Paz total Colombia 2025: balance incierto y los riesgos que ya se sienten en los territorios
Balance crítico de la política de paz total en el 2025, aumento de la violencia, diálogos estancados y riesgos crecientes en los territorios más afectados.
Cuando Colombia llega al cierre de 2025, la política de paz total atraviesa uno de sus momentos más complejos. Aunque el Gobierno mantiene abiertos varios espacios de diálogo con actores armados, la realidad en los territorios cuenta otra historia, el repunte de la violencia en zonas estratégicas, negociaciones estancadas y una creciente fatiga social frente a un discurso de paz que no logra traducirse en mejoras concretas para la población civil.
Las disputas por el control territorial en departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca siguen marcando el pulso del conflicto y ayudan a explicar por qué la paz total no se ha convertido en alivios humanitarios sostenidos. Lejos de ceder, la violencia se reproduce en escenarios donde confluyen economías ilegales, débil presencia institucional y dinámicas armadas persistentes, incluso en contextos donde existen mesas de diálogo o anuncios de cese de hostilidades.
La dimensión estructural del problema se hace más evidente al observar la tendencia de largo plazo. Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y hasta mediados de 2025 han sido asesinados 1.577 líderes y lideresas sociales en Colombia.
Esta cifra acumulada confirma que la violencia contra el liderazgo comunitario no es un fenómeno coyuntural, sino un rasgo persistente del conflicto armado, con impactos especialmente graves sobre mujeres rurales, comunidades étnicas y procesos organizativos locales, y pone en evidencia las dificultades del Estado para garantizar protección efectiva en los territorios más expuestos.
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Qué se propuso la paz total y dónde está hoy
La paz total fue presentada como una apuesta integral para superar el conflicto armado mediante negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias y estructuras criminales, acompañadas de una mayor presencia estatal en los territorios históricamente marginados.
Documentos oficiales del Departamento Nacional de Planeación y del Alto Comisionado para la Paz señalan que el objetivo era reducir la violencia mientras se avanzaba en transformaciones territoriales y garantías de derechos. Sin embargo, al cierre de 2025, el balance muestra que la paz total no ha logrado consolidarse como una política con resultados homogéneos.
Los avances han sido fragmentados y, en varios casos, reversibles, lo que abre preguntas sobre su sostenibilidad de cara a 2026.
Mesas de diálogo: avances limitados y estancamiento
Uno de los rasgos más visibles de la paz total ha sido la multiplicación de mesas de diálogo. De acuerdo con análisis de la Fundación Ideas para la Paz y del International Crisis Group, Colombia llegó a tener más de ocho procesos activos o en fase exploratoria durante 2024 y 2025.
No obstante, varias de estas mesas entraron en bloqueos prolongados. El caso más significativo fue la suspensión del diálogo con el ELN en 2025, tras hechos de violencia que incluyeron ataques a la población civil y rupturas de compromisos mínimos. Esta ruptura debilitó la narrativa de la paz total y evidenció la fragilidad de los ceses al fuego sin mecanismos sólidos de verificación.
El resultado es una política de paz fragmentada, con negociaciones que avanzan a ritmos distintos y sin una hoja de ruta clara que articule seguridad, justicia y presencia estatal.
Violencia persistente: lo que dicen las cifras
Los datos disponibles refuerzan la lectura crítica. Informes de organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación y Vivamos Humanos muestran que, pese a la existencia de diálogos, los hechos violentos aumentaron en varias regiones durante 2025. Homicidios, desplazamientos forzados y confinamientos continuaron afectando a comunidades rurales en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander.
Este comportamiento contradice una de las promesas centrales de la paz total: generar alivios humanitarios tempranos mientras avanzaban las negociaciones. En la práctica, la reducción de la violencia ha sido irregular y, en algunos territorios, inexistente.
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Paz total y capacidad del Estado en los territorios
Más allá de los grupos armados, el principal desafío de la paz total ha sido la capacidad del Estado para ocupar y proteger los territorios. Informes del International Crisis Group advierten que la retirada parcial o la contención de actores armados, sin una presencia institucional fuerte, ha generado vacíos de poder aprovechados por otras estructuras ilegales.
Esto revela que la paz total no es solo un problema de negociación, sino de política pública integral. Sin inversión sostenida, servicios básicos, justicia local y protección efectiva, los acuerdos pierden legitimidad frente a las comunidades.
Impacto diferencial: mujeres rurales y lideresas sociales
La falta de resultados tangibles de la paz total tiene efectos especialmente graves en mujeres rurales, lideresas sociales y comunidades étnicas. Datos de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos muestran que los liderazgos comunitarios siguen siendo blanco de amenazas y asesinatos, incluso en zonas donde existen procesos de diálogo.
Para muchas mujeres rurales, la paz total no se ha traducido en mayor seguridad, acceso a tierra o programas productivos. Por el contrario, la persistencia de la violencia limita su participación política y profundiza la carga de cuidados en contextos de pobreza y conflicto, un aspecto poco abordado en la implementación de la política de paz.
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Escenarios posibles para 2026
Con este balance, la paz total en Colombia entra a 2026 con tres escenarios plausibles.
El primero es la continuidad con ajustes, que implicaría reducir la dispersión de mesas, priorizar territorios críticos y fortalecer la protección de civiles.
El segundo es un replanteamiento profundo, centrado menos en anuncios de diálogo y más en capacidad estatal, seguridad humana y presencia institucional sostenida.
El tercero es el desgaste político, donde la paz total pierde apoyo ciudadano y se convierte en una política defensiva, con bajo impacto real y alta conflictividad territorial.
Lo que dejan los hechos al cierre de 2025
Al final de 2025, la paz total sigue siendo una política en disputa entre la intención y la realidad. Los informes y análisis coinciden en que el problema no es solo la voluntad de negociar, sino la debilidad estructural del Estado para garantizar seguridad y derechos en los territorios.
Si 2026 no trae correcciones sustantivas, la paz total corre el riesgo de convertirse en un concepto políticamente poderoso, pero socialmente insuficiente para quienes viven el conflicto en su cotidianidad.
