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martes, 17 de junio de 2025
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Colombia tendría hueco fiscal de hasta 10 billones con flexibilización de la Regla Fiscal y deuda verde

La propuesta del gobierno de flexibilizar la regla fiscal implica endeudamiento adicional que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del país.

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La Ley de Financiamiento espera tener un recaudo de $6 billones en materia de nuevos impuestos y otros $5,6 billones de la modificación de la Regla Fiscal del siguiente año.

Esta reforma tributaria se usaría para financiar en $12 billones el Presupuesto General de la Nación 2025, que contempla un total de $523 billones. 


Sin embargo, el futuro de esta ley parece incierto tras la reciente negativa del Congreso de la República sobre el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, lo que ha puesto en peligro su aprobación y podría obligar a replantear la estrategia fiscal del gobierno.

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Flexibilización de la regla fiscal

La Ley de Financiamiento presentada el martes 10 de septiembre contempla, entre otros puntos, la flexibilización de la regla fiscal, lo que permitiría un déficit fiscal mayor del 0,3% del PIB, equivalente a 5 billones de pesos adicionales, que varias voces han advertido serían financiados con deuda. 

Este aumento del déficit no eleva los ingresos fiscales, sino que otorga al gobierno la posibilidad de endeudarse más en un país donde la deuda pública ya representa un porcentaje significativo del PIB.

El saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los USD $196.370 millones en junio de 2024, lo que equivale al 48,5% del PIB. Esta situación de alto endeudamiento pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ante este panorama, la flexibilización de la regla fiscal podría agravar la situación fiscal del país.


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Un déficit fiscal de hasta 10 billones más

El gobierno también propone una Regla Fiscal Verde, que permitiría excluir del cálculo del déficit fiscal el endeudamiento destinado a proyectos ambientalmente sostenibles hasta un 0,3% del PIB durante los próximos cinco años, lo que sumaría otros 5 billones de pesos. Aunque esta medida busca promover la transición energética y el desarrollo sostenible, implicaría un aumento adicional de la deuda pública.

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La flexibilidad de la regla fiscal dejaría a Colombia con un hueco fiscal de hasta 10 billones.

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Este endeudamiento adicional no dejaría de ser una carga para las finanzas públicas, a pesar de que el gobierno confía en que los proyectos verdes generarán retornos económicos. El riesgo es que, si estos proyectos no generan los retornos esperados, Colombia se encontrará con una deuda aún mayor y sin los recursos suficientes para pagarla.

Sumando ambos componentes, la Ley de Financiamiento abriría un hueco fiscal de 10 billones de pesos adicionales. Esta cifra es alarmante, considerando que Colombia ya enfrenta una alta carga de deuda pública. La estrategia de financiar este déficit con deuda puede parecer atractiva a corto plazo, pero las consecuencias podrían ser graves en el mediano y largo plazo.

Negativa del Congreso al presupuesto 2025

El miércoles 11 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso negaron el monto propuesto por el gobierno para el Presupuesto General de la Nación de 2025. El gobierno buscaba que el presupuesto fuera de 523 billones de pesos. Las comisiones tampoco aceptaron las propuestas alternativas, como la de la senadora Angélica Lozano, que proponía un presupuesto de 499 billones de pesos, ni la del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que sugería un monto de 511 billones de pesos.

Esta situación ha generado gran incertidumbre, ya que el plazo para aprobar el presupuesto vence el 15 de septiembre. Además, plantea serias dudas sobre el futuro de la Ley de Financiamiento, que busca recaudar $11,8 billones para cubrir el déficit del PGN de 2025. Si el Congreso finalmente aprueba un presupuesto inferior a los 523 billones propuestos, la ley perdería su razón de ser, ya que no habría necesidad de cerrar ese déficit.

El profesor Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública, explicó que si el presupuesto se reduce a 511 billones de pesos o menos, la Ley de Financiamiento “moriría”. Amorocho afirma que, en ese escenario se eliminaría la necesidad de recurrir a una fuente adicional de financiamiento.


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