Presupuesto 2025: Congreso rechaza propuesta y Ejecutivo decreta recorte drástico
Aunque faltan algunas semanas de trámites, la Ley de Financiamiento, como se ha llamado a la reforma tributaria, ha sido cuestionada y la expectativa de aumentar los ingresos para el Presupuesto 2025, por esta vía sigue en discusión y con pronóstico reservado.
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El tortuoso trámite del presupuesto 2025
El gobierno presentó para estudio del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto 2025 por un monto de 523 billones de pesos. Simultáneamente, reconociendo que solo estaban financiados 511 billones, añadió un proyecto de Ley de Financiamiento (reforma tributaria) por 12 billones.
Este proyecto incluía modificaciones en algunos impuestos y un cambio a la Regla Fiscal que le permitiría ampliar el endeudamiento y el déficit fiscal, sin romper formalmente con lo estipulado en la misma.
A lo anterior se añadió la incorporación de un “componente verde” en dicha regla fiscal, para que se ampliara el cupo de endeudamiento con finalidades ambientales, sin que se contabilizara este nuevo endeudamiento dentro del cupo de endeudamiento del país.
El Congreso debía debatir el monto global del presupuesto 2025 y, una vez este fuera aprobado, establecer la composición de cada una de las partidas presupuestales.
Si el Congreso no hubiera discutido el presupuesto o el Presidente Petro no lo hubiera presentado, el gobierno tendría que decretar el mismo presupuesto del año anterior. Sin embargo, como sí lo presentó, en caso de que el Congreso no lo apruebe podría decretarlo sobre la base de lo presentado en esta legislatura.
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Dificultades del Presupuesto 2025 en el Congreso
El Congreso debía aprobar el Presupuesto 2025 por unanimidad de las Comisiones Económicas, cosa que no sucedió, y el secretario del Senado dijo que este no había sido aprobado. En consecuencia, por el momento no hay presupuesto y antes del 21 de octubre debe culminar el trámite parlamentario de su aprobación, Posteriormente el gobierno puede expedir un decreto formalizando lo que se denomina dictadura fiscal ya que es un presupuesto determinado por el Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante el trámite y en numerosas ocasiones afirmó que como el presupuesto 2025 no se había aprobado ni rechazado, la situación estaba en el limbo. Ante esto, planteó que lo que procedía era seguir el estudio sobre los 523 billones de pesos, una cifra que incluía la Ley de Financiamiento.
Numerosos analistas y gremios han mantenido una posición crítica sobre diversos aspectos de las propuestas gubernamentales. El Consejo Gremial señaló que faltarían ingresos por 12 billones si no se aprueba la Ley de Financiamiento y que, si no se conseguía el recaudo esperado, el presupuesto 2025 debería recortarse en 33 billones.
Por su parte, Fedesarrollo señaló que, además de recortar los 12 billones de la Ley de Financiamiento si esta no se aprueba, habría que recortar 13 billones adicionales.
En el debate en el Congreso, el actual presidente del Senado, Efrain Cepeda, preguntó para qué quería el Gobierno 523 billones si del presupuesto de 2024 se habían dejado de ejecutar 15 billones de pesos.
Si el gobierno llega a decretar el presupuesto 2025 por 523 billones, inexorablemente la Corte Constitucional lo declararía inexequible, por no tener fuentes de financiamiento por ese monto.
Entonces, tendría que decretarlo por 511 billones, pero aun así subsiste la posibilidad de que este monto esté sobrestimado por incluir ingresos inciertos como los que se derivan de las expectativas de un aumento del recaudo por parte de la DIAN, ligadas no solo a la eficiencia de la entidad sino al comportamiento de la economía, cuyos sectores más dinámicos, la industria y el comercio, se encuentran de capa caída.
Un antecedente inmediato de gastos no ejecutados fue la vigencia de 202. el ministerio de Hacienda se ejecutó en 96% de los gastos de funcionamiento, pero apenas el 86% de los gastos de inversión y la ejecución ha sido lenta durante lo corrido de 2024 especialmente en materia de inversión.
Si bien el mismo Gobierno ha señalado el enorme peso del pago del servicio de la deuda en el presupuesto, la modificación de la Regla fiscal en la Ley de Financiamiento supondría un nuevo endeudamiento en por lo menos 6 billones de pesos.
Y, aunque el primer mandatario habla de renegociación de la deuda o del canje de deuda por acción climática, estas propuestas están lejos de ser consideradas, no solamente por los acreedores sino por funcionarios del propio Gobierno. Ejemplo de ello es el ministro Bonilla, quien el mismo día que Petro se reunía con la directora del FMI, Cristalina Georgieva, señaló que Colombia no renegociaría la deuda, en contravía de lo que el Presidente había anunciado en abril de 2024.
En estas condiciones, el gobierno nacional se encuentra en una encrucijada difícil de resolver. Aunque la única salida realista parece ser la reducción del gasto, esta dificultaría enormemente la concreción de algunas reformas, como las de la salud o la pensional, que pueden implicar erogaciones crecientes.
El aplazamiento del alza del ACPM, la promesa de subsidiar las tarifas de energía en la Costa Atlántica, aumentar los ingresos reales de las universidades públicas o una compra masiva de tierra son de difícil ejecución y el presupuesto 2025 se perfila como una limitante importante para los planes gubernamentales.
