Reforma del Sistema General de Participaciones: Acuerdo bajaría el porcentaje de transferencias y amplía plazo de aplicación

Nuevo acuerdo en la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). En lugar de aumentar el porcentaje de ingresos corrientes de la Nación que se transfiere a las regiones al 46,5%, el umbral se estableció en un 39,5%. Este cambio cede en parte frente a las advertencias de expertos en economía y sectores políticos que subrayaron la inviabilidad fiscal de la propuesta original.

El senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, anunció los siete acuerdos alcanzados con el Gobierno para destrabar el debate y asegurar la aprobación de esta reforma. Entre los puntos clave del acuerdo se encuentran la reducción del monto de las transferencias y la ampliación del periodo de transición de 10 a 12 años. 

Además, la implementación de la reforma quedó condicionada a la aprobación de una ley de competencias que deberá ser presentada en un plazo de seis meses. Esta ley permitirá definir claramente las funciones que serán transferidas a las entidades territoriales para evitar un desequilibrio fiscal.

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Cambio en la posición del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda, que había emitido previamente un concepto desfavorable sobre el proyecto, revaluó su postura tras los cambios introducidos en el acuerdo. Inicialmente, la cartera encabezada por el ministro Ricardo Bonilla sugirió un umbral del 37% y alertó sobre el riesgo de que un aumento excesivo de las transferencias generara un déficit fiscal difícil de sostener para el Estado. El viceministro técnico, Diego Guevara, también argumentó que las finanzas del país no soportarían una expansión en las asignaciones sin el respaldo de una ley de competencias.

Pese a las reservas, Hacienda aceptó la viabilidad del proyecto bajo la condición de que se apruebe la ley de competencias. Según el ministerio: “Esta preocupación pretendía evitar que la Nación tuviese que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias”.

En este sentido, el Gobierno y el Congreso acordaron que la ley de competencias establecerá los roles adicionales que asumirán las regiones en áreas como salud y educación, sectores prioritarios de la reforma.

La visión de Gustavo Petro sobre la descentralización

El presidente Gustavo Petro respaldó el acuerdo en términos generales, aunque impuso algunas condiciones. Según Petro, el aumento de las transferencias debe ser gradual y debe contar con el respaldo de una ley de competencias. En su cuenta en X, destacó que esta ley deberá priorizar áreas como la educación preescolar, la jornada única escolar, la educación superior gratuita y la cobertura total del sistema de salud primaria en los municipios. La postura de Petro también aboga por una descentralización que contribuya a cerrar las brechas sociales entre las regiones.

Oposición a la reforma del Sistema General de Participaciones

La reforma ha generado opiniones divididas entre economistas y exministros de Hacienda, quienes expresaron su rechazo en una carta abierta dirigida al Congreso. Los firmantes, entre ellos 27 exministros y figuras destacadas como Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, argumentaron que el aumento de las transferencias pondría en peligro la estabilidad financiera del país. Señalaron que los gastos inflexibles del Presupuesto General de la Nación ya representan el 113% de los ingresos corrientes proyectados para 2025, lo que podría llevar a un incremento insostenible de la deuda pública.

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Desde instituciones como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Corficolombiana y ANIF, también se advierte sobre los riesgos que podría implicar esta reforma. “Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, afectando no solo al gobierno central sino también a entidades subnacionales y al sector privado”, enfatizó ANIF. La sugerencia de estas entidades ha sido una implementación gradual que permita evaluar el impacto de la reforma sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.

Aun con los cambios, la reforma no ha escapado a las críticas y al escepticismo. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, presentará una proposición para reducir el porcentaje de transferencias al 37%, en línea con la propuesta inicial de Hacienda. Lozano subraya que, aunque el nuevo umbral de 39,5% es más conservador que el planteamiento original, aún persisten dudas sobre si esta cifra es suficiente para evitar que el proyecto comprometa la estabilidad fiscal del país.

¿Se logrará el paso hacia la descentralización?

Por otro lado, desde las regiones y sectores descentralistas, la reforma se percibe como un avance hacia la autonomía fiscal y un medio para fortalecer las inversiones en áreas estratégicas como la educación, salud, y servicios básicos. Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la centralización actual es una carga excesiva que frena el desarrollo de los municipios más pequeños. 

En sus palabras, la reforma pretende acabar con el “peregrinaje” de alcaldes que deben gestionar recursos en Bogotá y da paso a una descentralización prometida por la Constitución de 1991. Cristo argumenta que esta reforma marca el inicio de una redistribución del poder y los recursos que permitirá a los municipios y departamentos tener mayor control sobre su desarrollo.