar con otros países el valor de un galón de combustibles o de un kilovatio de electricidad ‒donde se concentra el 56% de la oferta de energía nacional‒, Colombia se ubica en la parte media de la tabla, pero si se agregan otros parámetros el panorama cambia. Un galón de gasolina, por ejemplo, equivale al 15% del ingreso por habitante diario, esto es superior a Chile (8%), Ecuador (6%) o Estados Unidos (2%). Hay que tener presente que las políticas de precios en materia de combustibles fósiles varían entre países. Y un kilovatio de electricidad aquí equivale al 0,42% del ingreso promedio diario y en Brasil al 0,31%, Japón 0,19%, Alemania 0,21% y Estados Unidos 0,07%.

El comportamiento yoyo en las ventas por la Pandemia (incluyendo a la agitación social) ha dificultado la operación y la planeación en las empresas, creando un problema de oferta. La energía es un insumo fundamental para la producción y la movilización de mercancías (en el costo logístico, el transporte pesa 46% en la industria, 26% en el comercio y 31% en las Mipyme), luego medidas alrededor de esta, que trasladen algunas eficiencias al consumidor final, serían fuente de alivios competitivos para la oferta nacional de bienes y las cadenas de suministro. Y por supuesto, incentivar la expansión de la confiabilidad, la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad en todas las fuentes energéticas ‒la provisión de energía es una importante fuente de desarrollo en si misma‒, sin descuidar los balances socioambientales y promoviendo la reactivación de la inversión.