Desafíos económicos, sociales y climáticos en América Latina: claves para lograr justicia fiscal, según expertos
Más de 150 expertos y representantes de movimientos sociales de América Latina y el Caribe analizaron en los primeros días de diciembre el balance y las perspectivas en materia de justicia fiscal, económica y climática.
Los primeros días de diciembre se desarrolló en Lima la Conferencia Programática de la Red Latinoamericana por justicia económica y social (Latindadd), con la participación de expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para evaluar el contexto económico, político, ambiental y social de la región.
De acuerdo con los organizadores del evento, América Latina y el Caribe enfrentan desafíos en justicia fiscal, económica y climática, gracias a un contexto global marcado por profundas desigualdades y un sistema económico que perpetúa la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos.
En este panorama, el reciente avance en la ONU hacia una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional representa una oportunidad para que los países del Sur Global, incluida nuestra región, aboguen por un sistema tributario más equitativo e inclusivo.
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El contexto global y la relevancia regional
La decisión de 125 países en la ONU para iniciar negociaciones sobre una convención fiscal inclusiva resalta el cansancio global con un sistema tributario internacional que favorece a las grandes economías y corporaciones transnacionales.
Aunque un grupo minoritario de países, principalmente de la OCDE y algunos paraísos fiscales, votó en contra, los países del Sur Global, a menudo marginados en foros como la OCDE, han encontrado en la ONU un espacio más democrático para defender sus intereses fiscales.
En América Latina y el Caribe, el impacto de las desigualdades fiscales es especialmente agudo. La región sigue siendo la más desigual del mundo, con una evasión fiscal estimada en cientos de miles de millones de dólares anuales, principalmente a través de flujos financieros ilícitos y el uso de paraísos fiscales.
Este drenaje de recursos debilita la capacidad de los Estados para invertir en educación, salud, infraestructura y mitigación del cambio climático. Para María Cecilia Bartholin, de la Asamblea AL mejor sin TLC-Chile señala que “Es momento de luchar juntos y apostar por una nueva legislación, una nueva forma de ver el comercio, en Chile se ha destruido la industria y ahora se está destruyendo la agricultura. Hay 120 comunas que tienen escasez hídrica y el Estado no responde, este Estado, como todos los anteriores, han entregado todo a las transnacionales, sin escuchar a los pueblos”.
Justicia climática: un imperativo regional
En paralelo, la región enfrenta un doble desafío climático. Por un lado, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, desde sequías hasta huracanes devastadores. Por otro lado, conserva ecosistemas clave como la Amazonía, cuya preservación es vital para la estabilidad climática global. Sin embargo, las soluciones climáticas sostenibles requieren recursos financieros significativos, que a menudo escasean debido a las mismas desigualdades económicas y fiscales estructurales.
Sin embargo, las soluciones a la vista dejan dudas, para Eva Martinez, abogada y oficial de Programa de Justicia Económica y Género de CDES, “Los canjes de deuda se presentan como si fueran instrumentos innovadores para afrontar el problema de la deuda. Uno de sus grandes problemas es que no tiene beneficio para las comunidades desde el inicio ni espacios de participación/observación”.
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El papel de las organizaciones sociales
En este contexto, la reciente Conferencia Programática de Latindadd subraya la importancia de la articulación entre organizaciones sociales de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones no solo impulsan propuestas transformadoras, sino que también construyen una masa crítica capaz de influir en los debates internacionales.
Así lo señaló Laura Giannecchini, de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE-Brasil): “Tenemos que articularnos para pensar en una justicia fiscal para la realización de los derechos humanos y los derechos sociales”.
Temas como la justicia fiscal, los flujos financieros ilícitos, la transición justa hacia economías sostenibles y la gobernanza tributaria global fueron el eje central de las discusiones, que combinaron mesas de trabajo, paneles y diálogos con representantes de movimientos sociales, académicos y congresistas. Este enfoque multiactor es esencial para identificar soluciones inclusivas y movilizar una voz regional unificada.
Un momento de unidad y acción colectiva
La votación en la ONU y los debates regionales recientes destacan un mensaje claro: los países del Sur Global, incluidos los de América Latina, no deben ceder en la lucha por un sistema tributario y económico justo. Como señaló Luis Moreno de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, «es hora de deshacernos de un sistema tributario internacional obsoleto y disfuncional que perpetúa la injusticia económica».
El diálogo y la acción conjunta entre gobiernos, movimientos sociales y organizaciones regionales serán cruciales para aprovechar esta oportunidad histórica. La justicia económica, fiscal y climática no solo son metas alcanzables, sino también pilares fundamentales para garantizar un futuro sostenible y equitativo para la región y el mundo.
