Ministerio de la Igualdad: cuarto ministro en menos de dos años, ¿a qué juega Petro?
Los cambios en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad revelan una rotación constante, perfiles débiles y una institucionalidad frágil.
Los cambios en el Ministerio de la Igualdad dejaron de ser un episodio aislado para convertirse en una señal persistente de inestabilidad institucional. A dos años y medio de su creación, en junio de 2023, la cartera ya ha tenido cuatro ministros, registra una ejecución presupuestal inferior al 40% y enfrenta un fallo de la Corte Constitucional que pone en riesgo su continuidad a partir de junio de 2026.
El más reciente relevo, precedido por el breve paso de Juan Carlos Florián, quien permaneció apenas dos meses en el cargo, y seguido por la designación de un nuevo ministro también sin trayectoria en la administración pública y con formación académica básica, volvió a encender las alarmas.
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La preocupación no radica en el origen social del funcionario designado, sino en los criterios que el Gobierno está utilizando para dirigir una cartera estratégica, más aún en un contexto reciente marcado por cuestionamientos públicos sobre la idoneidad de algunos funcionarios del Ejecutivo y debates alrededor de la validez de títulos académicos en universidades privadas, (como el caso de Juliana Guerrero) lo que ha puesto sobre la mesa la discusión sobre mérito, transparencia y capacidades en la función pública.
Ministerio de la Igualdad pérdida de recursos e improvisación
A este escenario se suma un problema estructural de fondo: la baja (y en algunos casos prácticamente nula) ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad y Equidad se ha convertido en un indicador clave para evaluar su desempeño. En 2024, la cartera habría ejecutado alrededor del 25% de los recursos asignados, es decir, cerca de $150.000 millones de un total aproximado de $600.000 millones, según datos del DNP.
Para 2025, el panorama no mejoró. Según el informe oficial de seguimiento presupuestal (SIIF Nación, corte al 31 de diciembre de 2025), el Ministerio de Igualdad contaba con $455.000 millones, pero solo pagó $107.000 millones, es decir, una ejecución del 23,56%. El mayor rezago estuvo en la inversión: de $360.155 millones asignados, apenas se ejecutaron $18.659 millones, lo que equivale al 5,18%. Aunque la disponibilidad y los compromisos se acercaron al 100%, los recursos no se tradujeron en pagos efectivos ni en programas, quedando en gran parte atrapados en trámites administrativos.
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La continuidad del Ministerio de la Igualdad tiene un límite temporal inmediato. La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que lo creó, pero difirió los efectos de su decisión hasta el final de la legislatura en curso. Esto implica que, si el Congreso no aprueba una nueva ley antes de mitad de este año, el ministerio perderá su existencia jurídica.
Cambios en el Ministerio de la Igualdad: una constante que debilita al gobierno
Desde su creación, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad no ha logrado superar su fase de arranque. Los relevos frecuentes en su dirección han impedido consolidar equipos, definir prioridades estables y ejecutar políticas con impacto territorial.
Los cambios en el Ministerio de la Igualdad no solo afectan la imagen del Gobierno. Tienen consecuencias directas sobre la planeación, la ejecución presupuestal y la articulación con otras entidades del Estado. Cada nuevo relevo implica reacomodos internos, redefinición de agendas y pérdida de continuidad.
Del proyecto político al desgaste institucional
La salida de Francia Márquez del liderazgo operativo marcó el inicio de una etapa de incertidumbre. Su figura concentraba capital político, legitimidad social y una narrativa clara sobre justicia racial, de género y territorial. Con su retiro, el ministerio perdió peso dentro del gabinete.
El relevo posterior, encabezado por Carlos Rosero, quien permaneció cerca de seis meses en el cargo, tampoco logró estabilizar la entidad. Más adelante, el paso de Juan Carlos Florián estuvo marcado por tensiones internas y cuestionamientos públicos, sin que se resolvieran los problemas de fondo, como la baja capacidad técnica, la debilidad administrativa y la ausencia de resultados visibles.
Los cambios en el Ministerio de la Igualdad comenzaron entonces a leerse no como ajustes normales, sino como síntomas de un diseño político frágil.
El nuevo nombramiento y el debate sobre idoneidad
El nombramiento más reciente profundizó esa percepción. El nuevo ministro llega con un fuerte recorrido como líder social e indígena, pero sin experiencia en gestión pública ni formación profesional, en una cartera que debe coordinar políticas complejas, manejar recursos públicos y articular múltiples sectores.
Aquí el debate no es identitario, sino institucional. La pregunta no es quién representa a quién, sino qué capacidades exige un ministerio que debe formular política pública con enfoque de género, interseccionalidad y alcance nacional.
Los cambios en el Ministerio de la Igualdad, al privilegiar perfiles sin trayectoria administrativa, refuerzan la idea de que la cartera está siendo tratada más como espacio de representación simbólica que como una entidad del Estado con responsabilidades técnicas.
Representación vs. capacidad gubernamental
El Gobierno ha defendido este tipo de decisiones en nombre de la inclusión y la diversidad. Sin embargo, la inclusión política no debería ser incompatible con la idoneidad técnica.
Un ministerio no es un escenario de militancia ni una plataforma simbólica. Es una estructura administrativa que debe producir resultados medibles. Cuando los cambios en el Ministerio de la Igualdad se hacen sin fortalecer esa estructura, el resultado es una institución débil que termina fallando a las mismas poblaciones que dice representar.
La tensión entre representación y capacidad estatal sigue sin resolverse, y hoy se inclina peligrosamente hacia la improvisación.
