¿De dónde saldrá el dinero para financial el Pilar Solidario de la reforma pensional 2025? El desafío El desafío del financiamiento

La reforma pensional 2025 aprobada en Colombia y que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2025 promete un cambio estructural en la protección social para la vejez.

El Pilar Solidario —uno de los componentes más emblemáticos— busca garantizar una renta básica de $230.000 mensuales a adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad. La intención, socialmente loable, ha sido recibida con respaldo político y ciudadano en los debates sobre reforma pensional 2025.

Sin embargo, como advierten varios expertos, el verdadero dilema no está en su propósito, sino en su viabilidad fiscal. ¿De dónde saldrá el dinero para pagarla?

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El costo del compromiso de la reforma pensional 2025

Para el segundo semestre de 2025 el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que asumirá la implementación del Pilar Solidario, estima que el costo será de casi 4 billones de pesos. De este monto, solo un billón provendrá del Fondo de Solidaridad Pensional, financiado por cotizaciones de trabajadores de altos ingresos.

Según la reforma pensional 2025, los tres billones restantes deberán salir del Presupuesto General de la Nación (PGN). Sin embargo, durante un debate de control político en el Senado el pasado 22 de abril, quedó en evidencia que no hay una fuente clara ni asegurada para cubrir esos recursos.

Y esto es apenas el comienzo. Para 2026, el gasto estimado en este mismo componente será de 7 billones de pesos, un aumento que refleja tanto el crecimiento de la población beneficiaria como la expansión del programa.

A esto deben sumarse otras obligaciones futuras derivadas de la reforma: mujeres que se van a pensionar con 1.000 semanas cotizadas, beneficios especiales para poblaciones rurales, afrodescendientes e indígenas y prestaciones anticipadas con requisitos reducidos. Como advierte el economista Stefano Farné, “más temprano que tarde, la restricción presupuestal aflora”.

¿Una pensión o un subsidio?

Otro eje de debate gira en torno a la naturaleza jurídica y económica del beneficio. Aunque el programa promete protección económica para la vejez, varios juristas y analistas señalan que una renta inferior al salario mínimo legal, que en 2025 es de $1.423.500, no puede ser considerada legalmente una pensión.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 100 de 1993 y el Artículo 48 de la Constitución Política, la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, como es el caso de las asignaciones de los pilares solidario y semicontributivo.

Este matiz no es trivial. Incluir estos beneficios como parte del Sistema de Seguridad Social de Pensiones distorsiona el diseño del sistema y puede generar percepciones erróneas entre los beneficiarios y los contribuyentes sobre el alcance real del Estado en materia de pensiones.

Incentivos perversos: ¿vale la pena cotizar?

Un efecto no deseado del diseño actual es que no crea incentivos claros para la formalización ni el ahorro pensional individual. En muchos casos, un trabajador que cotizó por 15 años con un salario mínimo obtendrá una renta inferior en el Pilar Semicontributivo que una persona que nunca cotizó y accede directamente al Pilar Solidario.

En palabras de Farné, “para los trabajadores de bajos ingresos y empleo inestable, no es negocio formalizarse y cotizar a pensiones en el nuevo sistema”. Esto genera nuevos desafíos para la implementación de la reforma pensional 2025.

Esto plantea un riesgo estructural: en vez de fomentar una cultura de ahorro y previsión, el sistema podría terminar incentivando la informalidad y la dependencia de subsidios estatales.

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Desigualdades territoriales: un monto fijo para una Colombia diversa

El beneficio solidario establece un monto uniforme de $230.000 mensuales para todos los adultos mayores que cumplan los criterios. No obstante, Colombia es un país profundamente desigual en términos de costo de vida. Mientras que en zonas rurales la canasta básica puede costar la mitad (si se compara con ciudades como Bogotá o Medellín), el valor de la renta no se ajusta regionalmente.

Para los críticos, el monto debería tener en cuenta las diferencias de precios en el territorio nacional. Un adulto mayor en el campo podría ver cubiertas gran parte de sus necesidades con ese ingreso, mientras que en zonas urbanas podría resultar insuficiente incluso para cubrir una sola necesidad básica.

¿Por qué no los 500.000 prometidos?

Durante la campaña electoral, el presidente Gustavo Petro prometió una renta básica de $500.000 mensuales. ¿Por qué entonces se fijó el monto en menos de la mitad en la reforma pensional 2025? La respuesta, una vez más, es la restricción presupuestaria. Sin un financiamiento sólido y sostenible, la promesa de campaña se transformó en una solución de compromiso.

Como bien lo explica Farné: “Sin considerar la disponibilidad de los recursos necesarios para pagar la renta básica prometida, 500.000 pesos serán siempre preferibles a $230.000, y $1.423.500 será mejor que solo $500.000”. En economía, un proceso de optimización que no contempla una restricción presupuestal no tiene solución.

Reglamentación y preparación institucional: tareas pendientes para la implementación de la reforma pensional 2025

A las dudas presupuestales se suman incertidumbres operativas y normativas. El decreto reglamentario de la reforma ha recibido reparos de fondos de pensiones y expertos en derecho laboral. Una de las principales críticas es que limita la posibilidad de sobrecotizar para aumentar la pensión en Colpensiones, lo que podría interpretarse como una estrategia para reducir el monto de las pensiones reconocidas.

Además, aún no hay claridad sobre la administración del Fondo de Ahorro por parte del Banco de la República, entidad que hasta ahora no ha hecho ninguna contratación ni ningún otro avance en la implementación de la reforma pensional 2025.

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