Ley de Competencias: descentralización, riesgos fiscales y tensiones políticas

La Ley de Competencias en Colombia se ha convertido en la pieza clave para la implementación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada en diciembre de 2024. Su propósito es redefinir las responsabilidades de gasto y administración entre el Gobierno Nacional, departamentos y municipios, con el fin de cerrar brechas sociales, garantizar transparencia en el manejo de recursos y mejorar la prestación de servicios esenciales como salud, educación y agua potable.

El trasfondo económico es monumental, en 2025, el SGP distribuye más de $12,8 billones solo en agua y saneamiento, mientras que el total de recursos que recibirá los territorios asciende a $82 billones. Para 2032, la cifra podría superar los $163,5 billones, casi el doble de lo actual, gracias a un aumento progresivo del 25% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación. Esta expansión convierte a la ley en un punto de inflexión para la descentralización, pero también en un foco de tensiones políticas y fiscales.

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Debate político en Colombia: centralismo versus autonomía

El borrador de la Ley de competencias ha sido objeto de fuertes críticas. Asocapitales, la Asociación de Ciudades Capitales, ha denunciado que el texto fue elaborado sin suficiente participación de los gobiernos locales ni de la sociedad civil, lo que debilita el diálogo democrático. A su juicio, el proyecto puede convertirse en un “cheque en blanco” al Ejecutivo, al concentrar decisiones estratégicas sin los controles adecuados.

El Congreso tiene plazo hasta enero de 2027 para aprobar la norma, pero el panorama legislativo es complejo: el recambio parlamentario de 2026 podría frenar el trámite, generando un cuello de botella que pondría en riesgo la implementación efectiva del SGP. En medio de este contexto, varios sectores sociales han exigido al Gobierno de Gustavo Petro abrir espacios técnicos y participativos antes de radicar el proyecto.

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Reforma legislativa colombiana: las demandas de Fecode

Uno de los actores más activos en este debate ha sido la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode. El gremio insiste en que la Ley de Competencias en Colombia debe garantizar que los nuevos recursos del SGP se traduzcan en una transformación real del sistema educativo.

Las cifras muestran la magnitud del desafío: aún existen 1.477 instituciones públicas que no llegan hasta grado 11, lo que limita la cobertura completa de la educación media. Además, miles de estudiantes siguen sin acceso a jornada única ni a programas de conectividad y bienestar escolar. 

Frente a esta realidad, Fecode exige que la ley destine un mayor porcentaje de recursos a educación, priorizando infraestructura, ampliación de la planta docente mediante concursos, y la creación de un nuevo estatuto docente que modernice la carrera y blinde la estabilidad laboral.

El borrador actual, sin embargo, se enfoca en redistribuir competencias administrativas, sin aterrizar en medidas específicas para fortalecer el sistema educativo. Este desfase preocupa al sindicato, que advierte que, de aprobarse así, la descentralización podría ampliar las desigualdades, mientras municipios con músculo fiscal logren sostener mejoras, territorios con baja capacidad administrativa podrían quedarse atrás.

Impacto económico de la ley: ¿equilibrio o crisis fiscal?

Más allá de la discusión política, la Ley de Competencias en Colombia enfrenta un reto económico mayúsculo. Fedesarrollo ha advertido que, sin un diseño técnico y sostenible, la expansión del SGP podría agravar la fragilidad fiscal del país.

En 2024, el déficit fiscal se ubicó en 6,8% del PIB, y los riesgos futuros no son menores: si los nuevos recursos se convierten en gasto permanente sin control, el déficit podría alcanzar el 5,2% del PIB hacia 2038, mientras la deuda pública llegaría al 66,9% del PIB. Estas cifras encenderían las alarmas de los mercados y comprometerían la estabilidad macroeconómica.

El dilema es claro: mientras las regiones reclaman mayor autonomía y recursos para atender necesidades urgentes en salud, educación y agua potable, el Ministerio de Hacienda advierte que el margen fiscal del país es limitado y que la descentralización debe acompañarse de reglas estrictas de responsabilidad y eficiencia en el gasto.

Controversias jurídicas en Colombia: el riesgo de un marco débil

El debate no solo es político y económico, también hay cuestionamientos jurídicos. Expertos señalan que la ley, tal como está planteada, carece de mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas. Esto abre la puerta a controversias constitucionales sobre la autonomía territorial, la equidad en la distribución de recursos y el alcance del poder del gobierno central.

Además, la experiencia histórica de Colombia muestra que los procesos de descentralización sin autonomía fiscal efectiva terminan en ciclos de avances y retrocesos, con territorios incapaces de ejecutar recursos y un Estado central que interviene nuevamente. Por ello, la ley debe blindarse con garantías institucionales para evitar que la descentralización se convierta en un terreno fértil para la corrupción y la inequidad.

La Ley de Competencias aparece en el discurso oficial como la llave maestra de la descentralización, pero en la práctica abre más preguntas que certezas. Promete equidad territorial, mayor autonomía y fortalecimiento de la gestión local; sin embargo, el riesgo de que se convierta en un espejismo es alto. 

Las cifras fiscales proyectan un panorama frágil, los vacíos en educación evidencian que las prioridades sociales no están plenamente aseguradas, y los cuestionamientos jurídicos dejan entrever un marco legal incompleto.

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En este contexto, el verdadero debate no es si la Ley de Competencias se aprueba o no, sino si se aprueba como un pacto robusto de descentralización democrática o como un nuevo capítulo de promesas incumplidas en la historia política del país.