Salario mínimo 2025: arranca la negociación con tensiones entre gobierno, empresarios y sindicatos
La negociación del salario mínimo 2025 en Colombia comenzó y se prevé que sea un tema de arduo debate entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha anticipado que el incremento del salario mínimo 2025 no superará el 10%, una cifra que, en comparación con los aumentos de dos dígitos registrados en años anteriores, parece moderada. Según Bonilla, las negociaciones han comenzado con un punto de partida del 5,2%, al que se sumaría un ajuste adicional vinculado a la productividad, llevando el incremento inicial al 6,2%.
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La actualización del salario mínimo 2025 en Colombia ha generado una profunda división entre sindicatos y gremios empresariales. Por un lado, las centrales obreras, que representan a los trabajadores, exigieron inicialmente un incremento de dos dígitos, es decir, superior al 10%, argumentando que el costo de vida es elevado, especialmente para quienes dependen exclusivamente de este salario, lo cual justificaría un aumento considerable.
Por otro lado, los gremios empresariales, incluyendo a comerciantes, se muestran cautelosos ante un ajuste elevado. Estos grupos solicitan que el aumento sea cercano al dato de inflación proyectada, argumentando que un incremento mayor podría desencadenar efectos adversos en la economía, como un alza en los costos de producción y una pérdida de competitividad. Desde su perspectiva, un aumento moderado sería más sostenible a largo plazo.
Los puntos clave de la negociación del salario mínimo 2025
El incremento del salario mínimo 2025 en Colombia se determina a través de un proceso de negociación entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Este proceso está regulado por la Ley y se define en la Comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales creada por el artículo 56 de la Constitución Política. En caso de no lograr acuerdo, la potestad es del gobierno mediante decreto.
En este proceso se contrastan las percepciones sobre el comportamiento de tres variables fundamentales:
1. Inflación: la inflación estimada del año muestra el grado en el que los ingresos han perdido capacidad adquisitiva. Aunque ha bajado, se ha hecho a costa del crecimiento de la economía. El gobierno proyecta que cierre el año en 5,2%.
2. Productividad: El DANE es responsable de medir la productividad de la mano de obra en la economía colombiana. El cálculo del DANE para este año de la productividad laboral por hora aún está por conocerse. El año pasado este dato se ubicó en 0,76%.
3. Crecimiento de la economía: El crecimiento se mide a través de la información reportada por el DANE. De acuerdo con las cifras, el comportamiento de la economía es preocupante. Según las estimaciones del FMI, se espera que el crecimiento colombiano cierre el año en 1,6% pero la mayoría de analistas coinciden en que estará cerca del 2%.
De acuerdo con la ley, el salario mínimo 2025 debe ajustarse considerando estos parámetros, y el Gobierno, los empresarios y los sindicatos participan en una mesa de negociación para definir el aumento. De no llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno podrá fijar el salario mínimo 2025 por decreto antes del 30 de diciembre.
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Otros elementos que marcaran la discusión del salario mínimo 2025
Para los empresarios, el costo de las reformas propuestas por el gobierno —laboral, pensional, de salud y al Sistema General de Participaciones (SGP)— tendrá un impacto negativo en las finanzas empresariales, sin que este se vea compensado por el efecto de las políticas de reactivación económica, entre las cuales destaca la Ley de Financiamiento, que busca recaudar $12 billones.
A esto se suman preocupaciones relacionadas con el comportamiento de la inflación, las tasas de interés y la tasa de cambio, factores que afectan la estabilidad financiera del sector.
Las críticas del sector empresarial contrastan con el respaldo recibido por estas reformas desde el sector sindical. Mientras tanto, los empresarios señalan problemas como la baja ejecución presupuestal, la corrupción y la inseguridad.
A pesar de lo que perciben como un sesgo antiempresarial por parte del gobierno, sostienen que la recuperación de la economía no es posible sin la participación activa de los empresarios.
