Gasto público en 2025: el ajuste cayó sobre la inversión y dejó señales de fragilidad fiscal
El gasto público en 2025 estuvo marcado por un contexto fiscal restrictivo. Ante el menor recaudo frente a las metas oficiales, el aumento del déficit y las crecientes presiones de financiamiento, el Gobierno Nacional aplicó un ajuste presupuestal que terminó concentrándose, una vez más, en la inversión pública.
El resultado no fue solo contable. La forma en que se ejecutó el ajuste sobre el gasto público en 2025 deja implicaciones económicas de fondo: menor inversión estatal en un momento de debilidad productiva y mayor presión fiscal hacia 2026.
Aplazamientos por $16,2 billones: el ajuste se concentró en la inversión
De los recursos definidos inicialmente para el gasto público en 2025 se aplazaron aproximadamente $16,2 billones del Presupuesto General de la Nación. La apropiación vigente pasó de $526,7 billones a $510,5 billones. La distribución del aplazamiento del gasto público en 2025 fue la siguiente:
- Funcionamiento: $9,6 billones
- Inversión: $6,6 billones
- Servicio de la deuda: sin ajustes significativos
Aunque en términos absolutos el mayor aplazamiento del gasto público en 2025 estuvo en funcionamiento, en términos relativos el impacto fue más fuerte sobre la inversión pública. La inversión registró una reducción cercana al 7,8% frente a su apropiación inicial, mientras que el gasto de funcionamiento cayó alrededor de 2,9%.
Este patrón confirma una característica estructural del presupuesto colombiano: el gasto en funcionamiento, transferencias obligatorias y servicio de la deuda tiene menor margen de maniobra, por lo que la inversión termina absorbiendo el ajuste en contextos de restricción fiscal.
Ejecución desigual: la inversión quedó rezagada
En términos de ejecución, el gasto público en 2025 registró: compromisos: $496,6 billones, obligaciones: $448,4 billones y pagos: $447,6 billones.
Los compromisos son actos administrativos mediante los cuales el Estado adquiere una obligación futura de pago; las obligaciones son el reconocimiento formal de que el servicio fue prestado o el bien fue entregado; y los pagos son los desembolsos efectivos de recursos.
Estos tres niveles permiten evaluar la calidad de la ejecución. Un presupuesto puede mostrar compromisos elevados, pero si las obligaciones y pagos son bajos, se generan rezagos presupuestales (reservas o cuentas por pagar) que trasladan presiones de caja a la siguiente vigencia.
La ejecución total del gasto público en 2025 fue cercana al 87,7%. Sin embargo, al desagregar por tipo de gasto aparecen diferencias importantes. Mientras el gasto de funcionamiento alcanzó niveles de ejecución cercanos al 91,8% y el servicio de la deuda alrededor del 92,8%, la inversión mostró un desempeño mucho más bajo.
De una apropiación vigente de $78,1 billones en inversión, solo se obligaron $50,2 billones, lo que equivale a una ejecución de 63,6%. Es decir, quedaron sin ejecutar cerca de $27,9 billones. Este nivel se ubica entre los más bajos de los últimos años y confirma que el ajuste fiscal de corto plazo se materializó principalmente vía contención de la inversión pública.
¿Qué implica el ajuste por inversión del gasto público en 2025?
La inversión pública cumple un papel contracíclico. En economías donde la inversión privada está débil (como ocurre actualmente) el gasto estatal en infraestructura, innovación, transición energética y desarrollo regional puede sostener el crecimiento. Reducir o aplazar inversión tiene efectos que van más allá del año fiscal:
- Menor dinamismo en infraestructura logística.
- Impacto en empleo formal.
- Retraso en proyectos estratégicos.
- Menor capacidad de diversificación productiva.
- Reducción del crecimiento potencial.
En el gasto público en 2025, sectores como industria, minería y construcción mostraron debilidad relativa y baja ejecución de la inversión pública lo cual amplificó la desaceleración.
Le puede interesar: Petro insiste en importaciones de gas desde Venezuela como parte de los acuerdos con Washington
El problema no termina en 2025: rezagos hacia 2026
Otro elemento clave es la acumulación de rezagos presupuestales. La baja ejecución del gasto público en 2025 genera reservas y cuentas por pagar que trasladan presiones de caja hacia 2026.
En términos prácticos, parte del gasto no ejecutado en 2025 deberá financiarse el próximo año, reduciendo el margen fiscal disponible para nuevas políticas públicas. Este efecto puede generar un círculo fiscal adverso pues menor ejecución de inversión lleva a mayor presión fiscal futura, menor espacio para nuevas inversiones y menor crecimiento potencial.
Un ajuste que refleja un problema estructural
El comportamiento del gasto público en 2025 no es solo un tema de administración presupuestal. Refleja una tensión estructural entre:
- Crecimiento económico moderado.
- Recaudo insuficiente frente a metas.
- Rigidez del gasto.
- Alto peso del servicio de la deuda.
La sostenibilidad fiscal no puede basarse exclusivamente en contener la inversión pública. Sin una estrategia que fortalezca la base productiva, impulse la inversión estratégica y amplíe la capacidad de crecimiento, el ajuste tiende a recaer reiteradamente sobre el componente más flexible del presupuesto. Y cuando el ajuste cae sobre la inversión, el riesgo no es solo fiscal: es productivo y social.
Siga leyendo: Pacto por el Crédito: créditos más caros para quienes más los necesitaban
