Formalización laboral del sector público ahora en la lupa de la Procuraduría

La Procuraduría se pronunció frente al tema de la formalización del empleo público a través de una circular, enviada a los ministerios y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, en respuesta a los lineamientos publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) el pasado 29 de diciembre de 2022.

En concreto la Procuraduría señala que el plazo de cuatro meses, establecido por DAFP para la formalización de los contratos de prestación de servicio y apoyo a la gestión, es escaso. Por esta razón insta a agotar las instancias con el fin de ajustar las plantas de personal y evitar una “parálisis del Estado en todos sus niveles” por la falta de funcionarios.

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Asimismo, la delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social de la Procuraduría señaló que las entidades públicas no pueden estar “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”. También recordó que las entidades territoriales disponen de autonomía para avanzar en los trámites de plantas de personal.

Además, la Procuraduría les solicita a las entidades cumplir los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios para ejecutar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023 y les pidió “cumplir con la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral”, se puede leer en el comunicado publicado por la entidad en la mañana del martes 10 de enero.

Finalmente, el comunicado público enfatiza en la “necesidad de acabar con la precarización laboral, sin que eso implique causar un detrimento en los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan miles de contratistas en los diferentes organismos de la Rama Ejecutiva del nivel central, descentralizado, nacional y territorial”.

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¿Qué pasó antes?

En esa línea, la Procuraduría hizo énfasis en la pertinencia de las observaciones y recomendaciones del Ministerio de Trabajo al secretario jurídico de la Presidencia de la República, y señala que van “encaminadas a la defensa del trabajo decente en el sector público”.

Recordemos que el 30 de diciembre el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez, hizo un llamado de atención al DAFP por no atender las recomendaciones adelantadas por esa cartera ministerial, junto con otras entidades que tienen intervención en el empleo público, a través de un oficio con Observaciones a la circular del DAFP del 29 de diciembre.

En las observaciones se puede leer que el ministerio, en coordinación con la Procuraduría, la Contraloría, la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, buscaba expedir una circular conjunta que atendiera de manera unificada las diversas posiciones y particularidades con miras a poner en marcha “un proceso de formalización concienzudo y articulado que respondiera a las necesidades de la administración pública en virtud del principio de planeación institucional”.

A pesar de los avances, Función Pública emitió los lineamientos del Plan de de formalización del empleo público, frente al cual el Ministerio de Trabajo afirma que esas directrices desconocen los avances en materia de formalización, además que el periodo estipulado es muy reducido para su ejecución:

“Se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación […], y por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro (4) meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por tanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas sino también imponen una carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece”. 

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