Muerte de Kevin Arley revela la profundidad de la crisis de la Nueva EPS en todo el país
Crisis de la Nueva EPS se agrava mientras el Gobierno intenta desmarcarse de la responsabilidad, pese a que la EPS está intervenida desde 2024.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia que no recibió a tiempo su medicamento, es el hecho más reciente y doloroso de la crisis de la Nueva EPS.
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No es un caso aislado. Miles de pacientes en distintas regiones del país enfrentan interrupciones en la entrega de medicamentos y tratamientos, mientras en municipios como Soacha se repiten las filas interminables y la suspensión de servicios.
La Nueva EPS venía arrastrando problemas financieros y administrativos desde años atrás. Sin embargo, tras la intervención estatal iniciada en 2024, lejos de estabilizarse, la situación se ha profundizado.
A la par del deterioro operativo, la respuesta del Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido señalada por sectores sociales como evasiva e indolente.
Desde declaraciones que apuntan a responsabilizar a la madre del menor fallecido hasta frases como “los ricos también lloran” frente a hospitales que no pueden pagar salarios.
La Muerte de Kevin Arley no es un caso aislado
Kevin Arley, diagnosticado con hemofilia A severa, llevaba semanas sin recibir su medicamento esencial por fallas en la entrega. Tras una caída en bicicleta, permaneció más de 24 horas sin tratamiento oportuno debido a trámites administrativos y autorizaciones pendientes, en lo que su familia denunció como un “paseo de la muerte”. Falleció días después.
El presidente Gustavo Petro afirmó en Consejo de Ministros que los niños con hemofilia deben estar restringidos en actividades que puedan generar traumas.
La declaración fue interpretada por críticos como un intento de trasladar la responsabilidad a la madre del menor, en lugar de centrar el debate en la falta de medicamentos y en las barreras administrativas de la EPS intervenida.
La crisis de la Nueva EPS, en este punto, dejó de ser una discusión técnica y se convirtió en una tragedia con consecuencias irreversibles.
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Deuda hospitalaria y la frase “los ricos también lloran”
La crisis de la Nueva EPS también asfixia a hospitales públicos y privados. A marzo de 2025, la deuda con prestadores superaba los $21,37 billones.
En Antioquia, el Hospital San Rafael de Itagüí reportó que la Nueva EPS le adeuda más de $8.830 millones. Su gerente, Luis Fernando Arroyave, advirtió que llevaba más de cuatro meses sin poder pagar salarios a 460 trabajadores y que era “muy duro ver a mis funcionarios llorando”.
En respuesta, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, utilizó la frase “los ricos también lloran”. Sostuvo que el problema no era solo la falta de pagos, sino presunta mala administración y politización del hospital, y cuestionó que el gerente “saliera a llorar” cuando recibe un salario importante.
La reacción fue inmediata. Arroyave negó ser “rico”, explicó que suspendió su pensión para intentar sostener el hospital y defendió a su equipo médico. La expresión del ministro fue calificada por entrevistadores y opinión pública como “muy fuerte” e “impactante” frente al drama de los trabajadores de la salud que están sin sueldo.
Acuerdo parcial con Colsubsidio
El 1 de enero de 2026, Colsubsidio suspendió la entrega de medicamentos por falta de pago de la Nueva EPS, dejando en el limbo a más de 1,6 millones de afiliados en 11 departamentos.
La Defensoría del Pueblo calificó la situación como “alarmante” por vulnerar el derecho a la salud.
En febrero se logró un acuerdo parcial. Colsubsidio retomó la dispensación, pero únicamente en 40 droguerías ubicadas en Bogotá, Medellín, Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca.
En departamentos como Quindío, Boyacá, Caquetá, Casanare y Meta, el servicio fue asumido por nuevos operadores como Medic Colombia y Discolmets. La normalización es fragmentada y no cubre todo el territorio.
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Soacha y Medic Colombia: filas, cierres y caos operativo
En Soacha y otros municipios de Cundinamarca, la transición hacia Medic Colombia ha estado marcada por fallas:
- Falta de personal y módulos insuficientes.
- Bases de datos erróneas entregadas por la Nueva EPS.
- Demoras en medicamentos controlados por ausencia de resoluciones.
Usuarios reportaron filas de hasta tres cuadras y largas jornadas de espera. Posteriormente, el operador suspendió el servicio en Soacha, Funza, La Mesa y Cajicá alegando alteraciones de orden público.
La Alcaldía de Soacha rechazó la decisión y solicitó a la Superintendencia de Salud medidas sancionatorias contra la Nueva EPS por no garantizar la continuidad del servicio.
Lo que ocurre en Soacha es un reflejo de las interrupciones en tratamientos, los trámites interminables y la falta de información clara que sufren miles de pacientes en todo el país.
Crisis de la Nueva EPS y la intervención estatal
La Nueva EPS fue intervenida en 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud con la promesa de ordenar sus finanzas y asegurar la atención a sus 11,7 millones de afiliados.
No obstante, los hechos recientes sugieren que la intervención no logró estabilizar la operación. Persisten deudas acumuladas con proveedores, miles de tutelas sin respuesta, hallazgos administrativos como facturación a usuarios fallecidos y una judicialización masiva que bloquea recursos.
La crisis de la Nueva EPS, que venía gestándose desde años anteriores, se ha profundizado bajo la administración estatal. Hoy no solo compromete balances financieros, sino la garantía efectiva del derecho a la salud.
El debate ya no gira únicamente en torno a cifras. La pregunta de fondo es por qué, bajo intervención del Estado, la situación no mejoró y terminó derivando en una crisis que cobra vidas y deja a millones de pacientes en incertidumbre.
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