El cierre fiscal de Petro: récord de gasto, déficit alto y en riesgo las pensiones
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el más alto en la historia reciente del país, se convirtió en el último pulso fiscal del gobierno de Gustavo Petro. Con una cifra oficial de $546,9 billones, la ley aprobada por el Congreso promete consolidar los programas sociales del cuatrienio, pero deja abiertas profundas grietas en materia de transparencia, sostenibilidad y equidad territorial.
El Ejecutivo asegura que el nuevo presupuesto garantiza la ejecución final del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, mientras que la oposición y varios sectores económicos advierten que el cierre fiscal del gobierno se da en medio de endeudamiento creciente, recortes sensibles y facultades polémicas otorgadas al Ejecutivo.
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Las cifras del presupuesto más grande de la historia
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presupuesto se distribuye así:
- Gasto de funcionamiento: $358,1 billones
- Servicio de la deuda: $100,5 billones
- Inversión pública: $88,4 billones
Los sectores con mayor asignación son servicio de la deuda ($97,1 billones), educación ($88,2 billones), salud ($78,1 billones), defensa y Policía ($65,7 billones) y trabajo ($56,7 billones).
Sin embargo, el peso del endeudamiento preocupa: solo los intereses de la deuda pública superan los $70 billones, lo que, según expertos como Jorge Iván González, “reduce el margen de maniobra del Estado y limita la inversión productiva”.
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Déficit fiscal y deuda pública: el talón de Aquiles del modelo
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, advirtió que el déficit fiscal se mantendrá por encima del 7% del PIB en 2025, y que para 2026 solo podría bajar al 6,2% si se logra un ajuste de al menos $35 billones.
A esto se suma una deuda pública que llegaría al 63,5% del PIB, los niveles más altos en la historia reciente. “El país sigue gastando más de lo que tiene”, alertó Ocampo, quien también cuestionó la decisión del Gobierno de renunciar a la línea de crédito flexible del FMI, una herramienta que antes garantizaba estabilidad ante choques externos.
En la práctica, el presupuesto aprobado se sostiene sobre una reforma tributaria aún incierta, que busca recaudar $16,3 billones adicionales. Sin esos ingresos, el déficit podría dispararse hasta el 8,2% del PIB, según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Polémica por las facultades al Ejecutivo: artículos 89 y 90 en la mira
El debate más intenso lo provocaron los artículos 89 y 90 del PGN. El primero permite redireccionar recursos de peajes no concesionados; el segundo faculta al Ministerio de Hacienda y al DNP para hacer modificaciones presupuestales por decreto, sin pasar por el Congreso.
Para el senador Enrique Cabrales, esto representa “una carta abierta para jugar con las pensiones de los colombianos”. A su vez, el senador Carlos Fernando Motoa radicó la primera demanda ante la Corte Constitucional, alegando vicios de trámite y violación del principio de bicameralismo.
El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un mecanismo operativo necesario para garantizar la implementación de la reforma pensional si la Corte la avala.
Perdedores del Presupuesto 2026
Sectores como agricultura, defensa y medio ambiente sufrieron recortes, mientras que entidades como el DAPRE (Presidencia) y el Fondo Paz recibieron incrementos significativos, lo que algunos analistas interpretan como un uso político del gasto en año preelectoral.
También se mantienen las críticas por la baja inversión regionalizada. La Amazonia y la Orinoquia solo recibirán el 0,61 % del total del presupuesto, menos de $3,4 billones para más de la mitad del territorio nacional. En contraste, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentrarán cerca del 24 % de los recursos de inversión, un reflejo de la persistente centralización fiscal.
Recortes en la Rama Judicial y demandas en curso
La Rama Judicial también alzó la voz: denunció un recorte de $695 mil millones adicionales, sumados a una reducción previa de $4,4 billones frente a su solicitud inicial. Según el comunicado oficial, esto afectará la implementación de la Ley 2452 de 2025 (nuevo Código Procesal del Trabajo) y la creación de cargos judiciales, lo que podría ralentizar la justicia laboral y agraria.
Al menos dos demandas constitucionales buscan frenar la entrada en vigor del presupuesto. Mientras la Corte Constitucional estudia la validez de su trámite, el país entra en 2026 con incertidumbre jurídica y un ambiente político enrarecido por la desconfianza institucional.
Un presupuesto condicionado por la política y la deuda
El Presupuesto 2026 refleja las tensiones estructurales del modelo fiscal colombiano: gasto público en aumento, deuda que limita la inversión y un Congreso debilitado en su rol de control.
Aunque el Gobierno defiende el presupuesto como un instrumento para garantizar la continuidad de sus políticas sociales, los expertos coinciden en que el país enfrenta una crisis de confianza que trasciende lo financiero: la ciudadanía percibe un Estado endeudado, centralizado y políticamente polarizado.
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El último presupuesto del gobierno Petro no solo define cómo se gasta el dinero público, sino también cómo se reparte el poder en su último año de mandato.
