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Más armas no equivalen a más seguridad

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

Algunos piensan erróneamente que flexibilizar el porte de armas contribuiría a aumentar la seguridad en las calles. Esta clase de iniciativas, además de ser profundamente populistas, son peligrosas y desconocen las estadísticas nacionales e internacionales sobre la relación entre el porte de armas de fuego y el aumento en los homicidios.

Sus defensores alegan que la gente tiene derecho a defenderse y que, en todo caso, las armas en manos de los delincuentes, por lo general, son ilegales, es decir, que no cuentan con salvoconducto.

A quienes alegan el derecho a la legítima defensa al considerar que es una medida disuasiva contra el crimen, basta contraponer la evidencia para darse cuenta de su inconveniencia. Tras analizar 130 experiencias en 10 países, Santaella, Cerdá, Villaveces y Gaela, concluyeron en un estudio del Epidemiologic Reviews, que la restricción al porte de armas contribuyó sustancialmente a la disminución de la violencia interpersonal entre 1950 y 2014. Por su parte, Prada y Weintraub, de la Universidad de los Andes, señalaron que en Estados Unidos permitir el uso de armas de fuego aumentó la probabilidad de los feminicidios en un 500%.

Solo en Colombia se pudo demostrar que, en ciudades como Bogotá y Medellín, la suspensión de los permisos para el porte y tenencia de dispositivos de fuego, logró reducir hasta un 22% los homicidios. De acuerdo con una investigación de la Organización Mundial de la Salud liderada por Verano-Ortiz y Guzmán-Torcedilla, las ciudades colombianas que antes del 2016 restringieron dichos permisos, mostraron menores índices de violencia comparado con otros municipios.

La violencia no se combate con más violencia. Esa es una falacia y una forma simplista de atacar un problema mucho más complejo. Por un lado, persiste la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de implementar una política integral de control de armas. Por el otro, hay gran cantidad de armas legales e ilegales que circulan en nuestro país. Se estima que de un total de 638.000 armas “legales”, el 50% están en manos de empresas de seguridad privada y, solo 3927 cuentan con permisos vigentes. Pero lo más preocupante es que hay más de 2.5 millones de armas ilegales. Es allí donde es preciso concentrar los mayores esfuerzos. No es equiparando el número de pistolas “legales” a las “ilegales”, sino más bien redoblando los esfuerzos en combatir el tráfico de armas, las incautaciones y los controles para prevenir que el mercado legal de estos instrumentos letales, por conducto de la corrupción, termine alimentando a las organizaciones criminales.

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El 70% de los homicidios en el país se produce por dispositivos de fuego, pero muchos de estos casos son la consecuencia de riñas, violencia intrafamiliar y el uso de estos artefactos por parte de menores. En efecto, Jorge Mantilla, investigador del Great Cities Institute, advierte que según estudios de Harvard los niños de 5 a 14 años tienen 11 veces más posibilidades de morir cuando en la casa se tiene un arma. Eso sin contar los riesgos que se correrían en una sociedad tradicionalmente intolerante, donde proliferan las discusiones que terminan en puños y donde lamentablemente es endémica la violencia contra la mujer.

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Proveer de amas a los individuos no solo no contribuye a disminuir la violencia, sino que implica reconocer el fracaso del Estado en la defensa de los colombianos. Peligrosamente se le abre la puerta a la justicia privada y se refuerza el desprecio por las instituciones policiales y de justicia. Nuestra historia demuestra que cuando eso ha ocurrido, solo se multiplica la muerte y el dolor. ¿O es que acaso nos olvidamos de las Convivir, de los grupos de limpieza social y del paramilitarismo? 

Justo en estos días se está dando el debate sobre regular otro tipo de armas. Las traumáticas o de fogueo. Mediante decreto se busca promover su registro para tener control sobre cuáles de esas armas se estarían usando en los incontables atracos. Es preciso recordar que en los últimos meses ha venido aumentando el hurto con uso de este tipo de artefactos. Más que darles cuerda a ciudadanos armados, es hora de aumentar los controles y restringir el porte de cualquier tipo de arma.

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

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