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lunes, 7 de julio de 2025
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“La reforma laboral no resuelve la informalidad en el campo”: Dignidad Agropecuaria enfatiza en que el 82 % del empleo en el campo es informal

Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, advierte que la reforma laboral no soluciona los problemas estructurales del agro y podría generar más conflictos entre pequeños productores y trabajadores rurales.
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En entrevista con Más Colombia, el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, Oscar Gutiérrez, analiza el impacto que tendría la reforma laboral en el trabajo rural. Señala que el agro colombiano está marcado por la informalidad, la falta de seguridad social y una gran diversidad de realidades productivas que la Ley del Gobierno no contempla. 

Gutiérrez advierte que el 82 % del empleo en el campo es informal y que la reforma podría agudizar tensiones entre empleadores y trabajadores si no se acompaña de políticas económicas que permitan sostener las prestaciones sociales.


¿Cuál es el panorama actual del empleo agropecuario frente a la reforma laboral?

El agro colombiano tiene una doble característica: una economía empresarial y otra campesina. En la primera, sectores como el azucarero, bananero, floricultor o palmicultor cuentan con trabajadores sindicalizados, convenciones colectivas y prestaciones sociales. Allí, la reforma laboral solo tendría efectos marginales, como el recargo por trabajar entre las 7 y las 9 p.m. o en domingos, al igual que en cualquier otro sector formal del país.

Sin embargo, la realidad es distinta para los pequeños y medianos productores. Muchos de ellos dependen del tipo de cultivo, de si es permanente o estacional, y de sus ingresos limitados. Contratan trabajadores de manera esporádica para ser recolectores, sembradores, guadañadores, ordeñadores, entre otros. 

Aunque estos trabajadores en su mayoría reciben salarios mínimos o superiores, no tienen pensión, estabilidad ni contrato indefinido. En muchos casos, su acceso a la salud se da únicamente por el Sisbén.

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¿Qué retos debería atender la reforma laboral en este contexto?

El gran reto es la informalidad, que en el campo es cerca del 82%. Este porcentaje refleja que la mayoría de los trabajadores rurales no tiene acceso a salud, pensión, cesantías ni otras garantías laborales básicas. Muchos trabajan por cortos períodos, lo que hace inviable que acumulen semanas suficientes para acceder a una pensión.


Pero esta reforma laboral no resuelve ese problema. Por el contrario, puede generar nuevas tensiones, pues los trabajadores exigirán derechos formales, pero los pequeños productores no tienen cómo financiarlos. 

Sin políticas de apoyo o subsidios, estas disputas terminarán en los juzgados laborales. La reforma está pensada desde una visión homogénea del mercado laboral que ignora la diversidad y complejidad del agro colombiano.

¿Y qué pasa con los trabajadores vinculados a la economía campesina?

Ahí el panorama es aún más complejo. Muchos campesinos intercambian mano de obra entre fincas, contratan por días o se emplean de forma rotativa. Estamos hablando de miles de trabajadores informales, cuya labor depende de cosechas, siembras o beneficios de cultivos como el café.

En estos casos, no hay contratos ni estabilidad. Se trata de un modelo tradicional, profundamente enraizado en el campo colombiano. Y es precisamente este modelo el que más choca con las rigideces que plantea la reforma laboral.

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¿Qué debería contemplar una verdadera reforma laboral para el sector rural?

Primero, entender que el campo no es un bloque uniforme. Hay pequeños productores con una hectárea y otros con diez. Algunos son más solventes, otros apenas sobreviven. Por eso, las prestaciones sociales deben ser vistas como un costo de producción, al igual que el arriendo de la tierra, los fertilizantes o la maquinaria.

Para que esos costos puedan asumirse, el Estado debe intervenir, y establecer precios de sustentación, evitar la competencia desleal de las importaciones por tratados de libre comercio y garantizar ingresos mínimos al productor. Sin eso, no hay manera de que puedan cumplir con las exigencias de formalización laboral.


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¿Cuál es el riesgo de implementar esta reforma sin ajustes específicos para el agro?

Se generará una ficción de formalidad. Se exigirán aportes a pensión que ni empleadores ni trabajadores podrán cubrir. Esto solo enriquecerá a los fondos de pensiones, sin que haya una mejora real. Si un jornalero trabaja solo uno o dos meses al año, jamás va a pensionarse. En cambio, sus cotizaciones quedarán atrapadas en un sistema que no le ofrece retorno.

La reforma laboral, tal como está planteada, desconoce la realidad agraria. No distingue entre grandes empresarios y campesinos con dos hectáreas de tierra. Pretende aplicar el mismo modelo urbano al campo, sin considerar los ciclos productivos, las condiciones de informalidad y la pobreza estructural del sector.

La reforma laboral no puede pensarse en abstracto. En el campo colombiano, la mayoría del empleo es informal, temporal y precario. Sin medidas paralelas que garanticen ingresos dignos a los productores rurales, exigir formalización puede terminar agravando la crisis del empleo agropecuario. Pues si el productor no tiene ingreso, el trabajador no puede tener prestaciones.

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