La preocupante ejecución del presupuesto en Colombia este 2023
Este 2023, la ejecución del presupuesto ha sido baja, y eso que se pidió plata adicional y se buscó aumentar el recaudo de impuestos.
Por medio de la Ley 2276 de 2022, se estableció un presupuesto inicial de COP $405,6 billones para el año 2023. Adicionalmente, en el primer semestre de este año se realizó una modificación que incrementó el monto en COP $285 mil millones.
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Además, durante el primer semestre de 2023 se aprobó una adición presupuestal de COP $16,9 billones al PGN 2023, que lo elevó a $422,5 billones, la cual no ha sido tenida en cuenta en los informes presentados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Es importante aclarar que el presupuesto de 2023 corresponde a lo programado por el gobierno anterior y no refleja plenamente las prioridades del Plan de Desarrollo del actual gobierno. Incluso, muchos de los gastos fueron determinados por la anterior administración.
Sin embargo, resulta inquietante que, a pesar de los esfuerzos por incrementar los recursos disponibles, la capacidad de las entidades para ejecutar los proyectos y programas contemplados en el presupuesto siga siendo tan limitada.
Ejecución del presupuesto: énfasis en pago de deuda y funcionamiento del gobierno
Las cifras de ejecución del presupuesto hasta el mes de julio, presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestran que se ha comprometido apenas el 57,5% de los recursos y que los pagos realizados fueron del 47,4%.
Cuando se observa la ejecución del presupuesto sin deuda se tiene que, hasta julio, se habían comprometido el 55,5% de los recursos y se habían pagado el 43,5% de los recursos para funcionamiento e inversión.
De las apropiaciones de funcionamiento se comprometió el 54,2% de los recursos y se pagó 46,7% del total apropiado.
De la apropiación del servicio de la deuda se comprometió el 65,9%, se obligó el 65,7% y se pagó el 63,7%.
De la apropiación definitiva en inversión se comprometió el 59,8%, se obligó el 33,6% y se pagó el 32,5%.
Históricamente, la asignación presupuestaria ha estado sujeta a múltiples factores, incluyendo obligaciones de deuda, gastos operativos y proyectos de inversión.
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Infraestructura, uno de los sectores relegados en materia de inversión
La distribución y la ejecución del presupuesto se ha inclinado hacia los rubros de funcionamiento burocrático, la mantención del Estado y el pago de deuda, y se ha relegado la inversión que se necesita en infraestructura, educación e investigación, entre otros.
Las apropiaciones vigentes para 2023 dejaron recursos por COP $253,7 billones para funcionamiento, COP $78 billones para el servicio de la deuda y COP $74,2 billones para inversión.
Una de las principales consecuencias de esta ejecución es la limitada capacidad para impulsar el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Según el Centro de Estudios del Trabajo, la baja ejecución del presupuesto tiene que ver también con los cambios en la nómina de las principales entidades, la falta de definición sobre muchos programas gubernamentales y la inexperiencia de muchos de los funcionarios.
Por su parte, Corficolombiana afirmó que la ejecución del presupuesto en estas condiciones no ha jugado un papel importante en la reactivación de la economía, la promoción del empleo y el fomento de la producción.
En especial, hay retrasos en la construcción de infraestructuras claves, incertidumbre en cuanto al costo de las reformas y una pérdida de confianza por parte de muchos empresarios sobre el alcance de dichas reformas, las cuales han tenido múltiples obstáculos en el Congreso.
La inversión juega un papel crucial en la generación de empleo, el fomento de la innovación y el aumento de la productividad. Si los recursos se concentran en el pago de deuda y en el funcionamiento del gobierno, se restringe la posibilidad de impulsar proyectos que contribuyan al avance económico y social a largo plazo.
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