Señales positivas emergieron esta semana frente a la radical posición del gobierno nacional contra la exploración de hidrocarburos. En primera instancia, se decide descongelar los contratos petroleros vigentes. En segundo lugar, se modera la expectativa frente a la firma de contratos de exploración futura manifestando la necesidad de evaluar, con un horizonte de 12 años, la capacidad financiera del país en función de compensar los ingresos petroleros con la potencialidad de otros sectores productivos (turismo, agropecuario, manufactura, energía renovable, etc.). Enhorabuena.

Es previsible el resultado del análisis, tomando en cuenta cualquier escenario futuro de potenciales y/o estimativos sobre ingresos corrientes de proyectos a consolidar de otros sectores, frente a “datos duros” durante el mismo periodo de estudio propuesto para el caso del sector petrolero en Colombia, uno de los más consolidados del país.

Enfrentar proyecciones estimadas de sectores productivos sin línea base robusta, apenas en crecimiento, mediante modelos potenciales con futuros inciertos y apalancados así sea por financiamiento y/o políticas públicas estatales; contra la estabilidad de la histórica renta petrolera [1] (ver gráfico), cuyo rango promedio de aporte al PIB en los últimos 12 años está entre el 2% y el 4%, permite, a primera vista, inferir que el gobierno nacional está ad portas de un cambio de dirección en materia de política petrolera.

Como se estableció en la anterior columna (puede consultarla en este enlace), se reitera que Colombia apenas tiene un precario crecimiento industrial y un bajo porcentaje global de emisiones de GEI a partir de explotación de combustibles fósiles, más bien generadas principalmente  por el sector agropecuario (deforestación y el modelo de ganadería extensiva).

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Someter al país a un vertiginoso cambio de sus ingresos por cuenta de un viraje radical hacia la transición energética, enmarcado en premisas ambientales globales ciertas, pero eminentemente inequitativo en términos del aporte de Colombia al cambio Climático mundial y además argumentando financieramente su giro en modelos económicos estimados por el crecimiento hipotético de sectores que aún no cuentan con una historia relevante de generación de rentas, no luce como el mejor de los mundos.

Por tal razón, conviene insistir en no perder de vista la necesidad global actual de combustibles fósiles. Aprovechar el auge de precios del petróleo, del gas y del carbón energético, coque y metalúrgico es hoy una oportunidad, dada la coyuntura mundial que actualmente está presionando los precios de este tipo de combustibles (guerra en Ucrania, ruido de recesión, fortalecimiento de la economía China, etc.).

Ya la Unión Europea está buscando el consenso para disminuir y erradicar los vehículos Híbridos, con Diesel y/o Gasolina a partir de 2035 (ver enlace aquí) que, de concretarse, generará un impacto en la demanda de crudo y refinados a nivel global para el final del primer tercio del siglo. Coincide además con la meta para la evaluación de la renta petrolera en Colombia frente a la pertinencia de los contratos futuros de exploración de hidrocarburos.

Otro elemento más para el análisis: ¿se frena la exploración antes del inicio del final de la demanda?, o ¿se espera a su decrecimiento para establecer una gradualidad en este sentido y aprovechar precios que estén acordes con la demanda actual en beneficio de las finanzas de la nación?

En lo personal, creo profundamente que la humanidad va a migrar hacia la disminución controlada de las emisiones de este tipo de recursos naturales. Sin embargo, creo de igual forma que la renta de los combustibles fósiles generados en el territorio nacional puede apalancar un cambio del modelo económico con enfoque diferencial frente al encadenamiento productivo.

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Incluso, para el caso concreto de la evaluación rigurosa que se propone y amén de los ingresos estimados por otros sectores, así  llegasen a remplazar los ingresos petroleros en el corto plazo, una propuesta específica podría ser: en vez de desafiar la renta minero-energética, se podría utilizar una parte importante de estos recursos hacia la gestión de conocimiento en función de desarrollar y/o implementar tecnologías que garanticen cadena de valor a las materias primas producidas a partir de recursos naturales colombianos.

Con  políticas públicas adecuadas y que promuevan un claro crecimiento para productos del sector secundario (materias primas procesadas y con valor agregado), con sostenibilidad en el tiempo y con niveles de competitividad global suficientes, se avanzaría hacia una revolución industrial de origen nacional y apalancada por una renta que hoy se desprecia con argumentos que no son lo suficientemente robustos, tal como se ha venido sosteniendo y demostrando en diferentes tribunas a lo largo y ancho del país, incluso algunas dentro de los mismos partidos políticos que hoy conforman el gobierno.

El desarrollo forma parte de la actividad humana. El aprovechamiento de recursos territoriales es  la base misma de ese desarrollo. El conocimiento es el conector de su funcionabilidad. La sostenibilidad, a partir de la prevención, la mitigación, el control y la compensación de los impactos a las generaciones futuras por el detrimento de la oferta de un ambiente sano, es materia y requisito principal de esta ecuación.  

El gobierno tiene la palabra, ¿imperará la sensatez?

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[1] La renta del petróleo es la diferencia entre el valor de la producción de petróleo crudo a precios mundiales y los costos totales de producción.

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