Presupuesto General de la Nación 2025 en la cuerda floja: baja ejecución y escándalos de corrupción marcan el debate
El presupuesto General de la Nación 2025 nuevamente da de qué hablar. El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, confirmó que los parlamentarios negaron oficialmente el monto de $523 billones presentado por el Ministerio de Hacienda para el Presupuesto General de la Nación 2025.
Esta negativa se enmarca en un contexto de preocupación por el desfinanciamiento estatal y una baja ejecución presupuestal, factores que han generado incertidumbre sobre la necesidad de una nueva reforma tributaria para financiar las cuentas del Estado.
El rechazo del Congreso al Presupuesto General de la Nación 2025 deja al gobierno de Gustavo Petro en una situación complicada. La necesidad de una reforma tributaria para financiar el déficit ha generado divisiones en el debate público, con voces que advierten sobre los riesgos de aumentar la carga fiscal en un contexto de recuperación económica débil.
Al mismo tiempo, los bajos niveles de ejecución presupuestal y los escándalos de corrupción han socavado la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar eficientemente los recursos públicos.
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Presupuesto General de la Nación 2025: Condicionado por una reforma tributaria
El Presupuesto General de la Nación 2025 presentado por el gobierno no solo proponía un monto elevado, sino que también estaba condicionado a la aprobación de una reforma tributaria o “Ley de Financiamiento”. Según el proyecto, el Ministerio de Hacienda calculaba ingresos tributarios por $316,5 billones, lo que representaba $26,6 billones más de lo proyectado en el marco fiscal de mediano plazo.
La factibilidad de estos ingresos adicionales ha sido cuestionada por expertos. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, expresó su preocupación por los riesgos asociados a estos ingresos adicionales. Según Mejía, “hay un riesgo alto de que estos ingresos no se materialicen, ya que $12 billones deberían provenir de una reforma tributaria que podría afectar aún más la recuperación económica del país”.
Además, otros $14,6 billones no tienen una fuente de financiación confiable. Esta falta de certidumbre ha llevado a que diversos actores políticos y económicos critiquen el proyecto, advirtiendo que una reforma tributaria en este contexto podría agravar la situación económica en lugar de aliviarla.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó la negativa del Congreso como una “gran noticia” para la economía del país. En su opinión, la caída del presupuesto implicaría también la cancelación de la reforma tributaria, lo que permitiría evitar el impacto negativo de una mayor carga impositiva en la recuperación económica. Restrepo subrayó que la única salida es “austeridad y más crecimiento”, celebrando la decisión del Congreso como un acto de responsabilidad fiscal.
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Baja ejecución presupuestal
Uno de los factores que ha llevado a la negativa del Congreso al Presupuesto General de la Nación 2025 presentado por el gobierno es la baja ejecución presupuestal observada hasta agosto de 2024. A pesar de que el presupuesto de 2024 fue aprobado con un total de $502,6 billones (posteriormente ajustado a $503,4 billones), los niveles de ejecución han sido alarmantemente bajos. Según cifras oficiales, solo el 60,3% de este monto ha sido comprometido, el 51% ha sido obligado, y apenas el 50,7% ha sido pagado. Esto significa que casi la mitad del presupuesto aún no ha sido ejecutado, lo que podría retrasar la realización de proyectos clave para el desarrollo del país.
La situación es especialmente preocupante en los rubros de funcionamiento e inversión. En cuanto al funcionamiento, de los $308,9 billones asignados, solo el 58,9% ha sido comprometido y el 53,9% pagado. Esto podría estar afectando sectores esenciales como la educación, la salud y la defensa, que dependen de estos recursos para su funcionamiento diario.
El rubro de inversión presenta un panorama aún más crítico. De los $100 billones asignados para proyectos de desarrollo, solo el 62,6% ha sido comprometido, mientras que apenas el 29,9% ha sido obligado y el 29,8% pagado. Estos bajos niveles de ejecución revelan una subutilización de los recursos disponibles, lo que puede frenar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
Un aspecto notable en la ejecución presupuestal ha sido la prioridad dada al pago del servicio de la deuda. Hasta agosto de 2024, el 62,5% de los recursos asignados para este rubro habían sido comprometidos y el 62,3% pagados, cifras significativamente superiores a las observadas en otros sectores. Esto sugiere que el gobierno ha dado mayor prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras que a la inversión en programas de desarrollo social y económico.
Escándalos de corrupción
A la baja ejecución presupuestal se suman los escándalos de corrupción que han salpicado al gobierno de Gustavo Petro. Uno de los casos más mediáticos ha sido el de su hijo, Nicolás Petro, quien fue acusado de recibir fondos ilegales durante la campaña presidencial de 2022. Este caso ha generado serias dudas sobre la financiación de la campaña de Petro y ha afectado la confianza en su administración.
Otro caso destacado ha sido el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se detectaron irregularidades en el manejo de fondos destinados a la crisis de agua en La Guajira. Este escándalo involucra a varios funcionarios cercanos al presidente y ha puesto de relieve la malversación de recursos públicos, lo que agrava aún más la situación de baja ejecución y eficiencia en el uso de los fondos estatales.
