Mesa de negociación estatal 2025: incumplimientos y precarización de empleados públicos, denuncia negociador
Entrevista exclusiva con Timoteo Romero, negociador de la CUT, sobre los retos de los empleados públicos en la mesa estatal, el incumplimiento de acuerdos y el impacto del recorte presupuestal.
Timoteo Romero, líder sindical y representante de la CUT en la mesa de negociación estatal 2025, conversó en exclusiva con Más Colombia sobre el pliego unificado para la negociación colectiva de los empleados públicos y el proceso que comienza el 31 de marzo.
El dirigente sindical denunció que la negociación está marcada por el incumplimiento de acuerdos previos y las deficiencias del Decreto 243 de 2024.
Además, advirtió sobre el impacto del recorte presupuestal de $12 billones en los derechos laborales y planteó las expectativas del movimiento sindical frente al nuevo Ministro del Trabajo.
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¿Cómo ha sido la experiencia en la mesa de negociación estatal 2025?
Un saludo muy especial. Esta es mi tercera ocasión representando a la CUT en la mesa de negociación estatal. Es importante recordar que la negociación colectiva en el sector público en Colombia es relativamente joven. De hecho, el último decreto que reglamenta este proceso es el 243 de 2024, con el cual vamos a negociar este año.
Uno de los principales problemas que hemos identificado es que cuando llegamos a una nueva negociación, el 80% de los acuerdos previos no se han cumplido. Entonces, hemos consensuado que el primer punto de esta negociación será precisamente exigir el cumplimiento de los acuerdos anteriores.
Antes de que termine el periodo de negociación, que dura 20 días iniciales prorrogables hasta 40, debe haber una mesa simultánea que establezca un cronograma con fechas y responsables para garantizar que los acuerdos previos se cumplan.
No podemos seguir en este círculo vicioso donde en cada nuevo pliego terminamos incluyendo los mismos compromisos que no se han honrado, afectando a miles de empleados públicos en el país.

¿Cuáles son los principales puntos del pliego unificado que han construido las Centrales y Confederaciones?
En total, el pliego tiene alrededor de 70 puntos, pero hemos definido cuatro columnas vertebrales fundamentales. Cumplimiento de acuerdos anteriores, como ya mencioné.
Ampliación de la planta de personal en las instituciones públicas. Actualmente, hay muchos trabajadores bajo contratos OPS y otras formas precarias de contratación. El decreto 1800 de 2019 ordena que se debe formalizar la planta de manera permanente, pero esto no se ha cumplido.
En la negociación pasada nos metieron un gol con plantas temporales, que solo duran el periodo del mandatario de turno. Nosotros exigimos una ampliación permanente y estableciendo metas claras: en estos dos años, al menos un 30%. Esto es clave para mejorar la estabilidad de los empleados públicos.
Sobre el incremento salarial proponemos un aumento del IPC más 5 puntos porcentuales para cada año de negociación. Esperamos que este incremento se acerque más al 5% que al 1% que generalmente terminan otorgando.
Finalmente, la revisión del decreto 243, que rige la negociación en el sector público. Hay muchos aspectos problemáticos en este decreto. Por ejemplo, no existe un tribunal de arbitramento que dirima los conflictos, lo que deja al empleador con la última palabra. También eliminaron los fueros de negociación, lo cual deja desprotegidos a los dirigentes sindicales.
Hay otros puntos importantes, como la protección de las primas territoriales. En varias regiones, alcaldes y gobernadores están eliminando estos sobresueldos por temor a sanciones de la Contraloría. Queremos que haya una norma nacional que blinde estas primas para evitar que los trabajadores sigan perdiendo beneficios.
En general, la negociación de este año busca resolver problemas estructurales que han afectado a los empleados públicos durante años. No podemos seguir permitiendo que las mesas de negociación se conviertan en un simple trámite sin resultados reales.

En cuanto al decreto 243, ¿qué cambios concretos están pidiendo?
Queremos que se garantice la posibilidad de negociar incrementos salariales en todos los niveles, no solo en la mesa nacional. Antes, los empleados de alcaldías o entidades específicas podían negociar aumentos adicionales, pero este decreto lo eliminó.
También pedimos que se restablezcan los fueros sindicales durante la negociación para que los empleados públicos no sean trasladados o despedidos durante el proceso.
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Mencionaba también problemas con los permisos sindicales. ¿Qué está ocurriendo en este aspecto?
Nos han venido restringiendo los permisos sindicales, lo cual afecta directamente el trabajo de las organizaciones. Paradójicamente, salió el Decreto 720 que supuestamente regulaba estos permisos, pero en la práctica lo que ha hecho es reducirlos aún más.
En Bogotá, por ejemplo, han recortado permisos a la CUT, FECODE y otras organizaciones. Nosotros estamos proponiendo que se reglamente adecuadamente este tema o que se restablezca la figura de la Comisión Sindical, que permite otorgar permisos permanentes a un número determinado de dirigentes. Esta es una necesidad urgente para el ejercicio de los derechos de los empleados públicos.
Cambió el Ministro del Trabajo. ¿Qué esperan de esta administración?
Desde el movimiento sindical siempre ha habido grandes expectativas con este gobierno. Sin embargo, ya vimos lo que pasó con la huelga del Ministerio de Trabajo, la más larga en el sector público, con 60 días, y la forma en que fue repelida por una ministra que, en teoría, venía del movimiento obrero, Gloria Inés Ramírez.
Ella persiguió a los trabajadores y no los recibió en medio de la huelga. Su argumento fue que en Colombia la huelga en el sector estatal no está reglamentada, y en eso tiene algo de razón. Por eso, una de nuestras propuestas es precisamente regularla, para que no vuelva a repetirse un trato como ese.
Ahora, con el nuevo Ministro, que también proviene de un sector alternativo, tenemos la expectativa de que haya avances reales. Sin embargo, nos preocupa que vamos a negociar en un escenario de recorte presupuestal de $12 billones. Ese es un obstáculo grande y podría impactar negativamente las condiciones laborales de los empleados públicos.

¿Cómo impacta ese recorte de 12 billones a la negociación?
Nos deja en una posición muy difícil. Hace dos años no logramos avances sustanciales, y ahora nos sentamos a negociar con el anuncio de que habrá tijera para todo. Eso va a ser una barrera en la mesa. Mi llamado a los trabajadores estatales es a que actuemos con autonomía e independencia.
Aunque sea un gobierno alternativo, nosotros representamos a los trabajadores, y en una negociación cada quien juega de su lado de la cancha. Si nos toca hacer algún movimiento estratégico, lo haremos, porque con este panorama no creo que haya avances significativos si no presionamos.
¿Cómo será la entrega del pliego y qué actividades hay programadas?
La orientación es que los pliegos nacionales, sectoriales, territoriales y singulares sean radicados a más tardar mañana. Además, se han convocado marchas en distintas ciudades para visibilizar el inicio del proceso. En Bogotá, la movilización partirá a las 10 de la mañana desde la Jiménez con Séptima hasta la Casa de Nariño, donde radicaremos el pliego nacional.
Para finalizar, ¿qué mensaje le da a los trabajadores estatales en este momento?
La clave es la unidad. Así como en la mesa nacional nos hemos puesto de acuerdo en las prioridades, los sindicatos deben concentrarse en los puntos esenciales y evitar la dispersión.
La mesa de negociación estatal 2025 no es un asunto menor: afecta a 1,2 millones de empleados públicos en Colombia. Si vamos unidos, podemos lograr avances significativos en esta lucha.