En Colombia el 2022 será recordado por múltiples razones. Hubo cambio de gobierno y ganó por primera vez una coalición alternativa. La agenda pública del “cambio” generó expectativas distintas en la ciudadanía. Se conformó el nuevo gabinete ministerial con críticas y aplausos. Se diseñó y aprobó una reforma tributaria ambiciosa y se cumplieron los primeros 120 días de gobierno con luces y sombras.

En materia política primó el pragmatismo histórico. Se consolidaron mayorías en el Congreso utilizando los mismos mecanismos de siempre. Entrega de burocracia. Se volvieron partidos de gobierno los mismos partidos políticos que lo han sido en las últimas décadas: Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la U, entre otros. Es fácil inferir entonces que se van a tener carteras, sectores y/o instituciones manejadas con el mismo criterio que ha sido costumbre en el pasado: intereses particulares primando sobre el interés general. Al parecer, nada de cambio por esos escenarios. 

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Respecto a la agenda sectorial, la Minero-Energética está en presencia de lo prometido en campaña electoral. Realizar una transición energética veloz, eliminar los contratos de exploración de hidrocarburos en el mediano plazo y erradicar la minería a cielo abierto. 

Frente a la transición energética, en diferentes columnas hemos analizado tanto su conveniencia como su pertinencia. Inconveniente por la  pérdida de la renta petrolera y minera (aporta el 50% de la canasta exportadora, cerca  del 3% del PIB y aproximadamente 15 billones de pesos anuales en regalías).  Impertinente dado que Colombia no es gran emisor global (menos del 0,7% de la emisión mundial) de Gases Efecto Invernadero (GEI) y mucho menos de los asociados al sector energético, que no superan el 0.25% (el mayor aporte del país a los GEI es por deforestación y ganadería extensiva).

Conviene ahora revisar las contradicciones de la agenda del gobierno naciente. Por un lado, logra aprobar una reforma tributaria que finalmente se atreve a eliminar la deducibilidad de las regalías de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR) explotados del subsuelo colombiano y, por otra, pretende sacar de la bolsa nacional los ingresos minero-energéticos en el futuro. El mundo al revés. 

Con el propósito de contextualizar lo anterior, es importante recordar varios aspectos:

El primero, la definición de Regalía de acuerdo con la Constitución Política de 1991:  es aquella contraprestación económica a favor del Estado colombiano originada por la explotación de un recurso natural no renovable y cuya explotación se extingue en el transcurso del tiempo. 

El segundo hito lo constituye un concepto vinculante del año 2005  de la DIAN (ver enlace) , donde establecía que la Regalía pagada por terceros al Estado Colombiano era deducible de renta. Es decir que de los impuestos que pagaron los privados licenciatarios por el Estado sobre las utilidades generadas durante la comercialización de RNNR, se dedujeron de las regalías. 

El tercer aspecto corresponde a la lucha que da el Senador de la República (para la época) Jorge Enrique Robledo, en concurso con varios economistas expertos, quienes a través de una acción judicial lograron tumbar el concepto de la DIAN mediante sentencia del Consejo de Estado 19950 del 12 de octubre de 2017 (ver enlace).

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Con estos tres elementos, era necesaria la voluntad política para poder legislar respecto a la deducibilidad de la regalía en la renta del negocio de explotación de RNNR, puesto que el Consejo de Estado en la sentencia referida remite su aplicación al Estatuto Tributario (ET) vigente, lo cual generó un complejo dilema: ¿Si la regalía se paga en especie (petróleo, gas y/o mineral), cómo separar los costos de producción dentro de la mecánica contable de acuerdo con el Artículo 106 del ET (ver enlace)?. 

Finalmente, en la Reforma Tributaria del 2022, Artículo 115, Parágrafo 1, se aprobó: “La contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa”.

Ahora bien, teniendo un promedio anual de ingresos por regalías de 15 billones de pesos, lograr que el porcentaje que era deducible ingrese a las finanzas nacionales del Ministerio de Hacienda, vía declaración de renta de los autorizados por el Estado a explotar RNNR, es un logro monumental. 

Sin embargo, en el mediano plazo los ingresos por regalías de la renta minero-energética, así como el éxito tributario referido, podría volverse letra muerta. Según la posición actual del gobierno, es probable que solo se necesite petróleo para ocho años (ver enlace), dado que Colombia podrá reemplazar la renta minero–energética por otros productos de exportación, y el mundo va a cambiar su matriz energética: habrá vehículos propulsados por energías limpias y la industria tendrá como fuentes de energía, todas renovables. 

El chiste se cuenta solo en términos de tiempo. Es inverosímil que se logre en ocho años la transición a energías limpias tanto en el sector transporte como en la generación. 

Colombia está en un Cambio de Rumbo. Hay negras nubes sobre cómo se financiará el tránsito de esa nueva ruta. Lo que está en juego no es menor: la sostenibilidad financiera del país. 

¿No sería mejor dejar al mercado regular la demanda de hidrocarburos si se está tan seguro de que va a decrecer en el mediano plazo y dejar a los explotadores de RNNR asumir el riesgo? ¿Acaso con los recursos de esa renta no se podría financiar la gestión de conocimiento para aportar valor agregado a productos nacionales que permitan una exportación competitiva para poder reemplazar la renta petrolera en un futuro, así como el soporte financiero para lograr la transición energética “justa” propuesta?

PD. Esta columna volverá la segunda semana de enero. Un agradecimiento especial a Más Colombia por su generosidad. A los lectores por su solidaridad. Unas felices fiestas navideñas para todos.

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