Protestas en Nepal: Sushila Karki, primera mujer primer ministro tras la crisis
Las protestas en Nepal, un país enclavado en el Himalaya entre India y China y con cerca de 30 millones de habitantes, han escalado hasta convertirse en una de las mayores crisis políticas y sociales de Asia en 2025. Este Estado parlamentario, que funciona como república federal desde 2015, enfrenta una ola de indignación ciudadana tras el intento del gobierno de imponer una estricta censura de redes sociales bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
Para millones de jóvenes, la medida fue interpretada como un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de silenciar las críticas contra la corrupción, un problema crónico que ha marcado a la política nepalesa durante décadas. Informes internacionales advierten, además, que recursos destinados al desarrollo y a la reconstrucción tras desastres naturales han sido desviados en repetidas ocasiones, lo que alimenta la desconfianza hacia las élites gobernantes.
La combinación de desigualdad, falta de transparencia y represión digital encendió un movimiento nacional que ya deja 51 muertos, más de 1.300 heridos y la fuga de 12.500 presos. La renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli abrió paso a un hecho histórico con la llegada al poder de Sushila Karki, primera mujer en asumir como primera ministra interina en Nepal.
El detonante de las protestas en Nepal: censura de redes sociales y protesta juvenil
La chispa inicial fue la decisión del gobierno de prohibir el uso de 26 plataformas digitales, entre ellas Facebook, WhatsApp, X y YouTube, bajo el argumento de frenar la “desinformación” y proteger la seguridad nacional. Para gran parte de la ciudadanía, y en especial para la juventud urbana, la medida fue percibida como un intento directo de silenciar críticas al poder y restringir libertades básicas en un país que ya carga con un historial de inestabilidad política.
La reacción fue inmediata. Miles de estudiantes y profesionales jóvenes se organizaron en calles, plazas y universidades, reclamando no solo el derecho a expresarse, sino también reformas de fondo contra la corrupción y la desigualdad. Según Reuters, las protestas en Nepal se caracterizaron por su carácter espontáneo y descentralizado, con fuerte protagonismo de la Generación Z, que utilizó herramientas tecnológicas como VPN, transmisiones en vivo y foros alternativos para desafiar la censura digital.
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Juventud en Nepal oportunidades limitadas
El trasfondo de esta movilización juvenil revela tensiones más profundas. Aunque Nepal ha reducido la pobreza en las últimas dos décadas, muchos jóvenes sienten que las oportunidades económicas no corresponden a sus expectativas.
El desempleo juvenil ronda el 19 %, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, y cada año miles de nepalíes menores de 30 años migran hacia países del Golfo o a Malasia para trabajar en empleos precarios. Las remesas que envían desde el extranjero representan más del 25 % del PIB, lo que evidencia que gran parte de la economía depende del sacrificio de su juventud en otros territorios.
A esto se suma la brecha entre áreas urbanas y rurales. Mientras en Katmandú algunos jóvenes acceden a educación superior y tecnología, en zonas montañosas aisladas las oportunidades son escasas, y la falta de empleo formal perpetúa un ciclo de pobreza. Esta realidad explica por qué la censura digital fue el detonante en un país donde el internet es visto como una ventana para estudiar, trabajar y migrar, bloquear redes sociales no solo significa limitar la expresión política, sino también cortar uno de los pocos canales de movilidad social.
La renuncia del primer ministro y la crisis institucional
La presión política y social alcanzó un punto crítico cuando las marchas se tornaron violentas. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, incendios en edificios públicos y ataques a sedes gubernamentales.
El primer ministro K.P. Sharma Oli, líder del Partido Comunista de Nepal (PCN-UML), se había caracterizado por un estilo autoritario y confrontacional, con decisiones que frecuentemente generaban tensiones entre la presidencia, el parlamento y la Corte Suprema. Durante su mandato, Oli consolidó el poder en torno a su figura, impulsando reformas constitucionales controvertidas. Su gobierno también había sido señalado por casos de corrupción y mala gestión de recursos, lo que profundizó la desconfianza ciudadana.
La combinación de protestas masivas, represión violenta y el creciente descontento de la población hizo que la renuncia de Oli fuera inevitable. En un discurso transmitido por televisión nacional, Oli anunció su dimisión argumentando que lo hacía “en favor de la estabilidad del país y la unidad nacional”, aunque analistas internacionales interpretaron su salida como resultado directo de la presión popular y de la imposibilidad de mantener el control político frente a la crisis.
A la renuncia del primer ministro se sumó la del ministro del Interior, quien dimitió por “responsabilidad moral” tras la represión que causó víctimas y heridos. La situación se complicó aún más con la fuga masiva de 12.500 presos que aprovecharon el caos para escapar de varias cárceles, generando un desafío adicional para la seguridad nacional y profundizando la sensación de inestabilidad institucional.
Esta crisis no solo marcó el fin del mandato de Oli, sino que también dejó en evidencia las fragilidades del sistema parlamentario nepales, donde la concentración de poder en una sola figura puede desencadenar conflictos de gran magnitud cuando la ciudadanía movilizada cuestiona decisiones clave del gobierno.
El ascenso histórico de la primera mujer primer ministro
El vacío de poder generado por la renuncia de K.P. Sharma Oli abrió paso a un hecho histórico la designación de Sushila Karki como primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Nepal. Su trayectoria como ex jueza de la Corte Suprema le otorga un perfil profesional sólido, caracterizado por independencia judicial y reputación de integridad, pero la política ejecutiva es un terreno distinto, lleno de desafíos que la joven democracia nepalesa ha mostrado repetidamente incapaz de manejar sin crisis.
El nombramiento de Karki tiene un fuerte valor simbólico. Representa un gesto de apertura y renovación en un país donde la política ha estado históricamente dominada por hombres y por estructuras de poder centralizadas. Sin embargo, el simbolismo no garantiza eficacia inmediata: su liderazgo interino se enfrenta a retos estructurales profundos, que incluyen restaurar la confianza ciudadana tras la represión de las protestas en Nepal, controlar la crisis penitenciaria y atender la demanda de transparencia en la gestión pública.
El desafío de Karki es doble: demostrar que una mujer puede liderar un país marcado por la desigualdad de género y, al mismo tiempo, que la institucionalidad puede superar décadas de corrupción y clientelismo. Analistas internacionales advierten que su éxito no dependerá solo de su reputación personal, sino de su capacidad para reformar procesos políticos y judiciales, y para negociar con un parlamento fragmentado y con fuerzas políticas aún divididas tras la caída de Oli.
Aunque hay significativas razones internas que explican la crisis en Nepal, hay factores externos que no se deben dejar de tener en cuenta. El hecho de que Nepal es un Estado tapón entre China e India y la experiencia de las llamadas revoluciones de colores en varios países en las últimas décadas permite incluir en el análisis la posible intervención de actores foráneos que podrían pescar en río revuelto.
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