Corrupción en Colombia: Los escándalos que sacuden al gobierno de Gustavo Petro
Escándalos de corrupción en Colombia en el gobierno de Gustavo Petro incluyen financiación irregular de la campaña, contratos de la UNGRD vinculados al ELN y acusaciones contra el presidente de Ecopetrol.
Desde el inicio de su mandato en agosto de 2022, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción en Colombia que han afectado su credibilidad y gestión. Los más recientes incluyen la relación con el contrabandista conocido como “Papá Pitufo”.
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Corrupción en Colombia: Financiación irregular de la campaña presidencial
El caso de financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro tiene varias aristas, pero el episodio más relevante involucra las acusaciones de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y una de las figuras clave en la campaña presidencial de 2022.
En junio de 2023, se filtraron unos audios en los que Benedetti insinuaba que la campaña de Petro habría recibido dinero ilegal por al menos $15.000 millones de fuentes no declaradas. En los audios, Benedetti, en una conversación con la exjefa de gabinete Laura Sarabia, afirmaba que él había gestionado estos recursos y que, si revelaba la verdad, “nos hundimos todos”.
Si bien Benedetti luego se retractó, asegurando que sus palabras fueron producto de un momento de rabia y frustración, las acusaciones levantaron sospechas sobre la transparencia de la campaña y generaron investigaciones oficiales.
Además de las declaraciones de Benedetti, se han señalado otras irregularidades en la financiación de la campaña de Petro. En el caso de “Papá Pitufo” se descubrió que un empresario vinculado al contrabando, Diego Marín Buitrago, entregó $500 millones de pesos a la campaña.
Actualmente, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) investigan si hubo ingresos no declarados en los reportes financieros de la campaña, lo que podría constituir un delito de violación a las normas electorales.
Relación entre “Papá Pitufo”, Xavier Vendrell y Armando Benedetti
Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, reconocido contrabandista colombiano, entregó $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Xavier Vendrell, empresario y exdiputado catalán cercano a Petro, admitió haber recibido estos fondos. Sin embargo, al no poder verificar el origen lícito del dinero, Vendrell afirmó que devolvió los recursos de inmediato.
Armando Benedetti, jefe de despacho de la Presidencia, ha sido señalado por presuntos nexos con “Papá Pitufo”. No obstante, Benedetti ha negado categóricamente cualquier relación o reunión con Marín Buitrago, afirmando: “No lo conozco y nunca he tenido ninguna relación con él”.
Aunque no se ha confirmado una relación directa entre Benedetti y “Papá Pitufo”, se ha informado de interacciones entre Benedetti y Vendrell. Una fotografía publicada muestra a ambos en una conversación durante un evento, lo que ha suscitado especulaciones sobre su colaboración en asuntos relacionados con la campaña.
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Conflictos internos y acusaciones de clientelismo
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes, ha acusado al embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, de presionarlo para realizar nombramientos de personas allegadas en las direcciones de aduanas de Cali y Buenaventura durante su gestión como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estas acusaciones han intensificado las tensiones internas dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Roy Barreras, quien fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro y actualmente se perfila como posible candidato para las elecciones de 2026, ha negado rotundamente estas acusaciones. Además, ha criticado el ambiente de ataques políticos, sugiriendo que estas disputas internas solo benefician a la oposición y debilitan el proyecto político del gobierno.
Las acusaciones del ministro Reyes contra el embajador Barreras reflejan las crecientes divisiones y conflictos internos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, así como la percepción de corrupción en Colombia, que sigue siendo un problema estructural.
Queda también la duda de por qué el ministro Reyes no denunció en su momento las presiones que habría recibido para nombrar funcionarios.
Desvío de recursos públicos
El escándalo de corrupción en Colombia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha revelado presuntas irregularidades en la asignación de contratos que habrían beneficiado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y servido para comprar congresistas para adelantar la agenda legislativa del gobierno.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, afirmó ante la Corte Suprema de Justicia que altos funcionarios del gobierno le ordenaron adjudicar contratos al ELN para evitar la ruptura de las negociaciones de paz. López aseguró tener registros detallados de estos contratos en su libreta personal.
Según la confesión de Olmedo, la representante a la Cámara por Arauca, Karen Martínez, habría mediado en la financiación de grupos armados como el ELN a través de contratos de la UNGRD en el departamento de Arauca.
Las investigaciones señalan que se desviaron recursos de la UNGRD para comprar votos de congresistas y asegurar la aprobación de reformas propuestas por el Ejecutivo. Estos fondos habrían sido utilizados para sobornos y otros fines ilícitos.
De hecho, se han identificado contratos por más de 400.000 millones adjudicados durante la administración de Olmedo López, muchos de los cuales carecen de avances significativos en las obras públicas previstas.
Ecopetrol
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha enfrentado acusaciones de corrupción en Colombia que involucran presunta injerencia de su pareja, Julián Caicedo Cano, en las decisiones internas de la compañía.
Un exdirectivo de Ecopetrol afirmó que Caicedo Cano influía significativamente en las decisiones de la empresa, incluyendo el direccionamiento de contratos y prácticas restrictivas de la competencia.
Se señaló que Caicedo Cano habría recomendado candidatos para posiciones dentro de la empresa, sugiriendo una posible influencia indebida en los procesos de contratación.
Roa ha desmentido categóricamente estas afirmaciones, asegurando que su pareja “no tiene ningún poder en Ecopetrol” y que no ha influido en las decisiones de la compañía. El presidente de Ecopetrol enfatizó su derecho a la presunción de inocencia y manifestó que no renunciará a su cargo debido a estas acusaciones.
Estas acusaciones se suman a otros desafíos que enfrenta Ecopetrol, incluyendo una disminución en sus utilidades y una caída en el valor de sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y en Wall Street. Además, la empresa ha sido objeto de controversias relacionadas con decisiones estratégicas, como el veto al proyecto Oslo de fracking.
