viernes, octubre 15, 2021
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Patrullaje militar

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

Esta semana el portal SeguridadCiudad realizó un sondeo. Se les preguntó a los internautas si estaban o no de acuerdo con la militarización de las ciudades. El 65% de los ciudadanos manifestó que aprueban la medida anunciada por el ministro de Defensa.

Ante la insostenible escalada de la inseguridad ciudadana, parece que las opciones para controlar el crimen se van cerrando. Las autoridades locales y nacionales han perdido la fórmula para detener los hurtos, homicidios y extorsiones. La violencia se ha convertido en paisaje y poco a poco los colombianos hemos renunciado al derecho de sentirnos seguros y tranquilos. En las calles, restaurantes e incluso en nuestros hogares se mantiene una incómoda zozobra por el riesgo que significa vivir bajo el azote del miedo.

Proliferan las bandas de moto ladrones, grupos organizados, pandillas barriales. El fenómeno de la inseguridad cada vez más responde a dinámicas complejas sobre las cuales no parecen haberse aún cuajado las soluciones de política necesarias.

Militarizar las ciudades promoviendo patrullajes conjuntos con la policía y puestos de control para el manejo de las armas, entonces, parece convertirse en la única alternativa posible. Hemos ya señalado en este espacio que lo que verdaderamente se requiere es una reforma estructural de la justicia, así como de la policía. Una inversión en políticas sociales y la implementación de nuevas tecnologías para atajar el crimen. Pero todas estas soluciones se miden en el espectro del largo plazo, el cual no complace a una ciudadanía que cada día, por su mismo desespero, pide medidas inmediatas.

Pero el afán por sentirnos seguros y el espejismo de lograrlo mediante la militarización de las calles, no es más que una vana ilusión. De hecho, el profesor de la Universidad de los Andes, Michael Weintraub, publicó recientemente en sus redes sociales el resultado de una investigación sobre los efectos de la colaboración del ejército con la alcaldía de Cali en 2019. En esa oportunidad, se implementaron pruebas aleatorias controladas para aislar el efecto causal de las patrullas militares y medir su impacto en el control del crimen. Se seleccionaron las comunas 18 y 20, consideradas por las autoridades como los puntos más calientes. Durante una semana, los militares patrullaron de manera intensiva durante las noches en las cuadras objeto de análisis. Posteriormente, se procedió a contrastar los resultados obtenidos en dichos segmentos con las otras manzanas que no tuvieron tales medidas de patrullaje.

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El ejercicio arrojó una serie de conclusiones que deberían ser tenidas en cuenta. El crimen no desapareció. Se desplazó a las zonas que no estaban siendo patrulladas. Pero adicionalmente, en las manzanas donde en cambio sí hubo presencia militar, el delito volvió y regresó con una mayor intensidad una vez se retiraron los miembros del ejército. En algunos casos, el patrullaje también conllevó un aumento en la violación de los derechos humanos. En términos generales, según el estudio, este tipo de medidas no son efectivas para combatir los fenómenos de inseguridad ciudadana y, por el contrario, pueden implicar costos muy altos para la ciudadanía. Estas conclusiones, que por lo demás son comunes en variados estudios, no son sino la confirmación de que militarizar las ciudades puede generar un alivio momentáneo en términos de percepción, pero que a la hora de la verdad no resuelven el problema de fondo. 

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Es así que los mandatarios se enfrentan a una difícil disyuntiva. Implementar políticas de corto plazo e inefectivas para mitigar el afán de reducir la percepción de inseguridad o, por el contrario, invertir sus escasos recursos en soluciones de largo plazo que resuelvan de manera estructural el problema. Los ciclos electorales obligar a optar por la primera medida, dado que el costo político de no hacerlo es demasiado alto.

Ahora bien, lo que resta entonces es preguntarnos por el impacto que esas decisiones tienen para el sostenimiento de un Estado social de derecho. Privilegiar las políticas que se toman bajo la presión que ejerce el miedo, son justamente una peligrosa moneda de cambio para la democracia. Así, seguiremos aplazando soluciones audaces y estructurales.

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

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