Precio del etanol se ajustaría al mercado internacional: productores colombianos tendrían caída del 14% en sus ingresos
El proyecto de resolución de los ministerios de Minas y Hacienda, basado en un estudio del BID y Fedesarrollo, busca alinear el precio del etanol al mercado internacional. El cambio contradice la política de reindustrialización y transición energética del propio Gobierno Petro, al afectar directamente a la agroindustria cañera y la producción nacional de biocombustibles.
El Gobierno colombiano propuso un cambio estructural en la metodología de cálculo del precio del etanol carburante, alineando su valor con el mercado internacional en lugar del azúcar refinada, como se hacía desde 2012. La medida, fundamentada en un estudio técnico de Fedesarrollo y el BID, busca mejorar la transparencia y la eficiencia económica, aunque el sector productivo advierte un impacto negativo que podría traducirse en una reducción promedio del 14% en los ingresos de los ingenios
La nueva metodología representa un punto de inflexión en la política de biocombustibles colombiana. Por un lado, moderniza la regulación y acerca al país a las prácticas internacionales; pero por otro, reduce la protección que durante años permitió sostener una industria nacional integrada con la caña de azúcar.
El desafío será lograr una transición que mantenga la sostenibilidad ambiental y social sin sacrificar la competitividad. Como advirtió Fedesarrollo, “el futuro del etanol colombiano dependerá menos del precio del azúcar y más de su capacidad de competir en un mercado global descarbonizado”.
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Una medida contraria a la reindustrialización
El nuevo esquema de precios representa un giro que va en contravía de la política de reindustrialización y transición energética que el Gobierno Petro ha promovido como ejes del desarrollo productivo y ambiental del país.
El ajuste, al basar el ingreso del productor en el precio internacional del etanol, debilita la agroindustria nacional de la caña y amenaza la viabilidad de Bioenergy y de los ingenios azucareros.
Además, el etanol es un aditivo clave para reducir las emisiones de carbono de la gasolina. Si la producción local se reduce, el país tendría que importar etanol, generando una nueva dependencia energética externa y afectando la balanza comercial, mientras se desincentiva la producción sostenible en el sector agrícola colombiano.
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Del precio del azúcar al internacional
El proyecto de resolución plantea reemplazar la metodología vigente (basada en el precio del azúcar blanco de Londres) por una fórmula anclada al precio de paridad de importación (PPI) del etanol, tomando como referencia el mercado de Houston (EE. UU.).
Según el documento técnico, el nuevo modelo busca reducir distorsiones y eliminar arbitrajes que se generaban porque, en muchos períodos, el ingreso al productor (IP) colombiano superaba el precio de paridad de importación del etanol de maíz estadounidense, generando incentivos para importar y afectando la competitividad del mercado local.
Fundamentos del cambio: el estudio BID–Fedesarrollo
El estudio elaborado por Fedesarrollo para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluye que la actual política de precios “no está orientada por la eficiencia económica, es opaca y difícil de replicar” y que ha permitido situaciones de sobreprecio frente a las referencias internacionales.
Entre sus principales hallazgos:
- En varios periodos entre 2018 y 2024, el precio interno del etanol superó en más del 20 % el precio internacional, lo que creó oportunidades de arbitraje.
- El modelo vigente no reflejaba los costos reales de producción ni los beneficios ambientales, y se había vuelto “una herramienta de protección industrial más que una política energética”.
- El estudio recomienda que Colombia adopte una metodología basada en precios internacionales, con mecanismos de estabilización y revisión periódica, como los que aplican países como Brasil y Estados Unidos.
Además, el documento plantea que la política de biocombustibles debe evolucionar desde un enfoque de subsidio hacia uno de competitividad y descarbonización, alineado con los compromisos de reducción de emisiones y con las metas de la NDC 2030 .
La nueva fórmula propuesta
La nueva metodología define el Ingreso al Productor (IP) como el resultado de un cálculo de paridad de importación (PPI) que incorpora:
- Precio internacional del etanol anhidro (índice AATGJ00 de Platts, mercado Houston).
- Flete marítimo Houston–Costa Caribe (índice TCAXW00).
- Costos de almacenamiento y logística (USD 0,064/galón).
- Derechos compensatorios y aranceles (USD 0,1997/galón).
- Tasa de cambio representativa del mercado (TRM).
De haberse aplicado en 2025, esta metodología habría significado una reducción de 14,47% en el ingreso promedio de los productores, según los cálculos oficiales del Ministerio de Minas y Energía.
Argumentos del Gobierno: eficiencia y transparencia
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió el cambio asegurando que la medida busca “ajustar el marco regulatorio a los estándares internacionales y garantizar una competencia más justa entre productores nacionales e importadores”.
El Gobierno también resalta que el ajuste permitirá mayor previsibilidad en el mercado, reducirá las presiones fiscales sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y dará señales más claras a los inversionistas sobre la rentabilidad del sector energético.
La propuesta hace parte de un paquete de reformas regulatorias que busca revisar las metodologías tanto del etanol como del biodiésel, para alinear la política de biocombustibles con criterios ambientales, fiscales y de comercio internacional.
Riesgos para la industria cañera
Los gremios del sector, encabezados por Asocaña y FedeBiocombustibles, expresaron su preocupación ante la posibilidad de una caída significativa en los ingresos. Según los productores, el cambio podría afectar la sostenibilidad financiera de los ingenios azucareros y poner en riesgo más de 90 mil empleos rurales directos e indirectos que dependen de la cadena del etanol.
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El informe del BID y Fedesarrollo reconoce este riesgo y advierte que la transición debe ser gradual, acompañada de incentivos para la diversificación industrial y tecnológica, incluyendo nuevos usos de la caña en productos bioquímicos y bioplásticos. “La industria ya superó su fase naciente; ahora debe competir por productividad y sostenibilidad”, señala el documento.
