Reforma pensional: bono de $230.000 para adultos mayores sin recursos asegurados
El bono para la vejez incluido en la Reforma Pensional enfrenta dudas, mientras las centrales obreras convocan marchas contra la Corte Constitucional y el presupuesto 2026 sigue desfinanciado.
La Reforma Pensional promovida por el presidente Gustavo Petro volvió al debate público tras el lanzamiento en Bucaramanga del pilar solidario, una de las banderas del gobierno. Este esquema consiste en ampliar una transferencia mensual para adultos mayores sin pensión, que inicialmente se prometió en $500.000, pero que luego se redujo a $230.000 para alrededor de tres millones de personas.
Hoy, unos 530.000 adultos mayores de 80 años ya reciben ese pago de $230.000. El bono pensional busca ampliar ese beneficio, pero la realidad es que el gobierno no tiene garantizados los recursos para sostenerlo. Se requieren cerca de $4 billones para los seis meses restantes de 2025 y casi $8 billones en 2026, cifras que superan con creces lo recaudado por el Fondo de Solidaridad Pensional, que apenas alcanzaría una cuarta parte del monto necesario.
La diferencia tendría que salir del Presupuesto General de la Nación, lo que abre una gran incógnita sobre su viabilidad.
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De Colombia Mayor al pilar solidario: cambios en el programa
La Reforma Pensional también implica la transición de Colombia Mayor, que actualmente llega a más de 1,6 millones de adultos mayores en situación de pobreza, hacia el nuevo pilar solidario. Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el propósito es ampliar la cobertura hasta 3 millones de beneficiarios con una renta básica de $230.000.
El DPS ya abrió inscripciones para que los adultos mayores sin pensión puedan registrarse en este nuevo esquema. La implementación será gradual y progresiva, priorizando a los mayores de 80 años y a quienes se encuentren en pobreza extrema. Posteriormente, se ampliará a otras franjas de edad.
Aunque en el papel la transición busca unificar y fortalecer la política social para la vejez, en la práctica el programa sigue siendo un subsidio condicionado al recaudo fiscal. El DPS mismo reconoció que la sostenibilidad del pilar solidario dependerá de la disponibilidad presupuestal y de nuevas fuentes de ingresos tributarios.
¿Pensiones o subsidios?
Uno de los elementos más discutidos de la Reforma Pensional es la renta mensual que se promete a los adultos mayores que nunca lograron pensionarse. El gobierno la presenta como una forma de dignificar la vejez, pero en la práctica no puede considerarse una pensión.
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 48 de la Constitución Política, “ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”. Esto significa que las mesadas pensionales, por definición, deben ser equivalentes o superiores al salario mínimo.
El problema es que los beneficios de los pilares solidario y semicontributivo contemplados en la reforma —pagos de $230.000 mensuales, en el mejor de los casos— están muy por debajo de ese umbral. Por lo tanto, no cumplen con los criterios legales para llamarse pensión.
Lo que se está entregando, en rigor, son subsidios o transferencias monetarias condicionadas al presupuesto público, no derechos pensionales consolidados. Esta distinción es clave, porque una pensión es un derecho adquirido que no depende de la disponibilidad fiscal, mientras que los subsidios sí están sujetos a los recursos que el Estado logre recaudar cada año.
El presupuesto, la verdadera traba
El DPS no tiene una asignación específica para este programa en 2025. En el anteproyecto de 2026, sí incluyó $8,5 billones para el pilar solidario y Colombia Mayor, pero su aprobación depende del Congreso y del Ministerio de Hacienda. Además, el propio DPS dejó claro que la renta solidaria solo podrá implementarse “de forma gradual y progresiva”, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestal.
Según análisis de Más Colombia, el presupuesto proyectado para 2026 presenta un hueco de 26 billones de pesos que solo puede cubrirse con una nueva reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda estima que el gasto total se acercará a 540 billones de pesos, mientras que los ingresos disponibles apenas llegarían a 514 billones. Esa diferencia obliga al gobierno a recaudar más, ya sea subiendo impuestos o creando nuevos gravámenes.
El bono pensional como bandera política
En Bucaramanga, Petro presentó el bono pensional como una solución inmediata, generando la percepción de que la Reforma Pensional traerá un alivio. Sin embargo, expertos señalan que los subsidios no dependen de la reforma ni de la Corte Constitucional, sino de la capacidad fiscal del país.
El presidente de Colpensiones en julio, Jaime Dussán, lo resumió con una frase contundente: “no hay plata, sencillamente”. Según Dussán, la vigencia de la Reforma Pensional no es la que impide el pago, sino la falta de recursos en el presupuesto nacional.
La narrativa contra la Corte Constitucional
Las centrales obreras han convocado a un “Plantón Nacional por la Dignidad del Adulto Mayor” para este miércoles 3 de septiembre de 2025, acusando a la Corte Constitucional de frenar la entrada en vigencia de la ley pensional. El lema “¡Ley pensional ya!” busca trasladar la presión a los magistrados, presentándolos como los responsables de que los adultos mayores no reciban de inmediato la renta básica prometida.
Sin embargo, la narrativa oficial omite varios hechos. La Corte ya devolvió la ley a la Cámara de Representantes para ajustes procedimentales, y ahora faltan las revisiones de fondo frente a denuncias sobre posibles vicios de constitucionalidad en el contenido de la reforma. Es decir, el trámite judicial no está cerrado y, en democracia, corresponde al tribunal garantizar que la norma cumpla con los principios de la Constitución.
El verdadero obstáculo no es la Corte, sino el financiamiento. El gobierno podría ampliar subsidios desde ya mediante el presupuesto, pero la falta de recursos lo impide. Culpar al alto tribunal funciona como bandera de movilización, pero no resuelve el déficit estructural que amenaza la sostenibilidad de la Reforma Pensional.
La verdad incómoda detrás de la Reforma Pensional
El objetivo con el que se presentó la Reforma Pensional era ampliar la cobertura para los adultos mayores sin pensión, ofreciendo un ingreso mensual que mejorara su calidad de vida.
Sin embargo, esto se haría a costa de meter a la Seguridad Social un subsidio que depende del Presupuesto General de la Nación, además de una porción del Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, recursos que no están garantizados y que compiten con otras prioridades del Estado.
Por el otro lado, la estructura de pilares asegura que una parte del ahorro individual se mantenga en manos de los fondos privados de pensiones, lo que en la práctica contribuye a desarrollar y sostener este sector financiero, incluso cuando la tendencia era que muchos afiliados se trasladaran hacia Colpensiones para lograr mejores mesadas.
Incluso si el Congreso aprobara el presupuesto para 2026, ese plan ya nace desfinanciado en $26 billones, que se espera cubrir con una nueva reforma tributaria.
Algo similar ocurrió el año pasado: la reforma tributaria presentada por el gobierno no pasó y, ante el hueco fiscal, el Ejecutivo terminó decretando el presupuesto. En esta ocasión el ambiente político es aún más adverso, lo que deja serias dudas acerca de la financiación real del proyecto.
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