Más de 10 millones de afiliados en el limbo: la Nueva EPS, la bomba de tiempo para el próximo presidente

 

La Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia con más de 11 millones de afiliados, enfrenta una tormenta financiera y política. La Contraloría General reveló hallazgos que advierten inviabilidad estructural y un déficit billonario, mientras la Supersalud respondió que los datos fueron mal interpretados y aseguró que el proceso de intervención avanza con correctivos.

La Nueva EPS se convirtió en la aseguradora más grande del país tras absorber afiliados de EPS liquidadas.

La discusión sobre su futuro no se limita al presente gobierno. Con una deuda creciente, patrimonio negativo e irregularidades administrativas, la Nueva EPS podría convertirse en una de las herencias más explosivas para el próximo presidente. Lo que está en juego es la continuidad del derecho a la salud de más de 11 millones de colombianos.

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Deuda récord y patrimonio negativo

La Nueva EPS acumula un pasivo que creció un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de $7,16 billones a $21,37 billones. Según proyecciones de la Contraloría, podría cerrar 2025 con $26,39 billones en deudas.

El patrimonio de la entidad, positivo hasta 2022, entró en terreno negativo desde 2023 y se mantiene deteriorado, lo que evidencia inviabilidad estructural. La aseguradora representa el 22 % de la población afiliada al sistema, por lo que su crisis pone en jaque la estabilidad de toda la red de salud.

Hallazgos de la Contraloría: anticipos, facturas y reservas técnicas

El 9 de septiembre de 2025, la Contraloría presentó los resultados de un operativo de policía judicial realizado en julio. Entre los hallazgos más preocupantes:

• Anticipos pendientes por legalizar: crecieron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024 y ya sumaban $15,27 billones a junio de 2025. Incluso se encontraron recursos sin legalizar desde hace más de dos años por $143.000 millones.
• Facturas sin auditar: la EPS mantiene 22,7 millones de facturas represadas, con un valor de $22,1 billones. Tras depurar duplicados, aún quedan cuentas por $13,2 billones pendientes de revisión, concentradas en 36 prestadores que manejan el 40% del total.
• Reservas técnicas subestimadas: la EPS cerró 2024 con un déficit de $11,1 billones en este rubro, afectando directamente su liquidez.
• Riesgos jurídicos y fiscales: la concentración de contratos, las cuentas por pagar y la falta de control interno configuran un panorama que compromete la sostenibilidad.

La respuesta de la Supersalud: “No son anticipos, son pagos sin imputar”

El 15 de septiembre, seis días después del informe fiscal, la Supersalud rechazó los hallazgos y los calificó de errores técnicos.

El superintendente Giovanny Rubiano explicó que lo reportado como “anticipos” corresponde en su mayoría a pagos ya realizados a prestadores por servicios efectivamente prestados, pero que aún no han sido asociados formalmente a facturas específicas.

Para corregir esa situación, la Supersalud ordenó a la EPS firmar actas de imputación con prestadores en todo el país. Además, reconoció la existencia de algunos contratos tipo “bolsa”, principalmente en servicios de baja complejidad, que sí funcionan como anticipos. En estos casos se exigió a prestadores legalizar servicios o devolver recursos no ejecutados.

Rubiano también destacó medidas como la implementación de la plataforma Factramed, que busca transparentar en tiempo real la información financiera de la EPS.

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El choque político: ¿liquidación en puerta?

Mientras la Contraloría advierte que el panorama compromete la viabilidad de la entidad, el presidente Gustavo Petro insiste en que no habrá liquidación y responsabiliza a la antigua junta directiva por el colapso financiero.

La intervención iniciada en abril de 2024 fue prorrogada hasta abril de 2026. Según el Gobierno, el plan contempla auditorías internacionales, depuración de cuentas y regularización de giros a hospitales públicos y privados.

No obstante, sectores técnicos y políticos cuestionan si la intervención no solo no mejoró la crisis, sino que la agravó, al disparar el pasivo y mantener represadas las cuentas con prestadores.

¿Qué está en juego para los usuarios?

Con cerca de 10 millones de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, la Nueva EPS es la columna vertebral del sistema de aseguramiento. La pregunta de fondo es qué ocurriría si la entidad no logra estabilizarse.

Los escenarios planteados incluyen:

• Mayor presión sobre hospitales públicos y privados, que ya enfrentan retrasos en los giros.
• Riesgo de desatención a pacientes crónicos y usuarios de alto costo.
• Impacto en el sistema general de seguridad social, dado que la EPS concentra más de una quinta parte de la población cubierta.

Aunque el Gobierno insiste en que no habrá liquidación, informes de la Contraloría y de expertos independientes sugieren que la bomba de tiempo financiera podría terminar explotando en el próximo gobierno.

¿Choque de diagnósticos?

El pulso entre Contraloría y Supersalud evidencia un choque institucional en torno al control del sistema de salud.

Mientras la Contraloría describe un panorama de inviabilidad y riesgos fiscales, la Supersalud defiende la intervención como una estrategia de corrección progresiva, alegando que las cifras críticas tienen explicación técnica y están en proceso de depuración.

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Lo cierto es que, en medio de los diagnósticos cruzados, la incertidumbre recae sobre millones de afiliados y sobre la sostenibilidad de un sistema de salud que enfrenta su mayor crisis en décadas.