Duro golpe para el sector vivienda: reducción de subsidios Mi Casa Ya y nuevos aranceles a los materiales de construcción
Garantizar el acceso de toda la población colombiana a una vivienda digna se ha consolidado como uno de los principales desafíos para el sector de vivienda en Colombia. Según un informe de Asobancaria, el índice de propiedad de vivienda en el país es del 36,9%, muy por debajo del promedio latinoamericano de 67,8%.
Factores como la alta informalidad en la vivienda, la concentración de la oferta en grandes centros urbanos, la capacidad de ahorro de los hogares y las dificultades de acceso al crédito para ciertos segmentos de la población continúan limitando el cumplimiento de este derecho fundamental. Según estimaciones de Camacol, para 2025 el número de hogares que desistirán de adquirir una vivienda podría superar los 40.000.
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Las políticas adoptadas afectarán gravemente la producción de vivienda de interés social
La drástica reducción del 39% en los subsidios para vivienda Mi Casa Ya, anunciada por el gobierno nacional, se perfila como un nuevo obstáculo que profundizará la crisis en el sector. Este recorte presupuestario, que equivale a 1,64 billones de pesos para el próximo año, disminuye considerablemente la capacidad de inversión en programas de vivienda social, lo que podría llevar a miles de hogares a desistir de adquirir una vivienda propia.
La reducción en la disponibilidad de subsidios Mi Casa Ya representa un duro golpe para el sector vivienda. El Ministerio de Vivienda ha anunciado que solo podrá otorgar 20.500 de los 50.000 subsidios prometidos para 2025, lo que significa una reducción del 59%. Esta disminución en Mi Casa Ya, sumada a la preasignación de casi el 30% de los subsidios Mi Casa Ya disponibles, limita significativamente el alcance del programa a nuevos beneficiarios.
Los hogares de bajos ingresos, quienes ya enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, serán los más afectados por esta reducción. La disminución de subsidios Mi Casa Ya, sumada al aumento en los costos de construcción, dificultará aún más que estas familias puedan cumplir su sueño de tener una casa propia. Según Camacol, esta situación tendrá un impacto negativo en el sector de la construcción y podría generar una disminución en las ventas de unidades de interés social.
Si esta tendencia continúa, el sector podría experimentar una caída en el inicio de nuevas obras de vivienda de interés social, situándose por debajo de las 55.000 unidades en 2025, niveles no vistos desde 2010-2011. Este retroceso de más de una década afectaría significativamente la generación de empleo y la dinamización económica, según advirtió Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
Un impacto económico y social sin precedentes tras la reducción del sector vivienda
Los menores ritmos de construcción previstos para 2025 podrían generar la pérdida de hasta 200.000 empleos en el sector, lo cual tendría graves consecuencias económicas y sociales. Los datos más recientes del Dane muestran que, solo en agosto, la construcción lideró la pérdida de empleo en Colombia, con una reducción de 84.000 plazas.
En el sector vivienda específicamente, se perdieron 79.000 empleos, de los cuales el 59%, es decir, 47.000 puestos, correspondieron a obreros, oficiales y operarios, que suelen ser trabajadores con ingresos más bajos.
Este impacto es particularmente grave porque afecta a los hogares de menores ingresos que dependen de la construcción para su sustento. La reducción en el número de proyectos de vivienda social no solo limita el acceso a viviendas grandes para miles de familias, sino que también compromete el empleo de quienes construyen esas viviendas.
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No hay un plan de reactivación del gobierno nacional para el sector vivienda
El presidente de Camacol describió 2023 como «un año para olvidar», destacando la urgencia de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y las nuevas administraciones locales para reactivar el sector de la vivienda y mejorar el acceso a una vivienda digna para los hogares colombianos.
Las cifras de Coordenada Urbana de Camacol subrayan esta necesidad: entre enero y noviembre de 2023, las ventas de vivienda de interés social (VIS) se contrajeron en un 50,9 %, lo que representa una pérdida de inversión en vivienda cercana a los $19 billones. A nivel general, se dejaron de vender 103,000 unidades de vivienda tanto VIS como No VIS, lo que impacta gravemente tanto a las familias que no pudieron acceder a una vivienda como al sector de la construcción en general.
Este desplome en las ventas también se reflejó en una reducción significativa en las iniciaciones de obra. En 2023, el inicio de proyectos de VIS cayó un 30,1 % y el de vivienda No VIS se redujo un 22,6 %, lo que equivale a la pérdida de 49.906 unidades frente al año anterior. Esta disminución en las iniciaciones no solo implica menos metros cuadrados en proceso de construcción, sino que también anticipa una menor demanda de mano de obra para 2024.
A raíz de esta situación crítica, el presidente de Camacol expresó su preocupación ante la falta de un plan de reactivación concreto para el sector. Las dificultades adicionales, como los cambios en el programa Mi Casa Ya, han llevado a que más de 35,000 familias desisten de adquirir una vivienda.
Medidas arancelarias insuficientes para promover la reactivación
Las recientes medidas arancelarias adoptadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo están poniendo en peligro la capacidad del sector de construcción para producir vivienda de interés social en Colombia.
En el último año, se han implementado al menos cuatro aranceles y salvaguardias que aumentan significativamente los costos de materiales esenciales como hierro, acero y aluminio, con impuestos que llegan hasta el 30% sobre estos productos importados. Estas restricciones impactan especialmente en el 88 % de las importaciones de aluminio, el 55 % de las de alambrón y el 31 % de las de barra, lo que encarece los proyectos de construcción.
