Nueva emergencia económica: el Gobierno busca $8 billones en un mes en medio de incumplimientos fiscales
La nueva emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis climática en ocho departamentos busca recaudar $8 billones en aproximadamente un mes. El Ejecutivo argumenta que la temporada de lluvias exige recursos inmediatos y que la figura constitucional permite crear tributos con fuerza de ley.
Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto fiscal complejo: Colombia completó tres años consecutivos sin cumplir la meta de recaudo tributario , la inversión extranjera directa cayó 14% en 2025 y la contratación directa previa a la Ley de Garantías superó los $32,8 billones solo en enero.
¿Qué contempla la nueva emergencia económica?
La nueva emergencia económica fue declarada mediante el Decreto 0150 de 2026 y cobija departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó .
El ministro de Hacienda anticipó que se creará un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT (alrededor de $10.400 millones), con tarifas marginales que podrían llegar hasta 1,2%.
La meta oficial es recaudar $8 billones para atender zonas afectadas por las lluvias. La pregunta es si el contexto macroeconómico permite alcanzar ese objetivo sin afectar crecimiento e inversión.
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¿Puede el Gobierno cumplir la meta de recaudo?
Colombia cerró 2025 con un recaudo de $296 billones frente a una meta de $305,5 billones. Es el tercer año consecutivo de incumplimiento. En 2023 y 2024 también se registraron brechas frente a lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Este patrón es clave. La nueva emergencia económica parte de la premisa de que en pocas semanas se pueden recaudar $8 billones adicionales, cuando en años completos no se han cumplido las metas.
Un antecedente reciente refuerza la incertidumbre: con la emergencia anterior, el Gobierno solo alcanzó a recaudar $1,65 billones antes de que la Corte Constitucional suspendiera los decretos. Eso representaba apenas el 10% de los $16 billones que esperaba obtener.
Impuesto al patrimonio y efectos sobre la inversión
Uno de los ejes de la nueva emergencia económica es el impuesto al patrimonio empresarial. La experiencia reciente muestra efectos mixtos.
Entre 2021 y 2024, el número de personas que reportaron patrimonios superiores a $11 mil millones cayó 28%. Parte de esa reducción se explica por reorganización de activos, salida de capitales o planeación tributaria. En paralelo, la inversión extranjera directa cayó 14,1% en 2025, hasta US$9.174 millones, consolidando dos años consecutivos de retroceso.
Cuando la carga tributaria aumenta sobre patrimonios y utilidades, el efecto inmediato puede ser mayor recaudo. Pero en el mediano plazo, una menor inversión productiva implica menor crecimiento económico, menor generación de empleo y, por tanto, menor base tributaria futura. La sostenibilidad fiscal depende no solo de subir impuestos, sino de ampliar la base productiva.
Austeridad y manejo de recursos: el otro debate
El debate sobre la nueva emergencia económica se da en un contexto de cuestionamientos a Petro por la persistente corrupción en su administración. Las cifras y procesos judiciales abiertos muestran que el problema no es solo de ingresos, sino de gestión y control del gasto.
El caso más emblemático es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La compra de 40 carrotanques para La Guajira, por $46.800 millones, terminó con sobrecostos superiores a $16.000 millones, equivalentes a más del 54% del valor real del mercado. La Contraloría imputó una responsabilidad fiscal por $10.722 millones por el daño patrimonial causado.
Pero el caso fue más allá de los sobrecostos. Según las investigaciones, recursos de la UNGRD habrían sido utilizados para pagar sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a reformas del Gobierno. Este entramado llevó a prisión preventiva a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de coordinar contratos por al menos $92.000 millones.
A esto se suma el caso de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, señalado de ordenar la entrega de $4.000 millones en efectivo a presidentes del Congreso. Hoy permanece fuera del país con circular roja de Interpol.
En paralelo, la Fiscalía imputó cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes de financiación electoral y posibles irregularidades en negocios personales. Aunque los procesos no están directamente ligados a su gestión empresarial, han tenido impacto reputacional y financiero sobre la principal empresa del país.
El balance institucional es complejo. A seis meses del final del mandato, el propio análisis interno reconoce un gobierno marcado por exministros detenidos, funcionarios investigados y prófugos de la justicia.
El problema fiscal no solo está en cuánto se recauda, sino en cuánto se pierde. Si se suman los montos comprometidos en el escándalo de la UNGRD, los contratos direccionados y los recursos bajo investigación, se trata de cientos de miles de millones de pesos cuyo destino hoy está bajo escrutinio judicial.
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Emergencias económicas: uso recurrente
Desde comienzos del siglo XXI, Colombia ha declarado emergencia económica en ocho ocasiones. Solo durante el actual gobierno esta figura se ha utilizado cuatro veces. La nueva emergencia económica se suma a un uso frecuente del mecanismo, lo que abre preguntas sobre su carácter excepcional. La crisis climática exige respuestas rápidas. Pero la sostenibilidad fiscal requiere coherencia entre recaudo, gasto eficiente, crecimiento económico y estabilidad jurídica.
Claves para entender lo que viene
- La meta de $8 billones dependerá de la respuesta empresarial y del calendario tributario.
- La Corte Constitucional podría revisar nuevamente los decretos.
- Un mayor impuesto al patrimonio puede afectar decisiones de inversión si no hay señales claras de estabilidad.
- El contexto de caída en inversión extranjera y brechas fiscales previas complica el escenario.
La discusión de fondo no es si se necesitan recursos para enfrentar la crisis climática. Es si la nueva emergencia económica es el mecanismo más eficaz y sostenible para obtenerlos.
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