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domingo, 10 de noviembre de 2024
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Inseguridad alimentaria en el campo: 15,5 millones de personas no acceden a las tres comidas diarias

Durante el último año, más del 40% de los hogares en el país han enfrentado inseguridad alimentaria experimentando dificultades para acceder a alimentos en cantidad y calidad suficientes. De estos hogares, el 36% son liderados por mujeres y están ubicados en áreas rurales.

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Colombia se encuentra entre los nueve países de América Latina y el Caribe con los más altos niveles de inseguridad alimentaria, según un informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC). Este fenómeno no es simplemente la falta de acceso a alimentos, sino que refleja una estructura económica profundamente desigual. La inseguridad alimentaria en Colombia está entrelazada con factores como la pobreza, la concentración de la tierra y la falta de subsidios a la producción agrícola local.

La inseguridad alimentaria en Colombia se agrava, afectando desproporcionadamente a varias regiones del país. Un alarmante 59,7% de la población de La Guajira se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave, seguido por Sucre con 47,9%, Atlántico con 46,1%, Magdalena con 45,3% y Chocó con 43, 2%, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2022.


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Condiciones que agravan la inseguridad alimentaria

Los hogares con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria presentan características que los hacen más vulnerables. Entre estas, la ubicación geográfica juega un papel fundamental, ya que las áreas rurales son las más afectadas: 33 de cada 100 hogares en estas zonas enfrentan inseguridad alimentaria, lo que representa 6 puntos porcentuales más que en las ciudades. 

Además, el tamaño del hogar influye en la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; A medida que el hogar crece, también lo hace el riesgo. En los hogares con cinco o más miembros, se alcanza una tasa de 40 de cada 100, lo que equivale a aproximadamente 2,48 millones de personas que enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria. 

La presencia de menores, adultos mayores o personas con discapacidad aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria. En hogares con un menor de cinco años, la probabilidad de enfrentar esta situación es del 36,5%, frente al 26,3% en hogares sin menores. Para aquellos con al menos un menor de 18 años, la cifra es del 32,8%, comparado con el 23,6% sin niños. 

Otro factor clave es el nivel educativo y el acceso a la seguridad social. Los hogares con menores niveles educativos enfrentan una inseguridad alimentaria del 48%, mientras que el 45% de los hogares no afiliados a la seguridad social padecen esta problemática. Esta situación resalta la vulnerabilidad de estos hogares, ya que la falta de educación y protección social limita su capacidad para acceder a recursos y oportunidades que podrían mejorar su seguridad alimentaria.


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¿Por qué a pesar de ser un país agrícola, Colombia enfrenta problemas de hambre y desnutrición?

La política de libre comercio ha transformado la producción agropecuaria en Colombia, promoviendo una especialización en productos tropicales mientras se incrementa la dependencia de insumos y alimentos básicos, como los cereales. Esta dependencia amenaza la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que son insumos estratégicos en las cadenas de producción de la industria alimenticia.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2019, se sembraron un total de 5.311.977 hectáreas, donde los cultivos agroindustriales ocuparon la mayor proporción (41,2%), seguidos por los cereales (18,5%) y otros cultivos. Esta distribución resalta una tendencia hacia la producción de cultivos orientados a la exportación, en detrimento de la diversidad agrícola necesaria para garantizar una alimentación en el país.

Entre 2012 y 2023, Colombia ha dependido significativamente de las importaciones, especialmente de América del Norte, de acuerdo con el DANE. Este bloque regional concentra un impresionante 74.27% del total de las importaciones colombianas, lo que indica una fuerte relación comercial con países como Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a los productos, el trigo se destaca como el principal producto importado, representando un 48.58% del total. Esto sugiere que Colombia no produce suficiente trigo para satisfacer su demanda interna, especialmente en sectores como la panificación y la producción de alimentos procesados. Le sigue el maíz duro amarillo, otro grano fundamental en la alimentación, con una participación del 23.55%.

El aumento sostenido de las importaciones de alimentos en Colombia plantea interrogantes sobre la seguridad alimentaria del país. La creciente dependencia de productos agrícolas provenientes del exterior expone al sistema alimentario nacional a una mayor vulnerabilidad frente a shocks externos, como fluctuaciones en los precios internacionales, cambios en las políticas comerciales o eventos climáticos adversos.

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Colombia se alinea con el tratado internacional de semillas en la COP16, ¿esto mejorará la inseguridad alimentaria?

La reciente inclusión de Colombia en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) representa un desafío significativo para el gobierno colombiano, ya que se contrapone a los intereses estadounidenses en relación con la biodiversidad del país, tal como se establece. en el Tratado de Libre Comercio (TLC). Esta situación podría generar tensiones entre la necesidad de proteger y gestionar de manera sostenible los recursos fitogenéticos y las obligaciones comerciales.


El (TIRFAA) es un acuerdo global que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, que son esenciales para la producción de alimentos.Este tratado promueve la cooperación internacional para asegurar el acceso a estos recursos, al tiempo que promueve el respeto los derechos de los agricultores y las comunidades locales que han cultivado y mantenido estas variedades durante generaciones.

En el TLC entre Colombia y Estados Unidos, se autorizó a Estados Unidos a patentar genes aislados, lo que le otorga la propiedad y control exclusivos sobre los recursos genéticos de origen colombiano, de acuerdo con su legislación e intereses. Además, cualquier controversia relacionada con la biodiversidad colombiana deberá ser resuelta en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Un ejemplo concreto de cómo el patentamiento de semillas afecta la soberanía colombiana es el caso del maíz transgénico, como el maíz Bt desarrollado por la empresa Monsanto (ahora parte de Bayer). Esta variedad ha sido modificada genéticamente para resistir plagas, y al patentarla, Monsanto obtiene derechos exclusivos sobre su uso y distribución.

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Esto obliga a los agricultores colombianos a comprar estas semillas a un costo elevado, limitando su capacidad para cultivar variedades propias y sujetándolos a restricciones sobre cómo pueden sembrar y comercializar su producción. Esta dependencia de semillas comerciales extranjeras no solo compromete la soberanía agrícola del país, sino que también puede desplazar variedades nativas y tradicionales que son cruciales para la seguridad alimentaria

Estados Unidos no ha ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), lo que implica que no reconoce la soberanía de Colombia sobre sus recursos genéticos. Esto significa que cualquier decisión que tomé Colombia respecto al acceso, desarrollo y protección de estos recursos puede ser ignorado por Estados Unidos. Así, después de más de dos años y ante una promesa clave de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) lo cual no se ha cumplido, el gobierno de Petro se enfrenta a un dilema: debe decidir si incumplir con las expectativas de Estados Unidos o priorizar la protección de la biodiversidad y soberanía alimentaria.