Las mujeres son una de las poblaciones más afectadas por la elusión de impuestos

Ayer, 14 de marzo, comenzó la sexta edición de los Días de Acción Global, una iniciativa organizada por la Alianza por la Justicia Global (GATJ, por sus siglas en inglés) en colaboración con sus redes regionales en Asia, Europa, América Latina y el Caribe y la Coalición FACT, que busca fortalecer los movimientos de justicia fiscal y justicia de género en el mundo y que finaliza el 25 de este mes. 

Según la GATJ, aunque las ediciones pasadas de esta campaña han movilizado una gran red de activistas y defensores de los derechos de las mujeres, la que tiene ocasión en 2022 es más significativa. “En medio de las crisis mundiales desencadenadas por la pandemia y por hechos posteriores, nuestro reto es mostrar la urgencia de actuar en favor de la justicia fiscal y de la justicia de género. El objetivo de la sexta edición de los Días de Acción Global es exigir que los impuestos funcionen para las mujeres”, afirmó Caroline Othim, coordinadora global de la campaña de GATJ y experta en asuntos de género.

Según los datos aportados por la organización, “la crisis ya ha hecho retroceder el objetivo de alcanzar la paridad de género en 135 años, cuando antes era de 99 años. Lo que hace que esta situación sea aún más dura es que las mujeres, como en todas las crisis, tienen que absorber el impacto del trabajo de cuidado no remunerado. Este es uno de los factores que las mantiene en la parte baja de la economía mundial”. 

Durante el primer panel, denominado Justicia fiscal por una recuperación feminista y transformativa, mujeres pertenecientes a la GATJ de distintas regiones del mundo compartieron sus opiniones al respecto.

A continuación presentamos las principales intervenciones.

Para la coordinadora global de la GATJ, Caroline Othim, “es urgente que los gobiernos y las instituciones multilaterales actúen en favor de la justicia fiscal y los derechos de las mujeres. La justicia fiscal es una herramienta fundamental para combatir la desigualdad y la pobreza”. A su juicio, esto requiere hacer frente a los abusos fiscales de las multinacionales y las personas más ricas del mundo, que son los principales elusores de impuestos. 

De acuerdo con el reporte La desigualdad mata que publicó Oxfam —un movimiento mundial formado por personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza— el 17 de enero de 2022, desde que comenzó la pandemia, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. En cambio, los ingresos del 99% de la humanidad han empeorado a causa del COVID-19. 

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Por su parte, la coordinadora de investigación y promoción de políticas de género de Tax Justice Africa, Chenai Mukumba, comentó al respecto: “con la evasión y elusión de impuestos los países están perdiendo recursos importantes para financiar los servicios básicos de la población, promover el desarrollo económico y mitigar la desigualdad de género. Se dejan de recoger cerca de 900.000 millones de dólares a nivel mundial. Y quienes resultan más afectadas son las mujeres”. 

En este punto coincidió Jayati Gosh, economista india experta en desarrollo y género. A su juicio, es crucial que exista un registro global de activos. “Todos los países del mundo deberían saber dónde sus ciudadanos o las empresas registradas en sus territorios guardan la riqueza. Solo así es posible poner fin a la evasión y elusión fiscal. Actualmente no contamos con esa información y, en particular, los países desarrollados no cuentan con registros” advirtió la experta. 

Gosh también señaló que la mayoría de estrategias para no pagar impuestos son habilitadas por instituciones financieras que se encuentran en los países desarrollados, como bancos privados, fondos de cobertura privados, gestores de activos privados, firmas especializadas, entre otros. “Todos estos actores participan en el ‘trabajo sucio’. Así que el problema no es solo de evasión de impuestos [transgresión a la norma tributaria], sino de elusión [conjunto de instrumentos jurídicos cuyo propósito es reducir la contribución impositiva o evitar el pago de impuestos, sin  transgredir las normas]” aseguró. 

En los países de bajos ingresos, es urgente que los sistemas tributarios apunten a la progresividad, es decir, que graven en mayor proporción a quienes tienen mayor capacidad contributiva. Al respecto, la economista paraguaya Verónica Serafini Geoghegan, comentó: “los sistemas tributarios regresivos tienen un impacto desproporcionado sobre las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, y no contribuyen al desarrollo económico del país. Casi todas las políticas sociales de la pandemia se financiaron así: los impuestos para personas naturales y empresas pequeñas subieron, mientras que los impuestos para multinacionales y personas naturales más ricas no reportaron mayores cambios”. 

En este aspecto, el informe People’s Recovery, desarrollado por la Financial Transparency Coalition en 2021, mostró que el 63% de los fondos para combatir el COVID-19 en 8 países de estudio —Sudáfrica, Sierra Leona, Nepal, Kenya, India, Honduras, Guatemala, El Salvador y Bangladesh—, que suman 51.400 millones de dólares, se destinaron a las grandes empresas y no a las pequeñas y medianas empresas (pymes) ni a medidas de protección social. 

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Frente a lo anterior, todas las panelistas coincidieron en la necesidad de un sistema tributario fuerte, a nivel nacional e internacional, que mitigue los flujos financieros ilícitos y el abuso fiscal por parte de las personas más ricas y las multinacionales. 

Para el grupo de mujeres, las nuevas políticas fiscales deberían tomar en cuenta los siguientes cinco puntos: 

1. Garantizar que las políticas fiscales y tributarias estén en consonancia con el marco de las 5R: reconocer, reducir, redistribuir, reclamar y remunerar/recompensar el trabajo de cuidado y doméstico.
2. Reducir las cargas fiscales injustas que recaen sobre las mujeres y adoptar una fiscalidad progresiva, redistributiva y con igualdad de género – incluyendo nuevas formas de imposición sobre el capital y la riqueza – combinada con una menor dependencia de los impuestos sobre el consumo.
3. Eliminar la discriminación de género en las políticas fiscales para garantizar que los ingresos fiscales se recauden y gasten de forma que promuevan la igualdad de género.
4. Garantizar una financiación adecuada de los servicios sociales con perspectiva de género que promuevan los derechos de las mujeres y reduzcan las desigualdades, incluso mediante la elaboración de presupuestos con perspectiva de género.
5. Establecer un organismo fiscal global de la ONU que sea inclusivo, para garantizar la igualdad de derechos fiscales de los Estados nación y poner fin a todas las formas de abuso fiscal por parte de las empresas multinacionales y las élites.

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