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Los 30 años de la Constitución del 91

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Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

Se cumple este año el trigésimo aniversario de la solemne proclamación de la Constitución Política de 1.991, hecho que ha sido destacado y celebrado por diversas entidades públicas y privadas y comentado ampliamente en los medios de comunicación.

Me parece importante que en este portal de comunicaciones Mas Colombia también se destaque este acontecimiento y con una mirada retrospectiva se analice el impacto que tuvo y ha tenido en las instituciones de nuestro país esta nueva carta fundamental.

En mi opinión la característica principal que debe destacarse de la Constitución del 91 es que de las nueve constituciones políticas promulgadas a lo largo de los siglos XIX y XX en Colombia, la Constitución de 1.991 es la única que ha sido el resultado de la paz y no de la guerra, un dato no menor, ya que si revisamos de manera general la historia del constitucionalismo colombiano, encontramos que las principales constituciones surgieron precisamente de grandes confrontaciones bélicas que les permitieron a los vencedores imponer a los vencidos el orden constitucional. Principiando por la Constitución de Cúcuta de 1.821, resultado de la guerra de independencia de España que permitió la creación de la Gran Colombia, vienen posteriormente las constituciones de 1.830. 1.832, 1.843, 1.853 y 1.858, que se consideran un período de transición, con la desmembración de la Gran Colombia y la creación de la llamada República Granadina, hasta que se expide la Constitución de Rionegro de 1.863, resultado de la guerra en que los conservadores son derrotados por los liberales, quienes imponen un Estado liberal, federal y laico, que promovía la libertad pública y privada de los ciudadanos, incluida la libertad religiosa, hasta que se promulga la Constitución de 1.886, producto de múltiples conflictos armados internos y guerras civiles, que finalizan con la batalla de la Humareda en 1.885, donde a pesar de la victoria pírrica de los liberales radicales, representa su derrota definitiva en la guerra civil iniciada en 1.884, que le permite al Presidente Núñez, proferir la famosa frase: “La constitución de Rionegro ha dejado de existir”.

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Esta Constitución de 1.886, conocida como la Constitución de la República de Colombia, legitimó a los vencedores de la guerra civil, liderados por Núñez y Caro para imponer un nuevo orden constitucional, estableciendo un Estado autoritario, centralista y confesional, derogando el Estado liberal, federalista y laico que había consagrado la constitución de Rionegro de 1.863.

A pesar de sus múltiples reformas, la constitución de 1.886 ha sido la de mayor vigencia en Colombia, con una duración de ciento cinco años, reemplazada por la Constitución de 1.991, resultado no de la guerra sino de un acuerdo de paz con el movimiento subversivo M-19, que le permitió a esta organización participar democráticamente en la conformación de la asamblea constituyente que redactó el nuevo texto constitucional, junto con los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, que históricamente se habían enfrentado en múltiples conflictos armados, donde habían resultado en algunos casos vencedores y otros vencidos, lo que les permitió a unos y a otros imponer en forma unilateral el ordenamiento constitucional.

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La Constitución del 91 aun cuando mantuvo el régimen centralista introdujo un nuevo concepto de Estado, el Estado social de derecho, que ha permitido que Colombia avance en muchos frentes que antes le eran vedados al ciudadano, como la consagración clara y precisa de sus derechos fundamentales y principalmente la protección de los mismos a través de la acción de tutela y la creación de la Corte Constitucional como garante de esta, instituciones que no obstante las críticas y cuestionamientos de que han sido objeto por parte de los sectores más reaccionarios y retardatarios de la sociedad colombiana se mantienen firmes, como uno de los mecanismos fundamentales para vincular al ciudadano de a pie con la Constitución, con la ley y la administración de justicia.        

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Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

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