Colombia en las calles: aumentan las manifestaciones por la crisis de salud
Durante el primer semestre de 2025, Colombia registró 1.834 eventos de conflictividad social en Colombia, lo que representa un aumento del 6% frente al mismo periodo de 2024. Estas movilizaciones se registraron en 395 municipios de los 32 departamentos del país, incluida Bogotá. Detrás de estas cifras se evidencia un país tensionado por la falta de respuestas del gobierno.
La crisis de la salud se convirtió en un detonante central, con 123 protestas específicas, un incremento del 86%, reflejo de un sistema sanitario que arrastra problemas estructurales, agravados por reformas fallidas y el debilitamiento financiero de las EPS.
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Este panorama no surge en el vacío ocurre en medio de un gobierno que llegó con la promesa de transformación social y paz total, pero que enfrenta crecientes críticas por la lentitud en la implementación de políticas, la incapacidad de garantizar seguridad en los territorios y el incumplimiento de acuerdos sociales y de paz.
El aumento de la conflictividad social en Colombia, según reporta la Defensoría del Pueblo, refleja más que un descontento aislado evidencia una fractura acumulada entre las expectativas ciudadanas y la realidad de la gestión gubernamental, donde sectores como la salud, la seguridad y la inversión pública marcan el pulso de la inconformidad.
Paro en Colombia, bloqueos y otras formas de protesta en 2025
Aunque la protesta social en Colombia sigue siendo un canal de expresión legítimo frente al abandono del Estado, su configuración está cambiando. En el primer semestre de 2025, la ciudadanía recurrió principalmente a plantones 41% y bloqueos o cortes de ruta 39%, mientras que las marchas y movilizaciones representaron el 6% y los paros o ceses de actividad el 2%.
Este dato es significativo: refleja un país donde la inconformidad se manifiesta de forma más localizada, inmediata y disruptiva, sin necesidad de grandes marchas nacionales como las de 2021, pero con impactos fuertes en la vida cotidiana y la economía regional.
Un aspecto llamativo es que, pese al aumento de la conflictividad social en Colombia, las manifestaciones violentas disminuyeron un 36%. Esto podría interpretarse como una maduración de las formas de protesta, donde sectores sociales buscan mantener la legitimidad de sus reclamos evitando la estigmatización que genera la violencia.
Sin embargo, la disminución de la violencia en las calles no implica un ambiente menos hostil: las demandas por el derecho a la vida, la seguridad y la integridad aumentaron un 115%, reflejando un contexto atravesado por crisis humanitaria, expansión de grupos armados, inseguridad ciudadana y hechos de violencia política, como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Geografía del descontento: cómo se expanden las manifestaciones en Colombia
La Defensoría del Pueblo intentó contener la creciente conflictividad social en Colombia mediante 147 espacios de diálogo social en 22 departamentos y en Bogotá durante el primer semestre de 2025. Estos ejercicios muestran que sí existe disposición institucional para abrir canales de escucha; sin embargo, su alcance resulta limitado frente a la magnitud del descontento. En muchas regiones, la ciudadanía percibe que sus reclamos terminan en promesas incumplidas o acuerdos sin implementación real.
La geografía de la conflictividad social en Colombia confirma que el malestar no se concentra solo en grandes ciudades. Bogotá lidera con el 12% de los casos, seguida por Valle del Cauca y Bolívar (6% cada uno), y Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena (5%). Otros departamentos como Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira registran un 4%.
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Lo más alarmante es el aumento desproporcionado en territorios históricamente marginados: Amazonas y Putumayo duplicaron sus conflictos, mientras que Risaralda, Nariño, Quindío y Casanare registraron alzas entre el 43% y el 63%. Estos datos revelan que el descontento no respeta fronteras territoriales y que el abandono estatal se percibe tanto en periferias amazónicas como en el corazón del Eje Cafetero.
En este contexto, la conflictividad social en Colombia no puede verse como una serie de eventos aislados, sino como la consecuencia de crisis simultáneas en salud, seguridad, derechos humanos y violencia política. La multiplicación de protestas es la respuesta social a un Estado que promete transformaciones, pero que en la práctica no logra resolver los problemas de fondo.
El diálogo social puede ser una herramienta para captar y canalizar la conflictividad social en Colombia, pero mientras las instituciones no ofrezcan soluciones concretas y sostenibles, estas mesas corren el riesgo de convertirse en simples ejercicios retóricos frente a una ciudadanía cada vez más cansada de esperar.
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