Nuevo decreto laboral de universidades públicas desata polémica: entre metas y déficit

El Gobierno nacional expidió el decreto laboral de universidades públicas bajo la identificación Decreto 0391 del 1 de abril de 2025. La medida establece los lineamientos para que las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales implementen Planes de Formalización Laboral, priorizando la carrera administrativa y los concursos de méritos como mecanismos de vinculación.

Esta política responde a una problemática estructural documentada por la Corte Constitucional desde 1996, y fue elaborada tras 12 mesas técnicas de trabajo entre el Gobierno, sindicatos y entidades como el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Con el decreto laboral de universidades públicas, el Ministerio de Educación Nacional busca reducir la contratación temporal predominante.

Según Daniel Rojas, actual ministro de Educación, el 76 % de los docentes en universidades públicas están vinculados bajo modalidades ocasionales o de cátedra, sin estabilidad ni beneficios laborales.

Cada institución deberá diseñar un plan estratégico de personal con cronograma, estudio financiero y diagnóstico de necesidades, que debe presentarse a los Consejos Superiores antes de abril de 2026. Se espera un avance mínimo del 40 % en la implementación para finales de ese año.

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Medida sin respaldo financiero: polémica por expedición de decreto

No obstante, el decreto laboral de universidades públicas ha generado controversia. La congresista Jennifer Pedraza advirtió sobre la falta de recursos financieros para ejecutarlo, señalando que podría agudizar la crisis presupuestal de las universidades.

Según su análisis, la medida podría “empujar a las universidades a la autofinanciación”, elevando costos educativos o restringiendo actividades académicas.

Entre los riesgos que señaló se encuentran:

• Aumento de la carga laboral sin incremento proporcional en el presupuesto.
• Necesidad de formalizar cerca de 60.000 docentes sin fuente clara de financiación.
• Posible debilitamiento institucional si los costos no son asumidos por el Estado.

Actualmente, el déficit estructural del sistema asciende a 19 billones de pesos, según el Sistema Universitario Estatal (SUE). Organizaciones como la ARPUP han solicitado al Gobierno un aumento presupuestal del IPC + 15 % para viabilizar la implementación del decreto laboral de universidades públicas.

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Falta de datos y recursos complica el cumplimiento del decreto laboral de universidades públicas

Además del sector docente, también se incluye la formalización del personal administrativo. Sin embargo, no existe un censo actualizado que indique cuántos de los 55.000 trabajadores administrativos cuentan con estabilidad laboral.

Asimismo, el Observatorio de la Universidad Colombiana ha advertido que por cada profesor de planta hay tres ocasionales, sumados a casi 9.000 catedráticos bajo contratos por horas.

Durante los próximos meses, cada institución deberá realizar estudios internos y presentar un cronograma detallado para cumplir con el plan. Para diciembre de 2027, se espera que se haya ejecutado el 100 % de lo previsto.

El éxito del proceso dependerá de los recursos financieros gestionados, ya que el decreto laboral de universidades públicas no asigna partidas específicas desde el Gobierno central.

¿Gobierno impone lineamientos pese a autonomía universitaria?

Aunque la norma respeta la autonomía universitaria, obliga a que las instituciones estructuren planes de formalización para personal docente y administrativo con funciones misionales y vocación de permanencia.

El seguimiento del proceso estará a cargo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. El decreto laboral de universidades públicas también está alineado con compromisos internacionales como el Convenio 151 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre trabajo decente y educación de calidad.

Con decisiones bilaterales, el decreto laboral de universidades públicas ya está en vigor. Su impacto en la calidad educativa, la estabilidad laboral y la sostenibilidad financiera será evaluado en los próximos años. Esto se desarrollará en paralelo con el debate sobre la reforma a la Ley 30 y la urgencia de una financiación estructural del sistema de educación superior.