La tolerancia de la sociedad ante la llamada “cultura” de maltrato y de violencias en los ámbitos educativos se refleja muy bien en el dicho popular que reza, “la letra con sangre entra”. 

Por muchos años los propios padres de familia aprobaron el maltrato físico y emocional de niños, niñas y adolescentes, para que los educadores de la época hicieran de ellos “buenas personas”. Esta manera de “formación” pudo haberse creído extinta, inexistente en las universidades o tan solo en uso por las instituciones castrenses. Nada más equivocado. 

Sin embargo, resultaría inaceptable por estos días que enviemos a nuestros hijos a una institución educativa para que sean maltratados o les mancillen su dignidad, pues —de antemano hay que decirlo— así no se forma ni se forja nada positivo en el carácter de un ser humano. 

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La educación del talento humano en salud de Colombia padece este tipo de enseñanza. No son meras “formas de proceder” al intentar transmitir el conocimiento, normalizadas en algunas conversaciones de pasillo y entrevistas por estos días. Auxiliares, profesionales de distintas áreas no médicas, médicos generales y especialistas dan cuenta de ello, con ocasión de un hecho que enluta al país, la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez, víctima de suicidio. 

Aunque es conocido que los trabajadores de la salud tenemos mayor riesgo de padecer enfermedades mentales como ansiedad y depresión, no es menos notorio que las causas de las conductas autolesivas son múltiples, que no necesariamente existe un diagnóstico clínico de patología psiquiátrica y que está claro que la sobrecarga laboral, la violencia y el acoso, también son causas relevantes. No debe haber más excusas solapadas en esta conversación nacional.   

Es aún más preocupante que sea en el proceso de formación de especialistas en el cuidado de la salud donde sea frecuente el maltrato por parte de docentes, otros profesionales médicos o compañeros del mismo posgrado, residentes mayores. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, “la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo”. Por tanto, no es aceptable ningún comportamiento de este tipo en las aulas o en los sitios de práctica. 

Los médicos residentes, en alusión a que viven en los hospitales, son profesionales de la medicina en formación de postgrado y hasta hace poco no tenían derechos laborales, ni pago por su trabajo o seguridad social en Colombia, a pesar de los turnos nocturnos, fines de semana o festivos en los que deben prestar su servicio. La reciente ley de residentes alivió un poco está situación, pero no se ocupó a profundidad de las complejas condiciones que se suelen afrontar. 

Datos recientes en nuestro país muestran un elevado número de quejas por parte de los pacientes contra sus médicos. Estos afirman sentirse maltratados en la consulta o describen una precaria forma de relacionamiento. 

Hubo un cambio negativo de la relación médico-paciente en las últimas décadas, mediada por un sistema de salud que, bajo la Ley 100, ha impuesto múltiples barreras entre los dos.  Hoy parece utópico, pero los médicos solíamos acompañar por largos años a los enfermos, hasta en el momento mismo de su muerte. ¿Hay alguna relación entre esta realidad y la que está en discusión? Me temo que sí y mucha. 

La reflexión es necesaria. Una discusión amplia debe darse y sin estigmatizaciones, pero las medidas adecuadas a corto y mediano plazo son urgentes, primordialmente con el fin de prevenir desenlaces tan dolorosos. Las instituciones educativas y hospitalarias deben asumir su responsabilidad con hechos, no con excusas y generalizaciones destempladas.

Las autoridades no se pueden quedar en promesas y lamentaciones. Un debate aplazado o ignorado en las últimas reformas de la salud, tiene que ver con el sistema de residencias médicas en Colombia. La insuficiencia en la oferta de cupos, su clientelización, los elevados costos y la consecuente carencia de algunas especialidades, son aspectos que hace cuatro años —en plena pandemia de Covid-19— parecían obviedades.

Todo está para ser discutido, cambiado si es pertinente, pero falta la voluntad política, que por tozudez y cálculo electorero el gobierno actual no va a lograr.