El Plan Nacional de Desarrollo «Colombia Potencia Mundial de la Vida» presentado por el presidente Gustavo Petro menciona la palabra «biodiversidad» 129 veces. Sin embargo, más allá del discurso, surge la pregunta: ¿cuánto se ha cumplido en términos de medio ambiente y biodiversidad en beneficio de los colombianos?

La biodiversidad se compone de tres dimensiones que abarcan su complejidad: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Es la variedad de la vida y de los procesos naturales que la sostienen, y es crucial para la agricultura y la alimentación, la salud, la biotecnología, la disponibilidad de agua, y el disfrute de la naturaleza. Además, está vinculada a una multitud de actividades que hacen posible el desarrollo humano.

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Una de las metas más ambiciosas del PND es la de “ordenar el territorio alrededor del agua”. No obstante, según datos de la plataforma Sinergia del Departamento Nacional de Planeación, el avance en esta área tras dos años de gobierno es de apenas un 20%.

En su informe al Congreso el 20 de julio, el presidente presentó como avances dos acuerdos: uno en la Amazonía, para proteger las selvas tropicales del Caquetá, firmado con autoridades ambientales locales y nacionales en un contexto de conflicto armado y cultivos ilícitos que obstaculizan la protección ambiental en la región; y otro en la Mojana Sucreña, firmado con organizaciones comunitarias y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Sin embargo, este último ha tenido un impacto limitado en las comunidades afectadas por las inundaciones, no ha resuelto la crisis provocada por el boquete de Caregato, en medio de la tragedia de las personas, productores agropecuarios, comunidades enteras y afectaciones graves a la flora y fauna de la región; todo este proceso se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. La Contraloría ha iniciado tres procesos de responsabilidad fiscal a la UNGRD por $51.013 mil millones en relación con estos problemas.

Por otro lado, no se observan avances en la protección y descontaminación del río Bogotá, donde la falta de coordinación entre la alcaldía y el gobierno nacional ha llevado a la desarticulación de esfuerzos. A pesar de esto, se continúan aprobando proyectos que amenazan la estabilidad de ecosistemas como humedales, páramos y reservas, debido a la presión de multinacionales y constructoras.

No hay planes concretos para el manejo de las cuencas hidrográficas del país ni inversiones estatales significativas para su cuidado, reforestación, investigación y protección. Sin embargo, se siguen otorgando concesiones de agua a multinacionales de alimentos y bebidas como Coca-Cola Femsa, mientras que las personas sufren escasez de agua y dependen de suministros de carrotanques, como en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

La soberanía ambiental sobre nuestros ecosistemas de páramo, como el de Santurbán en Santander, está en peligro debido a la amenaza de una multinacional minera. Asimismo, el Parque Nacional Natural Gorgona enfrenta riesgos con la posible construcción de una estación militar financiada y asesorada por Estados Unidos, lo que pone en peligro la biodiversidad, las comunidades locales, y el estatus de área protegida del parque. Esta situación es liderada por la ministra Susana Muhamad y el presidente Gustavo Petro, quienes, aunque promueven la «paz con la naturaleza», siguen adelante con proyectos que son perjudiciales para el país y su riqueza natural.

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En cuanto a la deforestación, el gobierno informó una reducción significativa del 25% al 35% en 2023 en comparación con 2022. No obstante, estas cifras están en discusión, y Colombia sigue estando entre los diez países con mayor deforestación. Además, la deforestación también afecta áreas protegidas, lo que pone en duda la capacidad del Estado para administrar y proteger adecuadamente estas zonas cruciales para la conservación de la biodiversidad.

En 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la dirección de la ministra Susana Muhamad, reportó un pico histórico de deforestación entre enero y marzo, con la pérdida de aproximadamente 109,000 hectáreas de bosque. Este retroceso pone en riesgo ecosistemas estratégicos como el Amazonas y la Orinoquía, y plantea serias dudas sobre la eficacia de los acuerdos para combatir la deforestación.

Otra preocupación relacionada con la biodiversidad es el control de las especies invasoras en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo no contiene metas ni estrategias claras para abordar este problema, que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el planeta y uno de los temas ambientales más polémicos en Colombia. A pesar de que existe un plan para manejar la población de hipopótamos (Hippopotamus amphibius), este no se ha implementado por completo, y los intentos de esterilización han sido costosos y poco efectivos.

Siguen en riesgo diferentes especies de la cuenca del río magdalena, entre los principales daños ambientales que se han identificado por la presencia de Hipopótamos son afectaciones a poblaciones de manatíes, la contaminación del agua con heces afectando la calidad y disponibilidad de oxígeno en el agua, lo que pone en riesgo a los peces y afecta a los pescadores de la cuenca, además, el excremento del animal puede trasmitir a las personas enfermedades como brucelosis, malaria, paludismo y leptospirosis, sin contar los confinamientos de niños y adultos en escuelas y casas, ya que esta especie es territorial y por lo tanto agresiva en el terreno donde se encuentra.

Aunque la palabra biodiversidad es muy usada en el Plan Nacional de Desarrollo no implica que se estén adelantando políticas claras frente al reto que es vivir en un país megadiverso, urge poner como prioridad nuestros ecosistemas, la soberanía ambiental, hacer inversiones estatales importantes para el ambiente y su planificación, protección y recuperación, no permitir la injerencia de potencias extranjeras en las decisiones ambientales y tomar decisiones para implementar soluciones concretas ante las problemáticas ambientales actuales como escasez de agua, deforestación, pérdida de biodiversidad, afectaciones por fenómenos climáticos como el de La Niña, El Niño y eventos climáticos extremos. También es fundamental evitar que los fondos destinados a la gestión del riesgo se pierdan en corrupción.

Con la COP16 a la vista, los colombianos esperan la cancelación del proyecto militar en Gorgona y otros proyectos de tipo militar que se están adelantando en la Amazonía y el Pacífico, que son percibidos como intentos de dominación y guerra por parte de Estados Unidos.