La Iglesia Católica propone que los países pobres no paguen la deuda externa: ¿la campaña Jubileo Deuda 2025 hará el milagro?
La iglesia católica propone aliviar la deuda de países en desarrollo en el marco del año del jubileo. La iniciativa podría mejorar la situación económica de unas 3.300 millones de personas.
La Campaña en el año de Jubileo sobre la deuda es una iniciativa global que busca que la deuda pública deje de ser una carga que impida la realización de los derechos humanos en los países menos desarrollados.
En el marco de la Campaña, el pasado 31 de julio se llevó a cabo el webinar “Colombia camina hacia el jubileo de la deuda 2025”, impulsado por Cáritas Internacionales y aliados como Latindadd, el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), el cual se presentó como una respuesta al llamado del Papa Francisco para abordar la creciente crisis de la deuda.
En el marco del año de jubileo católico de 2025, un tiempo de renovación, perdón y justicia, la campaña impulsada por la iglesia católica se propone «Transformar la deuda en esperanza». En América Latina, se refuerza con el lema «En deuda con los derechos» y la prioridad de la «vida antes que la sostenibilidad de la deuda».
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El año de Jubileo: Un llamado a la justicia por parte de la iglesia católica
Más de 50 países en el mundo invierten más en el pago de intereses de la deuda que en salud y educación, afectando a aproximadamente 3.300 millones de personas. Ante esta clara crisis, la Campaña en el año de Jubileo contra la deuda se alinea con la misión de Cáritas y otras organizaciones para promover un desarrollo integral de justicia social, económica y ambiental, especialmente para las personas más pobres y excluidas.
Los objetivos globales de la campaña son tres: primero, detener la crisis de deudas injustas sin condiciones de políticas económicas, lo que implica sensibilización, formación y acciones de incidencia; segundo, evitar que estas crisis se repitan abordando sus causas profundas; y tercero, establecer un marco mundial permanente, transparente y vinculante para la resolución del problema de la deuda.
La campaña en el año de jubileo invita a individuos e instituciones a firmar una petición en la página web de la campaña, buscando aliados mundiales y visibilizar la temática. Cáritas Internacionales, líder de la campaña desde Roma, ofrece un kit de apoyo con información relevante y organiza eventos globales y regionales, como el «Relevo de Esperanza», para sensibilizar e incidir.
La deuda externa en América Latina es un peso insostenible para los derechos humanos
Patricia Miranda, coordinadora del área de arquitectura financiera de Latindadd, detalló en el webinar que hay un incremento tanto de la deuda externa como interna, junto con un alto costo del endeudamiento en las economías latinoamericanas.
Los países de América Latina y el Caribe destinan en promedio el 35% de sus ingresos al pago del servicio de la deuda pública, superando 2,3 veces el gasto en educación, 2,7 veces el gasto en salud y protección social.
La gobernanza de la deuda actual, liderada por instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, está centrada en los acreedores. Las agencias de calificación crediticia también ejercen un rol importante, impactando los costos del endeudamiento y las tasas de interés
Desde 2019, América Latina experimenta transferencias netas negativas, lo que significa que están saliendo más recursos de los que entran debido al servicio de la deuda. La tasa de interés promedio de los nuevos compromisos de deuda externa puede llegar al 9%, siendo las tasas de acceso para América Latina 2,5 veces mayores que las de Estados Unidos.
Esta situación está vinculada con la financiarización, la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos, los beneficios tributarios a empresas transnacionales y la dependencia del sector extractivo. En consecuencia, la deuda agrava la pobreza y la desigualdad, provocando un retroceso en la Agenda 2030.
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Colombia ante la deuda externa y el FMI: entre la inflexibilidad fiscal y el desarrollo económico
Jorge Coronel López, asesor del Ministerio de Hacienda, señaló que la pandemia afectó severamente las finanzas públicas, con un crédito de USD 5.700 millones del FMI, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y subsidios energéticos como factores que aumentaron la deuda. Esta pasó del 60% del PIB en 2020 a una proyección de 61,3% en 2025.
Destacó la inflexibilidad del gasto público, donde el 90% del funcionamiento es obligatorio y la deuda “se paga porque se paga”, dejando el gasto social como residual y abriendo el debate sobre priorizar pagos frente a garantizar derechos humanos.
El gasto social se vuelve «residual» frente a estas prioridades de pago, generando un debate sobre si un país es responsable financieramente por pagar la deuda, pero no necesariamente por garantizar los derechos humanos.
Enrique Daza, director del Centro de Estudios del Trabajo, matizó que, comparativamente, la deuda de Colombia no es la más alta globalmente, pero su gravedad radica en la capacidad de pago del país, que depende de la fortaleza de su aparato productivo.
Daza criticó la persistente influencia del FMI en la política económica colombiana, que prioriza la estabilidad de la inversión extranjera sobre el desarrollo productivo, llevando a la desindustrialización y reprimarización.
Para el director de Cedetrabajo, la solución estructural a la deuda no solo pasa por la redistribución de recursos, sino por el fomento del crecimiento del aparato productivo, pues ha faltado un abordaje estructural y una búsqueda de unidad con otros países deudores en escenarios internacionales para un replanteamiento de la deuda.
Propuestas y el camino hacia una nueva arquitectura financiera
La campaña propone una transformación profunda de la arquitectura financiera internacional. Su demanda central es una Convención Marco de deuda soberana en Naciones Unidas, que garantice un espacio democrático donde todos los países, acreedores y deudores, decidan con igualdad de voto, reemplazando el sistema actual dominado por el principio de “dólar un voto”.
Entre las medidas inmediatas plantean alivio y reducción del servicio de la deuda, con cancelaciones y cláusulas especiales ante crisis, así como mecanismos de renegociación independientes, transparentes y vinculantes. También piden ampliar el acceso a financiamiento concesional para países de ingreso medio, aumentar la emisión de derechos especiales de giro (DEG) y cumplir los compromisos de ayuda oficial al desarrollo.
Más allá de la condonación, exigen reformas sistémicas: tributación progresiva, combate a flujos financieros ilícitos, regulación de agencias calificadoras y una reforma estructural de la deuda con visión de sostenibilidad. Finalmente, proponen crear un club de deudores para fortalecer la negociación colectiva e intercambiar experiencias, preferiblemente en el marco de la convención propuesta.
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