El aumento del precio de la gasolina golpea más a los pobres: 8 de cada 10 motociclistas son de estratos bajos
La discusión sobre el precio de la gasolina volvió al centro del debate económico y político en Colombia en medio de tensiones por el Presupuesto General de la Nación para 2026 y los anuncios de una nueva reforma tributaria.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que, de no aprobarse una nueva reforma tributaria, el país deberá afrontar un incremento adicional en el valor del combustible para cubrir el déficit fiscal que dejó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Sin embargo, economistas como Diego Otero Prada, vicepresidente de la Academia de Ciencias Económicas, han desmentido los argumentos del Gobierno y señalan que los colombianos ya pagan uno de los precios más altos del mundo.
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El déficit fiscal y el precio de la gasolina
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Entre enero de 2022 y junio de 2025, la Nación destinó $72,8 billones al FEPEC, el mecanismo creado para que los consumidores no pagaran de manera directa la volatilidad de los precios internacionales. Este subsidio cubría la diferencia entre lo que costaba producir o importar combustibles y lo que se cobraba en las estaciones de servicio.
El Gobierno Petro considera que este esquema se convirtió en un lastre para las finanzas públicas. El déficit fiscal estimado para 2025 es de 7,1% del PIB, lo que, según el presidente, obliga a replantear la política de subsidios y a buscar nuevas fuentes de ingresos.
En palabras del propio mandatario, “la deuda con los más pobres que terminaron pagando con presupuesto el déficit de la gasolina se debe pagar en la nueva reforma tributaria por los más ricos”.
Pero el dilema no es sencillo. Una reforma tributaria enfrenta un Congreso dividido y un ambiente político preelectoral. Ante este panorama, Petro advirtió que, si la tributaria no pasa, la alternativa será trasladar el costo a los consumidores mediante un nuevo aumento en el precio de la gasolina.
Los cuestionamientos de Diego Otero
Para Diego Otero, los argumentos oficiales no se sostienen en la realidad. Según sus cálculos, en julio de 2025 el galón de gasolina en Bogotá costaba $16.213,35, equivalente a 4,028 dólares, un valor superior al promedio internacional y muy por encima de referencias como la Costa del Golfo en Estados Unidos, donde el precio era de 2,745 dólares por galón.
El economista señala que el ingreso al productor de Ecopetrol también es elevado: $11.007,53 pesos por galón, cuando el precio internacional de referencia rondaba los 2 dólares. Esto significa que los consumidores colombianos estarían pagando cerca de $2.938 pesos adicionales por galón, en contra de la fórmula de precios definida por el mismo Gobierno.
“Los colombianos están pagando una gasolina muy cara, por encima de la fórmula, lo que perjudica directamente a las clases medias y bajas”, concluyó Otero.
¿La gasolina es un consumo de ricos?
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno es que el consumo de gasolina favorece principalmente a los sectores más ricos. Sin embargo, Otero desmiente esta idea y recuerda que los principales usuarios de la gasolina regular pertenecen a los estratos 1 a 4.
En el caso de las motocicletas, que representan más de 11 millones de vehículos en el país, el 80% de los propietarios pertenece a estratos populares. Además, en las zonas rurales, los jeeps y otros vehículos que funcionan a gasolina son un transporte esencial para comunidades campesinas.
Por eso, trasladar el costo fiscal a través de un nuevo aumento en el precio de la gasolina tendría un impacto regresivo: castigaría a quienes menos capacidad económica tienen y ampliaría las brechas sociales.
El trasfondo político y económico del precio de la gasolina
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El debate sobre los combustibles es mucho más que una discusión técnica. Para el Gobierno, desmontar los subsidios al diésel y la gasolina es una necesidad fiscal, pero también un riesgo político. Ya en septiembre de 2024, un alza de cerca de $2.000 por galón en el diésel desató un paro de transportadores que bloqueó el país. La administración Petro tuvo que retroceder parcialmente y limitar los incrementos.
Hoy, esa tensión persiste. Los expertos advierten que los usuarios de vehículos particulares están subsidiando, de manera indirecta, al transporte de carga, pues el precio de la gasolina se mantiene por encima del valor internacional mientras el diésel sigue recibiendo ayudas.
El propio presidente ha planteado que, si no se logra aprobar la reforma tributaria que busca recaudar $26,3 billones en 2026, el aumento en el precio de la gasolina será inevitable. La medida, sin embargo, podría convertirse en un detonante social en medio de un año preelectoral y con un Congreso difícil de alinear.
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Los colombianos ya pagan más de lo que deberían
La discusión sobre el precio de la gasolina en Colombia resume la encrucijada de la política económica actual: por un lado, la necesidad de cerrar un déficit fiscal creciente; por el otro, el riesgo de profundizar la crisis social con un nuevo golpe al bolsillo de los hogares.
Mientras el Gobierno insiste en que el alza es inevitable, voces críticas como la de Diego Otero recuerdan que los colombianos ya pagan más de lo que deberían. Y que, lejos de ser un asunto de élites, la gasolina es un bien de consumo masivo para millones de familias de ingresos medios y bajos.
El desenlace de este pulso marcará no solo el futuro de la política fiscal del país, sino también la relación entre el Gobierno y la ciudadanía en uno de los temas más sensibles para cualquier economía: el precio de los combustibles.
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